Un derecho que Macri no admite

Los dirigentes de la Central de Trabajadores anticiparon que irán a juicio oral para defender su derecho constitucional a protestar. "Cuando la Mesa de Enlace cortó la ruta durante meses, Rodríguez Larreta y compañía aplaudían de pie", señaló Yasky.
Tras la denuncia del gobierno porteño contra la Central de Trabajadores Argentinos por cortar calles durante la jornada de protesta de anteayer, los dirigentes de la CTA acusaron al macrismo de ser arbitrario y anticiparon que están dispuestos a llegar a juicio oral para discutir sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. "En Brasil hay un dicho muy popular: blanco que corre campeón, negro que corre ladrón. Esa es la ley que se está aplicando hoy en la ciudad", definió Hugo Yasky. El titular de la central propuso además "ir al próximo corte con pelucas rubias, para que (el jefe de Gabinete porteño) Horacio Rodríguez Larreta piense que venimos de Barrio Norte: seguro que en ese caso nos apoyaría".

Ayer, Rodríguez Larreta ratificó la denuncia contra la organización sindical ante la Justicia contravencional. "La CTA nunca pidió permiso y le jodieron la vida a un montón de gente", argumentó el funcionario macrista. Para cubrirse de las críticas, dijo que "no es que no se permitan las manifestaciones, sino que se debe coordinar con las autoridades para molestar lo menos posible".

Los organizadores de la jornada de protesta contestaron que sí habían notificado previamente al gobierno porteño sobre las acciones que realizarían. No es ése, de todos modos, el fondo de la discusión. La ofensiva del macrismo puso en primer plano lo que en realidad es su práctica habitual frente a los reclamos sociales. Como muestra de un fenómeno más amplio, es posible repasar cómo casi toda la cúpula de la central sindical tiene abiertos juicios contravencionales por participar en manifestaciones callejeras.

A Víctor De Gennaro, el ex titular de la CTA, y Pablo Micheli, su actual secretario adjunto, les abrieron una causa por un abrazo al Indec. Fabio Basteiro, el secretario de la CTA Capital; Rodolfo Arrechea, titular de ATE Capital, y Eduardo López, secretario general de los docentes de UTE, están procesados por un acto en la Avenida de Mayo y 9 de Julio que reunió unas siete mil personas. El caso es gráfico porque la protesta fue realizada cuando Macri, en los inicios de su gestión, intentó despedir a 2400 trabajadores. Un fallo de la Justicia le ordenó dar marcha atrás, pero el gobierno porteño la desoyó; cuando los gremios salieron a protestar, los denunció por obstrucción de la vía pública. El último caso es el fallo que condenó a siete dirigentes por piquetes por un conflicto en el Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

"Cuando la Mesa de Enlace cortó durante seis meses la ruta, Rodríguez Larreta y compañía aplaudían de pie. Tienen una visión muy particular para aplicar las leyes, porque cuando la protesta era protagonizada por los de la clase a la que él pertenece, pedía un bis", señaló Yasky.

El Código Contravencional, que regula el uso del espacio público en la ciudad, fue reformado tras las manifestaciones que marcaron el año 2001; se incorporaron sanciones para todo el repertorio de acciones de la protesta social, cortes de calle, escraches, los ya inexistentes cacerolazos frente a bancos y también medidas para sacar a los pobres de la calle, básicamente a través de la persecución de la venta ambulante. Hace dos años, en sintonía con la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la ciudad, asumió como fiscal general del fuero Germán Garavano, quien endureció el uso del código. Una de sus disposiciones fue inculpar a los organizadores de las protestas.

El método más utilizado consiste en identificar a los líderes de las manifestaciones en las imágenes de la TV y los diarios. En general, el que es orador en un acto o hace declaraciones a los movileros es candidato puesto a una causa. Hubo algunos gremios que aceptaron cumplir una probation para sacarse el proceso de encima, pero ésta no es la postura de la CTA ni de otras organizaciones que defienden el derecho a peticionar como un elemento clave de la vida democrática. "Aceptar una probation sería conceder que una protesta es un hecho ilícito. No estábamos haciendo nada ilegal. De acuerdo con la Constitución, tenemos derecho a reclamar", definió Fabio Basteiro, anticipando que, si la causa avanza, los dirigentes inculpados llegarán a las audiencias orales para dar el debate en ese ámbito.

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