Se derrumba una causa por la venta de datos de la Anses

Después de casi cuatro años de investigación y cuando sólo restaba hacer el juicio oral, la Justicia anuló, por defectos procesales, una causa en la que un gerente de la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) y un empresario de Córdoba estaban procesados por el tráfico de una base de datos, con información sensible sobre 12 millones de personas. El expediente quedó al borde de su cierre definitivo.

La resolución, del juez federal Norberto Oyarbide, anuló los procesamientos de Manuel Prieto, ex gerente de Control de la Anses, y de Diego Pizarro, dueño de P&P Datos, que habían sido dictados por el juez Julián Ercolini, en abril de 2007. También quedaron anulados el fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos, el requerimiento y el auto de elevación de la causa a juicio y la citación a juicio.

En su fallo, Oyarbide sostuvo que la violación de secretos prevista en el artículo 157 bis del Código Penal, de la que estaban acusados Prieto y Pizarro, es un delito de acción privada y no pública. Esto quiere decir que el impulso de la causa (el inicio de la investigación, el pedido de medidas de prueba y la solicitud de elevación a juicio) no debió haber estado a cargo de un fiscal, sino de la persona o institución damnificada; en este caso, la Anses.

Como el fiscal Carlos Rívolo no apeló, la resolución de Oyarbide quedó firme y la causa regresó al juzgado de Ercolini. Pero aunque el magistrado tenga la voluntad de rehacer la investigación ?con el impulso de la Anses como querellante?, sus posibilidades de éxito son escasas: como la pena máxima del delito es de dos años de cárcel, a simple vista, la causa estaría prescripta.

La decisión de Oyarbide, el magistrado que iba a llevar adelante el juicio correccional, se funda en una cuestión procesal. El artículo 73 del Código Penal, modificado por última vez en 1995, estipula que la violación de secretos es un delito de acción privada, salvo en los casos de los artículos 154 y 157, referidos a cuestiones de interés público. En esa excepción no está incluido el artículo 157 bis del Código, introducido en 2000, con la sanción de la ley de protección de datos personales. Aunque ése parece ser el caso del acceso ilegal a una base de datos personales, la omisión no fue enmendada en junio de este año, cuando se modificó el contenido del artículo 157 bis para tipificar los delitos informáticos.

Excepciones

Con esos argumentos, Oyarbide hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa de Pizarro y anuló todas las resoluciones contra el empresario. Hizo extensiva la medida a Prieto, que también estaba procesado, por el delito de violación de deberes de funcionario público.

Parece ser el fin de una causa que comenzó a principios de 2005, con una denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, a partir de una presentación previa de la Anses, que entonces conducía el actual jefe de Gabinete, Sergio Massa.

En un año y medio de investigación, Ercolini corroboró que, entre el 6 y el 12 de octubre de 2004, Prieto había "entregado, traspasado o copiado" en forma ilegal una base de datos de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes de empleo. P&P, la empresa que se sospecha que recibió la información, se dedica a la evaluación de riesgo crediticio y podía usar los datos para evaluar a los empadronados.

La operación quedó en evidencia cuando por intermedio de una de sus secretarias Prieto pidió a Lautaro Palamidessi, por entonces empleado del área de Coordinación Informática, que le explicara al empresario cordobés cómo se operaba la base que tanto había reclamado. En un intercambio de e-mails con la secretaria de Prieto, el empleado descubrió que varias indicaciones que le habían pedido los días previos habían sido reenviadas a personal de P&P, que daba a entender que tenía la base en su poder.

Dos jueces en pugna

Julián Ercolini

Investigó durante más de un año la venta de una base de datos de la Anses con información sobre 12 millones de personas.

Procesó a un funcionario y a un empresario que hacían negocios con esos datos.

Norberto Oyarbide

Suspendió el juicio correccional por considerar que la causa debió ser impulsada por un damnificado y no por un fiscal.

Al decidir que se reanude la investigación, la causa queda al borde

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