El desafío de bajar el empleo en negro

El período de elevado crecimiento derivó en una fuerte caída del desempleo, pero mantuvo en un elevado nivel la informalidad. El sector privado apela al empleo en negro para incrementar ganancias o para sobrevivir. En diferentes niveles del Estado también se instrumentan formas de precarización laboral.
"Un fenómeno político"

Por Mariano Feliz *

El mercado de trabajo no opera aislado de la modalidad de producción social dominante. Una economía capitalista periférica, dependiente y regionalmente subordinada, como la Argentina, conforma un mercado laboral precarizado. Así, la búsqueda de competitividad se centra en la superexplotación de los trabajadores y trabajadoras. Esto se manifiesta en modalidades de precarización del empleo que permiten bajar costos (laborales) de producción gracias a la flexibilización del trabajo, a la extensión de las jornadas laborales y a la eliminación de beneficios sociales por medio de formas precarias de contratación. Esas formas –que debilitan la posición de los trabajadores– permiten explicar que la mayoría de las familias trabajadoras tenga ingresos menores a la canasta familiar. Este mecanismo –como medio primordial para competir y sobrevivir– es utilizado por las pymes, perjudicadas por la política de competitividad a cualquier costo. En ellas el trabajo "en negro" (la forma más evidente de la precarización, pero no la única) supera el 68 por ciento de los empleados.

También las grandes empresas hacen uso de la precarización laboral, pero como forma de obtener ganancias extra. Muchas veces emplean trabajadores "en negro", pero también contratan trabajadores de manera precaria a través de empresas tercerizadas, falsas cooperativas o subcontratistas. Estas últimas aparecen como trabajando "para" las grandes firmas, cuando en realidad son formas de ocultar una relación de subordinación real. Esto queda claro cuando se aprecia que en general esas subcontratistas sólo "trabajan" para una gran empresa, realizando tareas que antes hacían trabajadores de planta de la misma (limpieza, mantenimiento). Más del 18 por ciento de los asalariados en grandes empresas está "en negro", situación que persiste aun cuando sus niveles de rentabilidad son los más altos en dos décadas.

Los trabajadores precarizados no sólo trabajan en pobres condiciones sino que son los más golpeados en la crisis. Están primeros en la fila para ser despedidos o suspendidos, cuando las empresas deciden bajar salarios o cuando se rescinden los contratos con las empresas tercerizadas. Además, los programas estatales anticrisis (como el Repro) no los toman en cuenta.

De lo dicho pareciera que la precarización del empleo es un fenómeno "económico". Sin embargo, es un fenómeno profundamente político. El propio Estado actúa como principal promotor de la precarización, reproduciéndola en todos sus niveles. En lugar de "empezar por casa", el Ministerio de Trabajo tiene numerosos trabajadores precarizados en cooperativas de limpieza o asalariados contratados bajo la forma de contratos de "Locación de Obra", que ocultan una relación laboral permanente. El propio Conicet (en el que muchos estudian las relaciones laborales y condiciones de trabajo) contrata personal bajo la modalidad de "planta temporaria" para realizar tareas de carácter permanente, o "becarios" a los cuales no se reconoce como empleados, violentando el derecho laboral. A nivel provincial, como en Buenos Aires, la precarización está extendida en todo el Estado bajo la forma de becas, contratos y otras modalidades que no reconocen la relación de dependencia de hecho existente. Los municipios en todo el país usan contratos que se renuevan cada tres meses o "cooperativas de trabajo" para la realización de tareas permanentes del gobierno local (como el cuidado de plazas). En La Plata, cerca del 80 por ciento de los trabajadores del municipio está precarizado. La propia Justicia usa y abusa de las figuras del "meritorio", haciendo letra muerta de los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cerca del 12 por ciento de los trabajadores en todos los niveles del Estado en el conjunto del país es contratado como pasante, becario, a prueba o formas similares; en el sector privado llegan a 16 por ciento.

De esta manera, la combinación de una modalidad de capitalismo periférico con un Estado que por acción u omisión multiplica la precarización laboral nos enfrenta a una disyuntiva: quedarse en el discurso de la lucha contra la precarización (como la campaña publicitaria estatal de Don Carlos) o avanzar contra la precarización laboral en el Estado y atacar simultáneamente las fuentes estructurales de la misma: una inserción internacional capitalista periférica y dependiente.

