Depredadores

Una sentencia ejemplar ordena al Estado nacional que haga lo necesario para preservar la merluza Hubbsi a través de una planificación sustentable de la explotación pesquera. Definitivamente, debe aprender a controlar.
La Cámara Pesquera Marplatense apostó por la justicia. Se presentó ante el Tribunal Federal 4, a cargo del juez Alfredo López, con el fin de solicitar un amparo que consideraba justo. A criterio de los demandantes, las resoluciones de la Secretaría de Pesca de los años 2004 y 2007 se daban de patadas con normativas anteriores, que habían pretendido paliar la crisis que atravesaba el sector.

La realidad demuestra que la merluza común –Hubbsi- se encuentra en franco riesgo en virtud de la sobreexplotación a la que ha sido sometida. Los ejemplares reproductores están al límite, y no existen mecanismos eficientes para el control de la sobrepesca. Un informe de la Auditoría General de la Nación recomendaba oportunamente establecer planes a largo plazo, y considerar los cupos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero como referencia, más pequeños que los que había otorgado el Consejo Federal Pesquero.

Sin duda, la merluza está en peligro de extinción por la explotación irracional del recurso pesquero del Mar Argentino. Las últimas dos décadas muestran la desaparición del 70% de la población adulta de la especie. Aunque parezca mentira, la treta de muchas empresas pesqueras es tan simple como capturar de más y declarar el excedente como si fuese de otra especie.

La Auditoría General de la Nación realizó una inspección que abarcó el período 2002 - 2006. Las conclusiones detectaron diferencias alarmantes entre las actas de descarga que presentaban los capitanes de barco y las de los inspectores portuarios. El contraste oscilaba entre el 39 y el 300%. El Estado no controla, o lo hace mal, y esos supuestos controles de los organismos competentes no son suficientes para evitar la sobreexplotación de los recursos naturales.

Los cupos de pesca que se vienen aplicando desde 2006 establecen una determinada cantidad de toneladas que deben repartirse entre las distintas empresas. Pero existen diferencias entre distintos organismos oficiales y ONGs sobre cuáles deben ser las cantidades máximas de explotación. Un informe técnico del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca) en 2007 recomendó no capturar más de 193.000 toneladas. Sin embargo, se terminaron pescando unas 270.000. Es decir, un 30% de más, según este organismo internacional.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es un organismo estatal facultado para analizar la situación por la que atraviesan las distintas especies marítimas. Sus últimos estudios consideran que hay dificultades para encontrar merluza reproductora en el Golfo San Jorge.

Otro dato del INIDEP es que en el Mar Argentino hubo un 40% menos de ejemplares jóvenes de merluza en 2007 respecto del año anterior. Este problema se debe a la baja abundancia de reproductores, su alta tasa de mortalidad por la sobrepesca y, en menor medida, a las condiciones climáticas adversas.

La ONG Fundación Vida Silvestre, por su parte, estima que en los últimos 20 años los recursos pesqueros fueron sobreexplotados a niveles irracionales. La merluza, la corvina y la pescadilla se encuentran al límite.

Poner un freno

El juez federal Alfredo López no es nuevo en este departamento judicial. Fue quien en 2002, a partir del recurso de una amparista, hizo lugar a más de 15.000 amparos de esta ciudad. En aquel momento, los oficiales de justicia, abogados y ahorristas se habían presentaron en la sede central del Banco Provincia para intervenir el tesoro, las cajas y los cajeros automáticos, y así obtener los fondos para pagar unos 50 mandamientos que se presentaron en esa sede.

Durante 2008 tuvo bajo su responsabilidad el presente pedido de amparo, que partió de considerar las consecuencias de que, en función de la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 675/04, todos los buques congeladores pudieran pescar al norte del paralelo 48 latitud sur. Esto -entienden los denunciantes- viola la Ley 25.109 y el Decreto 189/99, desnaturalizando su letra y espíritu. La cuestión se agrava con la Resolución 65/07 de la misma institución, que determina las medidas de manejo y asignación de captura de la especie merluza común para 2008.

Por esa razón, la cámara pesquera local solicitó al juez López que se revocaran las resoluciones citadas, y se restableciera la legalidad de las leyes que tenían la función de proteger la actividad del sector en una situación de emergencia que no había cesado.

Claro que la defensa que representaba al Estado no iba a permanecer inmutable: afirmó que la verdadera motivación de esta denuncia no era de resguardar el recurso, sino lograr que se excluyera de la captura a los buques congeladores que se encuentran autorizados a efectuar sus operaciones al sur del paralelo 41, para poder así repartir dicho porcentual entre los buques fresqueros.

El juez desestimó esta posibilidad, y rescató el fuerte impacto que la destrucción de la especie tendría sobre la comunidad, es decir sobre toda la ciudad. Resulta, en efecto, imposible hablar de intereses sectoriales cuando el informe de la Auditoría General de la Nación, que resulta competente para esta materia de debate, señala las falsedades en los registros de pesca y los groseros errores en las actas de infracción. Afirma la Auditoría que los inspectores embarcados no confeccionan correctamente el parte de pesca, aunque no son sancionados, y que no existe mecanismo de correlación entre los inspectores de a bordo y los del puerto, a raíz de la ineficacia de la Secretaría de Pesca.

La falta de funcionalidad del sistema de compensaciones es evidente: la multa siempre es menor que el monto de venta de la especie capturada ilegalmente, y encima se paga solamente un 5% de las aplicadas.

Hasta acá

López falló diciendo que el Estado debía presentar ante su juzgado un plan sustentable e integral de conservación y protección del recurso pesquero, que contemple metas y plazos para el cumplimiento de los objetivos fijados. Para su confección se deberá contar con la intervención del Consejo Federal Pesquero y del INIDEP, con la finalidad de proteger los recursos marítimos. Se hará con la colaboración de las ONG Vida Silvestre y CEDEPESCA, de conformidad con una normativa clara, coherente, precisa. Es necesario ejercer controles estrictos por parte de la autoridad de aplicación: inspectores, Prefectura Naval Argentina y, en su caso, Armada Argentina.

Además, el magistrado estableció que se deberán presentar las mejores opciones en materia de eficacia y seguridad para las personas en cuanto a las artes de pesca selectivas. El cumplimiento del plan será fiscalizado por la Auditoría General de la Nación.

Los organismos del Estado no admitirían sin más semejante limitación, como estar obligados a planificar y a ser auditados por otro organismo que limitara su ineficacia, por lo cual decidieron presentar el caso ante la Cámara Federal de Apelaciones, donde los jueces Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Alberto Morteo debieron decidir si el fallo de López era en efecto pertinente y ajustado a derecho. Y decidieron que sí, que no había con qué darle, más allá de las fricciones que se presentaran en la órbita de pertenencia de cada norma: porque los recursos naturales no son del Estado ni de nadie, son de la totalidad de la población. Por lo tanto, corresponde aplicar la Ley General de Ambiente que permite a los jueces hacer valer el resguardo de tal patrimonio por sobre un par de tecnicismos fácilmente cuestionables. Sentencia firme.

Es decir que ahora, una vez transcurrido el plazo de 60 días que establece el dictamen, el mismo juez estará en condiciones de pedirle cuentas a cada uno de los funcionarios del Estado, a cada Secretaría, al Ministerio de Economía. La verdad es que nadie apuesta un peso a que se cuide la merluza, cuando no se evita la extinción de la gente que sale a la calle con veinte pesos en la mano. Pero bueno.

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