Denuncias por corrupción, negligencia y falta de control. A casi 20 años de su creación la Dirección de Administración de los Activos Ex Bancos Oficiales se ha convertido en un reducto oscuro que gasta el doble de lo que recauda. Por este motivo, en el gobierno analizan la posibilidad de desintegrar el ente creado durante el gobierno de Roberto Iglesias para llevar adelante el cobro de 1142 millones de pesos correspondientes a créditos que quedaron pendientes tras el cierre del Banco Mendoza y el Banco Previsión. Así lo admite abiertamente su actual titular, Mauricio Iglesias, quien ya ha impulsado dos denuncias penales contra la gestión anterior por irregularidades detectadas en la dependencia.

En total, son 30 las personas que se desempeñan en este área estatal, la cual en los últimos años ha tenido un balance deficitario que obliga a replantearse cambios para mejorar la recaudación. De no ser viable, en el Gobierno no ven con malos ojos la alternativa de vender todo el paquete de deudas a cobrar y disolver la dirección.

Según esgrime Mauricio Iglesias, en el año 2012 el gobierno de Francisco Pérez decidió no prorrogar el contrato con la empresa Cerecred S.A, la cual se ocupó durante años de hacer el seguimiento de las causas judiciales y el cobro de créditos adeudados. Sin embargo, desde entonces la recaudación cayó en picada, mientras que de manera inversamente proporcional aumentaban los gastos de la dependencia.