* Investigador del Conicet. Profesor de la UNLP. Miembro del Centro

de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com Web: marianfeliz.wordpress.com

"Limitación estructural"

Por Daniel Kostzer *

Como dice el interesante texto de Robert Prasch: "¿Por qué son distintos el mercado de trabajo y el del brócoli?", el mercado laboral trasciende las interpretaciones obvias de la sabiduría convencional. Así es que muchas de las interpretaciones habituales, que en general esgrimen economistas con mucha llegada a los medios, no tienen nada que ver con lo que realmente sucede.

La recuperación de la economía del último lustro mostró algunas cosas de manera clara: no es lo mismo el crecimiento liderado por la producción de bienes que aquel encabezado por la producción de servicios, mayoritariamente personales. El primero es mucho más inclusivo en términos de calificaciones, mientras que el segundo siempre toma por arriba, margina del peor modo, no sólo a los de menores calificaciones relativas sino también por factores personales, dignos de ser denunciados por discriminatorios. Así fue que la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo que se generaron entre 2003 y la actualidad, basados en la recuperación en la participación de la producción de bienes en el PBI, fueron declarados ante la seguridad social. Comparativamente, la recuperación de 1996, supuesto año de seguridad jurídica, fue todo lo opuesto. Seguridad jurídica para el capital, para el trabajo con desprotección. ¿Cómo se explica? Básicamente porque las empresas productoras de bienes tienen una mayor visibilidad y por lo tanto, es más difícil que puedan esconder en su interior trabajadores no declarados. Las de servicios pueden ser grandes empleadoras, pero como pueden estar en cualquier lado o dispersos, tienen mayor facilidad para ocultar el proceso productivo.

Asimismo, para vincularlo con el patrón de crecimiento, la mayor competitividad que las empresas tienen por el nuevo contexto de tipo de cambio competitivo y diferencial (retenciones mediante) hace que éstas recuperen márgenes de ganancia. De esta forma declaran más ventas, más ganancias y más trabajadores. No puede haber trabajadores no registrados si no hay dinero negro dando vueltas para pagarles. En realidad, el trabajo no registrado se origina no en los costos laborales sino en la subdeclaración de ventas. Si se declaran todas las ventas y no se declaran todos los trabajadores, se pierde plata, ya que la tasa de ganancias (sin incluir Ingresos brutos o IVA) es mayor a la alícuota de las contribuciones patronales al trabajo. Hoy, la evasión no es la fuente de ganancia sino que lo es la actividad económica habitual. Por ello se recuperó, incluso sin crédito bancario a la producción, solo con el flujo de caja habitual de las empresas.

No obstante, el número de trabajadores no registrados sigue siendo muy alto. Por un lado, porque se arrastran elevados niveles de trabajo no declarado en muchos sectores –rurales, servicios personales y de proximidad, servicio doméstico, etc.—, pero además porque la economía argentina presenta aún una incapacidad estructural para crear suficientes puestos de trabajo de calidad, conforme lo que se necesita.

Para superar las limitaciones estructurales es necesaria la intervención activa del Estado en las más diversas facetas. Por un lado, el ejercicio del poder de policía, que se vino recuperando, de manera efectiva e integrada con los sindicatos y las cámaras empresariales. La otra forma es incrementando las posibilidades de los trabajadores para poder optar por mejores trabajos y no verse forzados a tomar sólo el que les ofrecen sin protección. Este es el caso de un gran número de mujeres en edades intermedias, con hijos, que no pueden dejar sus hogares y familia por las 8 o 10 horas –si incluimos el viaje– para poder acceder a un puesto de trabajo de mayor remuneración. El denominado "costo de oportunidad" de las mujeres más pobres es muy elevado, ya que tienen que garantizar quién cuida los niños y quién realiza las tareas del hogar. Ante la imposibilidad de solucionar esto, deben apelar a trabajos cerca de sus hogares, con cierta flexibilidad en horarios –o concurrir al trabajo con niños—, que en general son por menos horas y con menores remuneraciones, muchas veces en el hogar de una vecina en situación similar a la de ella. Para esto es fundamental garantizar una estructura de centros de cuidado infantil universal gratuita que cubra toda la geografía nacional. Estos centros, entre los beneficios más obvios de mejoras en el crecimiento de los menores, permitirán a las mujeres más vulnerables escoger trabajos mejor remunerados. No habría trabajadores pobres si no existiesen puestos mal remunerados.

* Docente FCE-UBA.

Comentá la nota