Denuncian supuestas “maniobras de vaciamiento” en Supermercados Toledo

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Mar del Plata (ALCALDER) este lunes expresó su preocupación ante “las dificultades financieras que tiene el grupo empresario para afrontar sus gastos”, además del “alto grado de susceptibilidad manifestado frente a la posibilidad de una libre competencia”, pese “a la ayuda económica que recibe por parte del Estado argentino”
Consideran que estos puntos “deberían ser materia de investigación por parte de autoridades judiciales, tomando de esta manera el Estado cartas en el asunto, y evitar un derrumbe con graves perjuicios para la ciudad y al erario publico”.

A su vez, solicitó que “se remita copia de las desgrabaciones de las Banca 25 correspondientes a la última Sesión Ordinaria del HCD, relacionadas al expediente de referencia, a través de las cuales se conocieron serias denuncias por parte del Sindicato de Empleados de Comercio filial Mar del Plata, contra el grupo Toledo SA a la Fiscalía de Delitos Económicos con Jurisdicción y Competencia en la ciudad”.

”Fundamentamos el pedido en relación a este proyecto y a los conceptos vertidos por los responsables de la filial marplatense del Sindicato de Empleados de Comercio: dentro de cuyo conceptos hemos tomado conocimiento de la ayuda económica que recibe este grupo empresario por parte del Estado argentino, lo que implica la utilización de fondos públicos en una operación de 'salvataje económico', gracias a la cual por cada uno de sus trabajadores, por ejemplo, está recibiendo la extraordinaria ayuda de $500, más los beneficios económicos que han implicado la suspensión durante tanto tiempo de la condición de recaudador del IVA frente a la AFIP”, argumentan en la misiva firmada por la Presidenta de la entidad, Norma Bukmeier.

”Este grupo empresario, que tiene más de 30 bocas de venta entre las sucursales de Supermercados Toledo y las de autoservicios Ahorro Fácil, no logra -a pesar de los grandes beneficios que le ha otorgado el Estado argentino y a los increí­bles volúmenes de comercialización manejados- mejorar el precio de casi la totalidad de los productos comercializados. Probado está que desde hace muchos años Supermercados Toledo comercializa estos productos mucho más caros que los almacenes de barrio, carnicerías, verdulerías y fruterí­as, etcétera de la ciudad de Mar del Plata. También debe ser tenido en cuenta que los consumidores pagamos estos precios, en cualquiera de las 30 bocas de comercialización, de contado o financiados sólo a través de entidades bancarias”, exponen en otro párrafo; y subrayan: “Nos resulta también muy preocupante el alto grado de susceptibilidad manifestado frente a la posibilidad de una libre competencia, pues pensar en que cualquier otro grupo empresario pueda pretender abrir otras 30 sucursales en Mar del Plata, constituye un escenario francamente imposible e impensado desde varios puntos de vista, pero el más importante es el bajo ingreso per cápita del Municipio de Gral. Pueyrredon, los bajos salarios y el gran nivel de desocupación y/o precarización laboral, índices que lamentablemente han hecho famosa nuevamente en este año 2008 a la ciudad”.

En esa línea, ADELCOR cuestionó: “Entonces, ¿dónde esta el verdadero eje de la discusión? Estos conceptos, nos preocupan pues sumados a las deudas que en materia impositiva que también mantendrá con el Municipio, además de una presunta dificultad de este grupo empresario en el pago a sus proveedores, nos lleva a varias presunciones: la de una muy torpe capacidad de administración por parte de este grupo empresario, o de una muy gigantesca y deficitaria situación financiera, o bien también podrá tratarse de una presunta maniobra de ‘vaciamiento empresario’”.

”Entendemos entonces y sin ánimo de perjudicarlos, sino por el contrario, con el animo de evitar una caí­da estrepitosa, de una empresa tan importante para los marplatenses como lo es Toledo SA, que el contenido de dichas desgravaciones debería ser materia de investigación por parte de autoridades judiciales, tomando de esta manera el Estado cartas en el asunto, y evitar un derrumbe con graves perjuicios para la ciudad y al erario publico”, concluye el texto.

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