Derecho penal: control para algunos

Los principios de la intervención mínima del derecho penal le dieron los argumentos para archivar una denuncia contra Selva • Breve repaso sobre la genesis de esa teoría filosófica jurídica.
Los pensamientos filosóficos jurídicos más modernos plantean el fracaso del derecho penal como medio de control social. El derecho penal solo interviene cuando el delito se ha manifestado y –por ende- llega tarde.

El control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De ser así el estado dejaría de ser de derecho, los ciudadanos vivirían bajo la amenaza penal, la inseguridad ganaría a la seguridad y el estado en lugar de ser un estado de derecho se convierte así, de esta manera en un estado policía.

En este contexto nacen los principios de la intervención penal mínima o minimalismo. Se orienta a la reducción de la pena con intención de abolirla. Pero este principio nace como una crítica al sistema penal que victimiza y criminaliza a las clases sociales subalternas. Y no al revés.

Si bien es cierto que nadie espera que un funcionario público cumpla una pena privativa de la libertad por no cumplir con una ordenanza, no es menos cierto que utilizar los principios de la intervención mínima del derecho penal a favor de un funcionario acusado de incumplir con sus deberes, es desnaturalizar el razonamiento filosófico que dio origen a esa corriente intelectual.

Ahora ¿se utilizará ese principio para quien hurte algo de muy poco valor?. Seguramente que no.

La criminología

Existen infinidad de estudiosos que han buscado alguna explicación científica al problema de la criminalidad. Cesare Lombroso creyó haber resuelto el tema con un estudio antropométrico: una persona de determinadas características físicas estaba condenado a ser criminal.

Por más asombroso que parezca, hoy día hay gente que sospecha que la criminalidad se lleva en el rostro.

Ya a mediados del siglo pasado, existieron los primeros criminólogos que analizaron el fenómeno social del cuello (o guante) blanco que dieron por tierra con muchas posturas filosóficas. Para estos sociólogos el sistema penal (en general) perseguía determinados crímenes: robos, violaciones, etcétera. Pero existían otra gran cantidad de delitos que no eran perseguidos por la justicia: corrupción, cohecho, etcétera.

Estos sociólogos entendían que solo así se comprendía porque eran los integrantes de una clase social los que purgaban penas y otros los que salían indemnes.

En este contexto se entiende la resolución del fiscal general que se asimila más a una sentencia judicial.

Sin respuesta

Lo que la resolución no termina de dilucidar es porqué en este caso se aplican los principios de intervención mínimo cuando –en realidad- ni siquiera se pudo confirmar técnicamente que lo arrojado por los tanques atmosféricos eran solamente líquidos cloacales.

Tampoco se entiende que sea un funcionario que es parte en el conflicto quien sea la palabra autorizada para garantizar la presunta emergencia.

En este sentido, semanas atrás se produjo un hecho que demuestra como se podría haber manejado esa situación. Ante el brote de gripe A Selva firmó un decreto y llamó a sesión extraordinaria que fue refrendado por el Concejo. En ese momento, se suponía que había que tomar decisiones inmediatas porque estaba en juego vida de los seres humanos. La emergencia igual no impidió que se cumplan los pasos administrativos de rigor.

Si la emergencia en Luján fue de la magnitud expresada, debieron existir actuaciones administrativas y –por ende- el correlato de las mismas en Mercedes. No ser así, el fiscal general está premiando el desquicio administrativo de dos estados comunales al entender que un conflicto es causa justificante para dejar de incumplir las normas mínimas que regulan al accionar de la administración pública.

La resolución Merola sienta un peligroso precedente para los distritos integrantes del Departamento Judicial de Mercedes: los jefes comunales pueden incumplir las ordenanzas si entienden que se protege un bien jurídico supremo y con ello se vacía de contenido al poder legislativo.

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