Denunciarían al edil Guruceta por utilizar la banca para "intereses personales"

Tras un encuentro que se realizó ayer en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, donde se convocó al titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Calvo y a un inspector municipal, trascendió que -en los próximos días- se podría concretar un pedido de "juicio político" contra el concejal Sebastián Guruceta, quien habría "utilizado la banca para el tratamiento de cuestiones personales".
El motivo de la denuncia sería la reunión que Guruceta convocó (a la que asistieron representantes del Ejecutivo municipal), donde -además- reconoció que su estudio jurídico patrocinaba al restaurante "Arkansas" y cuestionó una inspección que se realizó sobre el negocio, donde se secuestraron varias mesas y sillas que habrían estado ocupando el espacio público.

El otrora edil juecista (que actualmente no forma parte del bloque del Partido Nuevo), fue el orador principal del encuentro, que se llevó a cabo en horas de la mañana, y dejó más que clara su posición al trasladar lo que debía ser un debate entorno a los resultados de los controles municipales a un plano más "personal". Incluso llegando al punto de realizar acusaciones personales, a los gritos, contra el inspector municipal que efectuó el procedimiento en el establecimiento gastronómico.

Pero las descalificaciones no se acabaron allí, también criticó al intendente Carlos Felpeto, que dijo tiene una "actitud lamentable", presuntamente "avalada" por quienes, según sostuvo, son "obsecuentes de su gobierno"; para concluir afirmando sobre la situación del bar "Arkansas": "Voy a defenderlo a muerte".

Ante las acusaciones de Guruceta, que sostuvo que todo se trataba de una "persecución política" que el intendente hacía sobre el propietario del negocio, Roberto Trucchia, quien habría militado en las filas del Frente Cívico y Social, el secretario de Gobierno, Carlos Calvo, se limitó a mostrar las pruebas recogidas y denunció que se trataba de una "defensa de intereses particulares".

En declaraciones a la prensa, Calvo expresó: "Hemos venido a aclarar una serie de cuestiones vinculados al ordenamiento de la ciudad, de acuerdo a lo que marcan las normas municipales, pero nos hemos encontrado que se trataba de una cuestión meramente particular".

"Es en defensa de intereses particulares, por lo que planteamos que no es la misión de la secretaría de Gobierno y del Ejecutivo, conjuntamente con el Concejo, la discusión de un intéres particular. Para eso tenemos los mecanimos planteados a través de las normas de rito en la municipalidad, a través del Tribunal de Faltas. Entonces al darse esta situación, simplemente pedimos que se nos excusara, porque esta área no estaba para discutir la legalidad o no legalidad de los actos"; añadió el funcionario.

Al tiempo que puntualizó: "Es sorprende la actitud de este concejal, que, aparentemente, defiende ciertos intereses particulares como abogado, pero a través de la banca. Él hace un planteo que no corresponde y nosotros le recordamos que el no puede actuar por un interés particular, que es algo que está reñido por las normas éticas, que regulan la tarea del funcionario público, e inclusive puede llegar a ser un delito penal".

El punto al que hace referencia Calvo es el Artículo 265 del Capítulo VIII del Código Penal, que se refiere a "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". En el mismo se establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respectos de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarías o concursos".

Esta actitud del concejal -creador del grupo político MO.JU.BA- llegó a molestar a sus pares, quienes cuestionaron que se haya convocado a una reunión especial y a funcionarios del municipio para discutir "una cuestión personal".

Uno de los que hizo oir su reclamo al respecto fue el concejal radical Daniel Velázquez, quien sostuvo que se trataba de un reclamo que "no correspondía" ser tratado por el cuerpo legislativo.

Concretamente, la "anormalidad" que habría cometido Guruceta estaría vinculada con la contratación del estudio -del que forma parte- que hizo el propietario de "Arkansas", lo que pondría al legislador en una situación de "juez y parte", que quedó registrada en el acta del encuentro celebrado ayer.

Cabe mencionar, que la disputa se inició por un operativo realizado por la Municipalidad, donde se secuestraron mesas y sillas en la intersección de la Av. 9 de Julio y Juan B. Justo. Sin embargo, fuentes consultadas de Inspectoría Municipal precisaron que el negocio ya había sido advertido por la "irregularidad" que estaba cometiendo, que afecta la circulación por la vereda céntrica. "Desde el 2006 hasta la fecha, en el local se han labrado actas de verificación y control (que son actas de advertencias) para que los negocios puedan normalizar su situación, como no han regularizado esa situación, hemos procedido al decomiso de mesas y sillas"; sostuvieron.

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