El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray fue denunciado penalmente este lunes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py por la Oficina Anticorrupción (OA) por la cesión gratuita por 99 años a un instituto universitario privado dirigido por dos ex senadores nacionales misioneros de un edificio donado por esa provincia al Estado Nacional en 1986 y donde funcionaba el depósito aduanero en la ciudad de Posadas y por lo que el Estado debe gastar en el alquiler de otra propiedad unos 14 millones de pesos anuales.

La denuncia, adelantada el domingo por el programa Periodismo Para Todos (PPT), de El Trece TV, quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, pide investigar la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también alcanza a Alfredo Juan Erich Poenitz y Olga Mirta Rodríguez, quienes figuran como rector y apoderada, respectivamente, del Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra y que son quienes firmaron el cuestionado convenio.

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Sin embargo, los ex legisladores beneficiados por la medida tomada en 2010 fueron los ex senadores nacionales Salvador Cabral Arrechea, presidente honorario del consejo académico del instituto, y Elida Vigo, su esposa, según se denunció públicamente en PPT. De acuerdo con la denuncia penal, el convenio firmado por Echegaray en febrero de 2010 se originó en un expediente de la Jefatura de Gabinetes de Ministros (JGM) cuando ésta estaba a cargo de Aníbal Fernández y habría obedecido a un pedido de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner un año atrás, cuando se llevaron a cabo las elecciones legislativas de medio término de su primer mandato de gobierno.

Los datos de la denuncia presentada en los tribunales federales porteños surgieron de una auditoría interna realizada por las nuevas autoridades de la AFIP tras el cambio de gobierno de diciembre de 2015 a partir de una presentación formulada ante la OA a fines de 2017 por el contador Néstor Sosa, del organismo recaudador. Luego se sumó otra denuncia formulada ante la OA en los mismos términos y con el eje en el costo que implica para el Estado el alquiler de otro edificio para albergar las mercaderías secuestradas en procedimientos de la Aduana en la capital misionera.

"Fueron varias las irregularidades detectadas en la cesión efectuada que determinaron la nulidad e ilicitud de dicho acto y en consecuencia, la comisión de los delitos que aquí se denuncian", sostuvo la denuncia de la OA en base a la auditoría interna realizada por la AFIP. Y entre ellas se recordó que el edificio había sido donado por la provincia a la Nación para el uso de un "organismo público" como lo era la Aduana, institución que supo encabezar Echegaray antes de ser designado al frente del ente recaudador de impuestos.

"Echegaray, en un claro abuso de funciones y en un abierto apartamiento a las normas relativas a la gestión de bienes estatales y de la donación, cedió su uso en beneficio de un tercero y en desmedro de los intereses públicos, sin tener en cuenta la necesidad funcional del bien como lugar de depósito de mercaderías secuestradas y sin ningún tipo de causa, fundamento ni finalidad que lo justificara", expresó la denuncia de la OA en alusión al edificio utilizado ahora como un instituto terciario privado.