Denunciarán penalmente a los piqueteros que intentaron tomar la planta de Piquirenda

Las penas para este tipo de delito van desde los 3 a los 15 años de reclusión.
El fiscal Pablo Cabot promovió acción penal para el juez de Instrucción Segunda Fernando Mariscal Astigueta por el incendio intencional de dos vehículos en el intento de toma de la planta de gas de Piquirenda.

La actuación podría hacer alusión al delito establecido en el artículo 183 (delitos contra la seguridad pública), que contempla penas que van de los 3 hasta los 15 años de reclusión, a los que podrían sumarse los de lesiones graves, amenazas, daño, etc.

Sin embargo, la jueza correccional Sandra Sánchez, que actuó de oficio en la causa pese a que Cabot ya había girado las actuaciones a Mariscal y cuando el magistrado estaba por abocarse a la instrucción, le dio orden a la Policía de la Provincia para que identifique y libere casi en forma inmediata a los 12 detenidos que habrían participado del ataque vandálico a la planta de tratamiento de gas Piquirenda, ubicada a 20 kilómetros al norte de Tartagal.

El hecho se produjo alrededor de las 8 de la mañana del jueves y una hora y media más tarde 12 piqueteros habían sido detenidos como posibles autores del ataque que puso en vilo a toda la zona. Con el argumento de pedir trabajo, unos 60 manifestantes pertenecientes a grupos de desocupados de Aguaray intentaron ingresar a la planta de procesamiento de gas Piquirenda y como no lo lograron porque una decena de policías del cuerpo de Infantería se lo impidió, incendiaron dos autos estacionados en la playa e intentaron hacerlos ingresar en llamas a la planta donde se procesan 8 millones de metros cúbicos de gas. Por el enfrentamiento, dos efectivos policiales permanecen internados en Tartagal.

Pese a que ya había actuaciones del fiscal, una jueza dio orden de identificar y liberar a los doce detenidos.

Cuando a la planta -que se encuentra ubicada a medio camino de Tartagal y Aguaray- llegaron refuerzos de estas dos localidades, los manifestantes subieron a varios vehículos y se dirigieron a Aguaray, donde 12 de ellos fueron detenidos por personal policial, aunque el grueso de los manifestantes logró fugarse.

A las 17 Sánchez ordenó que se los identifique y se les otorgue la libertad, por lo que los 12 piqueteros se dirigieron al corte de ruta en el acceso sur de Aguaray que otros compañeros de las agrupaciones de desocupados habían instalado exigiendo su liberación. Pero el corte continuó hasta las 13 de ayer y la ruta nacional 34 sólo fue despejada cuando el ministro Pablo Kosiner se comprometió a recibirlos el lunes a las 10.

Los piqueteros entregaron un petitorio en el que pedían la inmediata libertad de los detenidos -que ya ocurrió-, reunirse con directivos de Panamerican Energy y también con el gobernador Juan Manuel Urtubey.

La mediación del director de Seguridad, Néstor Méndez, fue aceptada por los piqueteros.

Competencias judiciales

El fiscal penal de turno, Pablo Cabot, explicó a El Tribuno que apenas tomó conocimiento de los hechos por la información brindada por la Policía "promoví acción penal por el delito de incendio intencional y ordené la detención de los responsables, asimismo, giré las actuaciones al doctor Fernando Mariscal, porque en base a la información que me proporcionó la Policía se trata de delitos graves cuyas causas debían tramitarse en el juzgado de Instrucción".

El juez de Instrucción Penal, Fernando Mariscal, manifestó que se enteró de los hechos por los medios de comunicación. "Recibí la promoción de acción hecha por el fiscal Cabot a las 5 de la tarde. No ordené ninguna detención y por ende no le di la libertad a ningún detenido".

"Esta mañana (por ayer) recibí algunos elementos que serán utilizados en la investigación, como material fotográfico y filmaciones, pero desconozco quiénes estuvieron detenidos y por qué motivos ni por quién fueron liberados", explicó el juez.

Mariscal sostuvo que "en base a las actuaciones de Cabot se trata de la comisión del delito de incendio intencional, pero pueden ir surgiendo otros delitos conexos".

Mientras tanto, el jefe de la Unidad Regional 4, Rubén Copa, indicó que las 12 personas detenidas "fueron puestas a disposición de la jueza de garantías Sandra Sánchez, que actuó de oficio. La magistrada ordenó que se los identificara y se les diera la libertad, es toda la información que poseo", dijo el jefe policial.

La jueza de garantías Sandra Sánchez, por su parte, se excusó de hablar con El Tribuno.

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