El desafío es fortalecer las instituciones

Punto de vista por Darío Abdala - Abogados Y Abogadas del NOA en Der. Humanos y Estudios Sociales .
Los desafíos en torno al Poder Judicial no se agotan en el principio de división de poderes como un capricho filosófico o jurídico. Estamos hablando del funcionamiento mismo del Estado, en el que tienen que converger un avance equilibrado de las funciones para dar respuesta a las necesidades de la comunidad; regular la convivencia pacífica de los habitantes del país y asegurar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los argentinos. Hablamos de la importancia que le damos al último reducto donde hacer valer nuestros derechos. El cómo hacerlo es un tema de suma importancia, y ella debe dársele.

La urgencia no debe ser el fundamento ni el justificativo de la improvisación o de los atajos institucionales. Difícilmente una medida tomada sin las debidas merituación y reflexión trae aparejados buenos resultados; menos cuando hablamos de decisiones que definen nuestro estilo de vida como Estado democrático.

El escenario local está signada por una posreforma constitucional compleja y convulsionada, en el que las pretensiones del Gobierno fueron contrapesadas por la fuerte movilización y participación de la sociedad civil, con el Colegio de Abogados a la cabeza.

En ese contexto surge la Ley de Subrogancias (la 8.136, la ley del dedo). En sus fundamentos, el Gobierno señala que no estamos frente a un procedimiento que auxilie o complemente el mecanismo de selección de fondo. Lo establecido va contra el mandato constitucional dado por los convencionales hace dos años, cuando definieron que para elegir jueces se debían tener en cuenta concursos de antecedentes y de oposición, con la instancia de la participación ciudadana.

Lejos de ello, la nueva ley fue más allá del antecedente previo a la reforma constitucional, al eliminar la instancia de análisis y las entrevistas personales de los candidatos por parte de la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura. Una condición básica para el desempeño de la función pública, la idoneidad en todos sus artistas, ha sido directamente desechada como requisito; el postulado sólo depende de la voluntad del Príncipe.

Frente a esta serie de atropellos y a 25 años de la vuelta a la democracia, como sociedad nos debemos una discusión profunda sobre qué Justicia necesitamos para consolidar nuestra institucionalidad democrática y lograr la vigencia de los derechos que nos asisten a cada uno.

Por lo tanto, no nos limitamos a señalar irregularidades sino que acercamos a los representantes del pueblo propuestas serias y conducentes de cómo debe ser un mecanismo de selección de jueces: con transparencia; la debida publicidad; el respeto por la igualdad en el ingreso; sin discriminación; con la debida valoración de la idoneidad; con una integración plural y equilibrada del órgano seleccionador; con la debida nominalidad de las decisiones y su fundamentación. La ausencia de estos principios impide que cualquier procedimiento respete los preceptos democráticos básicos y elementales.

El gran desafío de nuestro tiempo es el fortalecimiento institucional y la adecuación de nuestras instituciones a los mandatos democráticos. Todo otro rumbo que tomemos es un desvío que nos llevará irremediablemente al fracaso y a seguir caminando por un rumbo incierto durante años, por el cual deberemos enfrentar un alto precio que no estamos en condiciones de pagar.

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