Derechos del usuario, tarifas y legislación

Hace un tiempo Juan Roberto Rozzolino, letrado de San Antonio de Areco, habló de las responsabilidades y derechos de las concesionarias de las Rutas Nacionales.
El profesional mencionó que “El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es el encargado de ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de los casi diez mil kilómetros de rutas nacionales concesionadas del país, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado que cuando procedió a concesionar las rutas nacionales, cedió a aquellos”.

Surge así una cuestión importante: el usuario, frente al incumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos de concesión por parte del concesionario vial y los excesos en las tarifas, puede no abonar el peaje ya que este significa un contrato con la empresa adjudicataria, que como tal se rige por los instrumentos señalados y, en forma supletoria, por las leyes vigentes ya que los contratos de concesión vial no prevén todas la situaciones jurídicas que pueden presentarse entre la empresa y el Estado como poder concedente, los terceros y los usuarios.

Para suplir ese vacío, se puede aplicar el Código Civil que en su parte pertinente y relacionado a los contratos en general como usuarios, si la empresa concesionaria del corredor vial no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional, podemos no abonar el peaje en función de dicho incumplimiento.

El artículo 1.201 del citado cuerpo legal, expresa que: “En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo…”, expresado en otras palabras,” no cumplo si tu no cumples”.

A esas cuestiones ahora hay que agregar los nuevos puestos de peaje y las tarifas desproporcionadas para producir un estado de conmoción en los usuarios con reacciones que van desde protestas populares hasta la intervención de los organismos de Gobierno.

En la 17ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de San Antonio de Arecio se presentó un Proyecto de Resolución para promover un frente común entre las Municipalidades entre Pilar y Colón, cuyos vecinos son los más afectados.

La referida Resolución cita en sus considerandos la instalación del Peaje Larena, cuyo costo de $ 4,50, es superior hasta en un 600% superior a la que se percibe en otros peajes por kilómetro recorrido, la carencia de mejoras en el tramo cuestionado en su articulado y resuelve que se solicite al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la adecuación, reformulando o limitando la Resolución 874/2004 mediante la forma que considere más conveniente.

Además, el tenor de la Resolución será comunicado para que tomen cartas en el asunto a la Intendenta de San Antonio de Areco, al Órgano de Concesiones viales –OCCOVI- , al defensor del Pueblo de la Nación y a los restantes Intendentes y Concejos Deiberantes de los partidos del corredor, es decir Pilar, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Capitán sarmiento, Arrecifes, Pergamino y Colón.

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