La derivación política de una falla técnica y su confirmación oficial

La derivación política de una falla técnica y su confirmación oficial

El reconocimiento del fiscal Gabriel Lopazzo sobre la existencia de falencias técnicas en el sistema de grabación de las cámaras de seguridad de Tres Arroyos, generó una crisis en la política local, pero no motivó cambios en la investigación por la que, únicamente, se encuentran procesados dos policías acusados de liberar zonas para robar y un sujeto con antecedentes penales procedente de Mar del Plata que integraría esa banda.

Sin embargo, la desafectación de la ex cúpula de policía por parte de Asuntos Internos y el contrapunto que se generó tras lo que terminó siendo una desmentida del fiscal a una afirmación errónea del secretario de Seguridad, Ricardo Magrath, quien señaló en una conferencia de prensa que las cámaras funcionaban sin problemas; generó sospechas de la opinión pública sobre personas que, hasta el momento, no están acusadas de delito alguno.

Así, a pesar de la claridad con la que se expresó el representante del Ministerio Público ante La Voz del Pueblo, no faltaron quienes extendieron de manera equivocada y subjetiva la imputación del proceso judicial por "robo calificado" que se le sigue al detenido oficial Walter Galván y su compañera excarcelada Rocío Toro, sobre los comisarios que comandaban a las fuerzas de seguridad hasta hace unos días y dos subalternos; quienes no obstante de la dura medida tomada por la Auditoría General de Asuntos Internos, todavía tendrían chances de volver a sus cargos cuando todo se aclare.

El uniforme y la indignación que generan las sospechas que caen sobre sus usuarios hicieron que un conocido malestar vuelva a reinar entre los tresarroyenses, quienes ya vivieron experiencias parecidas en el pasado.

 

Un nuevo frente

A la gravedad institucional que supone la existencia de dos policías acusados de "robo calificado" y una cúpula removida, se sumó el cuestionado funcionamiento de las cámaras de seguridad y su nulo aporte a la escandalosa causa.

Paradójicamente, ese problema nace del mismo seno de la política. Porque cuando este diario hace un adelanto en su edición del 21 de agosto de lo que podía pasar con los jefes policiales a raíz de la investigación de las zonas liberadas, también ventila las quejas sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad que, por lo bajo, hacían en aquellos días distintos investigadores judiciales que trabajaban en el caso, pero no querían exponerse a la mediatización de los hechos.

El lunes siguiente, Ricardo Magrath, en su carácter de secretario de Seguridad, ensayó una respuesta a la nota de La Voz del Pueblo, cuando convocó a una conferencia de prensa para "aclarar" el contenido de esa información periodística y mostrarle a todos los medios tresarroyenses que las cámaras funcionaban "al cien por ciento, pero algo podía fallar". Era obvio que la máxima autoridad política en materia de seguridad se resistía a la realidad pero con reparos.

El miércoles pasado, el fiscal Gabriel Lopazzo lo dijo de manera oficial: "No hay aportes de las cámaras de seguridad municipales en los robos por los que se investiga a los dos policías procesados". Una aclaración que no hubiera sido necesaria si la conferencia ilustrativa de la semana anterior no se hacía.

Ya sea como el fruto de una falta parcial a la verdad o un error de interpretación, este ida y vuelta de la información tuvo un efecto "bola de nieve" en lo que, simplemente, debería haberse tomado como "un error técnico" en el aporte de una prueba para la investigación de un caso grave, pero nada más que eso.

Sin embargo, en el día de la publicación de la nota con Lopazzo, no se salvó nadie. Por la mañana, en una FM local, Magrath acusó al diario de "querer vender dos diarios más" con la difusión de esa entrevista y, por la tarde, en LU24, señaló que el fiscal había hecho declaraciones "desafortunadas", en esto último, también coincidió un concejal de su bloque partidario.

Está claro que el caso es grave, pero según el representante del Ministerio Público, las pruebas de imagen que necesita, afortunadamente, las tendría gracias al aporte de monitoreos privados. No era necesario subirse a este debate político que, a la larga, terminó exponiendo una cuota de soberbia política típica de otro gobierno y, además, sembró más dudas que certezas entre los tresarroyenses.

 

No hay más sospechosos

Por el momento, los sospechosos procesados en el caso de las zonas supuestamente liberadas para robar son tres. Tal como fue informado, la ex cúpula policial y otros dos oficiales están desafectados de manera preventiva.

Que las cámaras de seguridad municipales no hayan grabado por un problema técnico, es llamativo y preocupante, pero no configura un delito. Si, una falla que debe ser reparada y rápido. Porque, por ejemplo, mientras que no hay registro grabado de los movimientos sospechosos de policías delincuentes en la vía pública, muchos tresarroyenses reciben a diario fotomultas formuladas con el mismo sistema que, cuando debió ser útil para combatir la inseguridad, no lo hizo.

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