Desacuerdos por la edad de imputabilidad

Un nuevo delito en Buenos Aires y un acto partidario reavivaron un debate que desde hace un tiempo genera polémica: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La discusión gira en torno del interrogante sobre hasta qué punto frenar la delincuencia juvenil depende sólo de cambiar la edad a partir de la cual se puede juzgar a un chico.
Si bien la definición debe gestarse en la Nación, el tema está instalado en todo el país, y en Mendoza mucho se ha dicho al respecto.

El gobernador, Celso Jaque (ver aparte), ya se ha pronunciado en diferentes oportunidades a favor de la reducción de la edad, coincidiendo ahora con el criterio de Néstor Kirchner. El ex presidente aprovechó días atrás un discurso pronunciado en la localidad bonaerense de San Miguel para reclamar al Congreso que se ponga a discutir la Ley Penal del Menor.

Impulsa bajar la punibilidad de adolescentes acusados de delitos graves, aunque sin entrar en mayores detalles sobre su aplicación.

Aquí en Mendoza, aunque prima el criterio de la prevención, como en el orden nacional hay posiciones disímiles, a juzgar por las opiniones recogidas tanto en los sectores políticos como en ámbitos judiciales o en organismos relacionados con la minoridad.

Jueces ponen distancia

Al igual que muchos de sus colegas provinciales, María Amanda Fontemachi, jueza del Tercer Juzgado Penal de Menores de la Provincia, no se muestra proclive a bajar la imputabilidad. En ese sentido, sostuvo que "reducir la edad no contribuirá a mejorar la seguridad" y resaltó, en cambio, que "hay que trabajar en la inclusión social, la educación, la salud mental y erradicar el uso de la droga".

Señaló que "por lo pronto, existe un régimen especial que responsabiliza a los menores de 16 y 17 años". Y explicó que de esta manera los más jóvenes "pueden ser condenados después de un juicio de responsabilidad, con la mitad de pena que los adultos. O bien, si se arrepintió y lleva una vida honesta, puede quedar absuelto".

En la actualidad, por la ley vigente, la jueza explicó que "todos los delitos que cometen los niños son investigados, aunque no se los juzga ya que decide sobre su situación el órgano de protección de sus derechos, la Dinaf. Y los hechos que atañen a los mayores de 16 años son juzgados por el juez o el Tribunal Penal de Menores. En pocas palabras, de una u otra forma, no hay impunidad".

Legisladores divididos

Por su parte, los legisladores en Mendoza muestran diferencias en su criterio sobre el proyecto. Así, el demócrata Carlos Aguinaga no vacila al afirmar que reducir la edad no es la solución del problema. Aclaró que lo que plantea Kirchner, si bien baja la edad de imputabilidad, tiene en cuenta un régimen especial para los menores que delinquen. "Pero de todos modos no vemos que con ello se logre revertir la situación", dijo.

Señaló que, desde su punto de vista, hay que enfocar el problema desde una perspectiva amplia y desde ahí aplicar políticas coherentes, como no soslayar una estrategia de contención de los menores, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población.

Por su parte, el justicialista disidente Daniel Cassia está de acuerdo con la necesidad de reducir la edad. "Por nuestra parte hemos pregonado, desde que empezamos a desempeñarnos en la función pública, la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, pero acompañado de un régimen penal especial, en el que se tengan en cuenta las circunstancias sociales que rodean cada caso. Y siempre bajo una premisa: nadie debe quedar sin sanción".

Luis Petri, legislador de Confe, no deshecha la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Pero prefiere centrarse más en "la necesidad de que el juez establezca, en cada caso en particular, el grado de comprensión, de responsabilidad que tenga un menor desde los 14 años sobre el delito cometido, mediante las pericias que sean necesarias".

A partir de estas consideraciones, Petri también apoya la necesidad de un Código especial, "adecuado a las circunstancias específicas del delito cometido por los menores".

Las prioridades de la Dinaf

David Funes, titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), sostuvo que "no hay solución si sólo nos atenemos al debate de la edad para la imputabilidad. Así no vamos a resolver el problema".

Destacó en cambio que lo esencial reside en "proteger y acompañar a los niños. Y en esto no me refiero exclusivamente al rol que debe cumplir el Estado solamente. Es la sociedad en su conjunto la que debe compartir esa responsabilidad. Y el seno de la familia es el punto de partida para una educación adecuada que impida desvíos posteriores".

Resaltó Funes que dejar en manos del Estado a una persona cuando ya es adolescente, "implica poner en sus manos un problema en forma tardía y, por ende, de difícil solución".

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