Ante este panorama efectuaron presentaciones ante la Fiscalía de Estado y el propio gobernador Jorge Capitanich, donde solicitan se deje sin efecto la licitación de manera inmediata.

El secretario general del sindicato, Raúl Sánchez junto al secretario gremial Manuel Barrientos, dio cuenta que “la impunidad en la ATP goza por acción u omisión del beneplácito de los organismos de control del Estado provincial. A pesar de que acercamos documentación probatoria de que violaron el Régimen de Contrataciones de la Provincia vigente con la finalidad de favorecer a determinada empresa en el trámite de la Licitación Pública Nº 042/12 -convocada para la contratación de servicios de recuperación y mantenimiento de archivos documentales de la ATP- nada hicieron para impedir la ejecución de dicha tarea y deslindar las responsabilidades correspondientes”.

La normativa

Explicaron que el Régimen de Contrataciones establece que “sólo serán consideradas las ofertas presentadas por firmas que acrediten su inscripción en el Registro de Proveedores. Los organismos licitantes verificarán que la actividad y rubros que figuren en la inscripción guarden relación con el objeto del contrato a celebrar. En todas las contrataciones se deberá asegurar la igualdad de los posibles oferentes, la defensa de los intereses colectivos y de la Hacienda Pública Provincial y la responsabilidad inherente a los funcionarios o agentes que intervengan”.

También expresa que “la comprobación de que para una contratación se hubieren formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sea factible para determinadas personas, firma o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su inmediata anulación en el estado del trámite en que se encuentre y a la iniciación del sumario pertinente que se instruirá para determinar a los responsables que se considerarán incursos en falta grave a los efectos de las sanciones que corresponda aplicar”.

El caso

Los dirigentes gremiales expresaron que “el acto de apertura del 9 de abril de este año, de la licitación 42 y el acta del 17 de abril de Comisión de Preadjudicaciones, ilegalmente dieron lugar a la oferta presentada por una empresa que no tenía acreditado ante la AFIP y ATP el ejercicio de ninguna actividad compatible con el objeto de la contratación. En esas instancias la licitación debió ser declarada desierta”.

También recuerdan que en los meses de mayo y junio del corriente año, “maniobraron ante la AFIP y el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la Contaduría General de la Provincia para configurar el alta dos nuevas actividades, con la pretensión de subsanar dicha irregularidad. Consideramos que nadie corre el riesgo de violar las reglamentaciones a título gratuito, y que ésta como otras tantas anomalías con visos de corrupción que ocurren en nuestro sector laboral también cuentan con el consentimiento de autoridades superiores del gobierno provincial”.