Desafectarán lotes sociales en Iguazú por ventas irregulares

Puerto Iguazú. En medio de opiniones cruzadas, el Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó una Ordenanza para desafectar lotes sociales en donde no estén instalados los adjudicatarios originales de la mesa de diálogo del 2004 por las 2000 hectáreas.
"Numerosos lotes fueron adjudicados por distintas ordenanzas a familias carenciadas a precios simbólicos con el fin de que tuvieran un lugar definitivo donde asentarse, según se pactó en la Mesa de Diálogo de la Zona Urbana de las 2000 hectáreas, a pesar de ello muchos de los lotes fueron transferidos a otras personas, pasando a formar parte de un circuito inmobiliario ilegal, que a pesar de haberse dado intervención a la Justicia no ha podido ser detenido", explica la ordenanza.

"Se le otorga a alguien que vende a otro es cómplice, no compra de buena fe, entonces esta pasando de una situación de intrusión a otra ilegal. Entonces lo mínimo que podemos hacer es venderlo a precio de mercado y que pague a la municipalidad lo que corresponde así como tuvo plata para comprar el terreno", señaló el Concejal Horacio Spallazani.

En cambio, el edil Jorge Jara defendió a los ocupantes y sostuvo que, "yo no creo que se trate de grandes construcciones, la gente de esos barrios es muy humilde". El proyecto -presentado por la Dirección de Tierras de la municipalidad- generó un encendido debate entre los concejales debido a los valores que deberían tasarse para regularizar la tenencia de los lotes a las personas que los compraron a terceros.

La Ordenanza aprobada establece que los precios a abonar por los adquirentes, incluídos los que ya se encuentran en posesión de los ex lotes sociales, será de 15 mil pesos para los ubicados en el barrio 1 de Mayo y de 20 mil pesos para los restantes barrios.

Estos pagos podrán abonarse de contado o hasta en 60 cuotas, indica el texto.

"Que no son familias carenciadas se comprueba a simple vista. A esta fecha los lotes sociales están siendo utilizados por terceros y están en condiciones de pagar", aseguró Mariela Gallardo, la presidenta del deliberativo.

Asimismo, la norma ordena al Ejecutivo a realizar un censo a través de la Dirección de Tierras, Viviendas e Inversiones, de los lotes adjudicados por diversas Ordenanzas a fin de determinar si los adjudicatarios permanecen en los predios o fueron transferidos a terceras personas.

También se establece rescindir todos los contratos de compra y venta de lotes que no permanezcan en poder de sus titulares, los suscriptores originales.

El director de tierras de la Municipalidad, Germán Montalvo, aclaró que "no significa que se termine con la adjudicación de lotes sociales sino un freno a la compra y venta ilegal".

La actividad era denominada como "la inmobiliaria de los pobres", en donde los intrusos vendían terrenos municipales adjudicados, aunque otros no, a precios menores del mercado.

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