Denuncias por siembras en las islas de Victoria

Por orden de la Provincia y de la Municipalidad, la firma Bema Agri B V debía paralizar los trabajos.
La empresa holandesa, que tiene orden del gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Victoria de paralizar sus obras, va por su segunda siembra de trigo, así lo constataron organizaciones ambientalistas y un concejal de Victoria que recorrieron la zona el martes.

En una segunda recorrida por los riachos que bordean la isla Itapé, a unos 8 kilómetros de Villa Constitución, un equipo formado por Taller Ecologista (Rosario) y el Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), verificaron que la empresa holandesa Bema Agri B V, lejos de acatar la orden recibida de paralizar sus obras, continua su actividad habiendo casi completado la extensión de un terraplén de unos 30 kilómetros en la propiedad que adquirieron en esta zona de islas, ubicada entre los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles.

En febrero de 2009 las organizaciones ecologistas denunciaron el hecho como ilegal ya que no existía evaluación de estudios de impacto ambiental, intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y ausencia de acto administrativo del Consejo Regulador de Usos de Fuentes de Agua, que habilite las obras cuestionadas dentro de un área protegida municipal.

El 25 de setiembre último, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Victoria ordenó a la empresa Bema Agri B V "la paralización inmediata y total de las tareas de siembra, terraplenamientos y toda otra labor que implique movimientos de suelo en la isla Irupé, jurisdicción de Victoria Entre Ríos", según Resolución Nº 157.

"La empresa debería comparecer ante el Juzgado de Faltas quien es la autoridad responsable de dictar sentencia sobre las irregularidades y negativas a la norma que realiza Bema Agri en las islas del Departamento, cosa que no ha hecho. Lo que correspondería es que este terraplén sea demolido", expresó el concejal victoriense, José Molla.

Sobre el punto Miguel Alfaro del Centro Ecologista Renacer y Elba Stancich de Taller Ecologista, coinciden en que este caso tiene aspectos similares al terraplén de los Esteros del Iberá que la Justicia de la provincia de Corrientes ordenó demoler, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 13.

Para Diego Rodríguez, de la organización entrerriana M´Bigua, estos hechos son muy graves a partir del nuevo texto constitucional de Entre Ríos, que pone especial atención al sistema de humedales y su preservación, y se contradice con la intención de los gobiernos de elaborar un plan de conservación y aprovechamiento sostenible del Delta.

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En la recorrida se verificó la existencia de cultivo de trigo, y una retroexcavadora en pleno trabajo de consolidación de taludes.

Otra preocupación de los pobladores ante la inminente creciente, cuyas viviendas quedaron entre el río y el terraplén, es que la presencia del mismo provocará mayor nivel del agua y por ende mayor vulnerabilidad.

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Crédito: El Litoral

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