Derecho torcido

Si hay algo torcido en la ciudad es la defensa de los derechos humanos. El juez Castellanos elige a quién detener por la Noche de las Corbatas, a la vez que los Juicios por la Verdad se desvirtúan de su cauce original con vicios de procedimiento insalvables. A alguien debe servirle que cada vez se sepa menos.
El Juicio por la Verdad en Mar del Plata tiene una doble particularidad. La primera es que, contrariando lo que establece el acuerdo Aguiar de Lapacó con el Estado Argentino, firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se celebra ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal del lugar donde ocurrieron las desapariciones, sino ante una instancia inferior, el Tribunal Oral Federal Criminal.

La razón es un acuerdo previo entre algunas organizaciones de derechos humanos fuertemente influenciadas por el Partido Comunista, ex miembros de Montoneros y dos de los integrantes del tribunal, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, que fueron designados por el menemismo en 1993. De aquí derivó un enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones -cuya competencia era clara- y así lo declararon los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, que requirieron a los jueces del TOF la referida causa.

A la vez, un grupo de letrados locales vinculados a los organismos de derechos humanos sugirieron a la Cámara de Apelaciones la formación de “un tribunal especial” de cinco jueces especialmente para este juicio: los tres miembros del Tribunal Oral Criminal Federal -Portela, Falcone y Parra- más dos de la Cámara Federal de Apelaciones, Ferro y Tazza. Proponían formar una comisión de juzgamiento, que hubiera violentado el principio del juez natural. Encima, la presentación se firmaba a nombre del Colegio de Abogados, por sus autoridades de entonces, Rodolfo Díaz y Mariano Begue.

La irregularidad resultó advertida por el entonces fiscal Marcelo García Berro, quien confirmó la competencia de la Cámara Federal, y propuso delegar la instrucción al Tribunal Oral. Pero la resolución no la firmó Tazza: firmó el entonces el juez de primera instancia Daniel Vázquez, hoy abogado de los jueces Portela y Falcone.

A partir de ello, encontrar en el juicio atisbos de imparcialidad y respeto a las garantías individuales, como el derecho a la defensa y contralor de la prueba, resultaría una utopía. Todo el procedimiento estuvo motivado por venganzas personales o fines extraños al ejercicio jurisdiccional, sin descartar que los magistrados intervinientes se convirtieron en parte misma del proceso que decían atender como jueces. Fueron propaladores de sus hazañas tribunalicias, no permitieron que hubiera contraparte y resultaron encubridores de sus propios pasados vinculados a la “justicia penal del proceso”.

Yo no fui

La segunda particularidad de este proceso es que es llevada a cabo por la necesidad de los jueces de asegurar su propia desvinculación de las investigaciones sobre la dictadura, en favor de terroristas de Estado o de la Triple A. Falcone oculta su defensa de un ex integrante de las Tres A -ver Horacio Verbitsky, «El Periodista» nº 70, enero de 1986-, un terrorista de Estado del grupo de Aníbal Gordon y Raúl Guglielminetti, que participó del Operativo Cóndor y estuvo involucrado en el asesinato del general chileno Carlos Prats en 1984. Según dichos de un camarista local nombrado en este artículo, sus abultados honorarios fueron abonados por el mismísimo Guglielminetti cuando Falcone logró la libertad del criminal que actuaba bajo el alias de Mayor Santa María: su nombre verdadero era Juan Martín Ciga Correa. Antes de quedar detenido por la policía, visitó el domicilio del integrante del CNU Eduardo Ullúa. Roberto Falcone fue recomendado como su abogado defensor, según surge de la causa.

Por su parte, Mario Portela -esposo de María Zulema Rodríguez, jefa de seguridad de la cuestionada gestión de José Catuogno al frente de la Universidad Nacional de Mar del Plata- fue ascendido a secretario de la Cámara Penal de Mar del Plata en plena dictadura, el 5 de julio de 1978. En 1979 intervino en la liberación de policías torturadores de la Seccional Cuarta de Policía, dispuesta por la Cámara integrada por los jueces de la dictadura Eduardo Dartiguelongue, Carlos Vallejo y Alberto Radziunas. El defensor de los torturadores, integrantes de la policía de Ramón Camps, era el suegro de Portela, Juan Carlos Rodríguez. La víctima había sido el doctor Francisco Vásquez, quien fue torturado durante varios días. El victimario, Marcelino Blaustein.

Mutis oportuno

El primero de estos camaristas, Eduardo Dartiguelongue, reconoció que durante 1976 -después de haber asumido como jueces del proceso- concurrieron a una comida en la Unidad Regional Cuarta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, convocada por Ramón Camps, y que allí recibieron instrucciones de su anfitrión: "la Justicia debe acompañar a la policía en sus decisiones". También reconoció que ni él ni Carlos Vallejo cuestionaron la detención ilegal que sufría la hija de este último en la Cuarta, por no resultar “oportuno".

Pero si algo faltaba para completar esta madeja de odios, venganzas y encubrimientos propios y ajenos, sucedió en los últimos días. Alejandro Castellanos detuvo e indagó al ex socio y posible acreedor de Portela, Eduardo Cincotta, quien fuera militante del MID, y no de la CNU, filiación de la que lo acusara expresamente el único secuestrado-liberado (¿?) en la trágica “Noche de las Corbatas”, el extraño Carlos Bozzi. Por los mismos hechos, reclamó el llamado a indagatoria del ex integrante de la CNU Eduardo Ullúa.

Ullúa no se presentó. Cuando el fiscal Adrián Perés reclamó la captura ante Alejandro Castellanos, el magistrado resolvió dejar sin efecto la orden de detención aunque los hechos fueran los mismos que sí causaron la cárcel a Cincotta.

¿Por qué Castellanos mantiene a Cincotta detenido, y levanta dicha orden respecto del miembro de la CNU, Eduardo Ullúa? Una hipótesis ubica, una vez más, a los todavía jueces del Tribunal Oral Federal Mario Portela y Roberto Atilio Falcone en el centro de la escena. Ambos habrían actuado intramuros junto a las organizaciones locales de derechos humanos para evitar que las inminentes declaraciones de Ullúa provocaran una exposición de su relación con los jueces.

Frente a este panorama de intrigas, verdades ocultas y mentiras reveladas destaca por su compromiso con la verdad la abogada Gloria León, quien apeló con un denso texto jurídico la revocatoria de Alejandro Castellanos, y pidió la citación a indagatoria de Ullúa, además de la orden de captura requerida por el fiscal Perés. De su atenta lectura surge la profundización de la fractura que se ha producido en las organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata a partir de las revelaciones del diario El Atlántico, en su página 9 del 28 de mayo de 2005, y las efectuadas en este medio, en reiteradas oportunidades. A esto se suma la investigación sobre narcotráfico que le cupo al abogado excluido de la organización HIJOS, César Sivo.

En definitiva, este proceso, cuya loable finalidad era dar respuesta a los familiares de detenidos desaparecidos, derivó en un instrumento de acción política y de encubrimiento de algunos colaboradores o actores funcionales al terrorismo de Estado. Pero puede pronosticarse que el éxito no los asistirá, porque quedarán expuestas las acciones de quienes se arrogan el título de defensores de los derechos humanos, sin que sus pasados en lo profesional y judicial avalen tamaña atribución. Hoy son casi pruebas del cinismo con que algunas veces se actúa en la desprestigiada justicia argentina.

Esta operación política y judicial, matizada con extorsiones, aprietes, búsquedas fallidas de impunidades propias y ajenas, acuerdos espurios traicionados que utilizaron el padecimiento de los familiares de los desaparecidos, tiende a culminar con un final similar al que se reserva para sí el escorpión.

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