Denuncian supuestas irregularidades en compra realizada por el ISJ.

Los diputados radicales Jorge Rizzotti y Carlos Oehler anunciaron que este lunes se entrevistarán con miembros del Tribunal de Cuentas, a los efectos de plantearles su inquietud por irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de una embozadora y 160 mil credenciales de plástico para el Instituto de Seguros de Jujuy.
Los legisladores anunciaron que junto a sus pares de la bancada radical efectuarán todas las gestiones pertinentes a los efectos de dilucidar las dudas surgidas del análisis del proceso que se siguió para la compra del equipamiento mencionado, y en caso de no obtener respuestas satisfactorias, recurrirán a la justicia, para su esclarecimiento y eventual determinación de responsabilidades, si las hubiere.

Rizzotti y Oehler iniciaron una investigación sobre la compra de la embozadora de credenciales plásticas para los afiliados del ISJ- tras el análisis de los expedientes que fueran solicitados el año pasado, a través del pedido de informes 06/08, aprobado por el parlamento provincial.

Cabe recordar que a través de un llamado a licitación privada, el ISJ adquirió a principios de 2008 una embozadora y 160 mil tarjetas, a los efectos de dotar de mayor seguridad al proceso de fidelización de los afiliados y evitar usos fraudulentos de la credencial. La licitación se concretó en diciembre de 2007, con un presupuesto oficial de 240.000 pesos. El único oferente que se presentó fue Bemir Seguridad Monitoreada, quien cotizó lo solicitado por un monto total de 239.000 pesos

Después de un exhaustivo análisis de la documentación remitida a la Legislatura, los diputados observaron algunas irregularidades, como un ostensible aumento del presupuesto dispuesto para la compra, respecto del precio de referencia que establece una empresa consultada al efecto. Precisamente, la firma Alfer Card. S.R.L. remite –a los efectos informativos- una evaluación del equipo y de las 160 mil tarjetas de 139.894,63 pesos, por ello los diputados Rizzotti y Oehler plantearon la duda "¿por qué se estimó el presupuesto oficial en 240.0000 y sobre qué bases", porque a prima facie se advierte que se "sobrevaluó, adjudicó y pagó 100.000 pesos más".

Señalaron también los diputados que se omitió establecer las garantías de oferta y de adjudicación, cuando el reglamento de contrataciones establece una garantía de oferta del 1 % del total de la oferta y una garantía de cumplimiento del contrato del 5 % del total adjudicado. Sin embargo, destacaron, "se incluyó una garantía para impugnar, lo cual constituye una traba para realizar observaciones frente a eventuales anomalías en el proceso licitatorio".

Observaron además que según el reglamento de contratación, "debía invitarse a participar de la licitación a cinco casas comerciales del rubro como mínimo, las que debían estar inscriptas en el Registro de Proveedores…". Dicha invitación debía cursarse con una anticipación no menor de siete días a la fecha fijada para la apertura de las propuestas".

En este caso, subrayaron Rizzotti y Oehler, "las invitaciones se cursaron a una empresa local y a cuatro de otras provincias. A tres de ellas se les remitió por correo electrónico la invitación el día 3 de diciembre de 2007, y a una de ellas el día 10 de diciembre de 2007, es decir dos días antes de la apertura de sobres fijada para el día 13 de diciembre. Se advierte que no se han adjuntado al expediente estudiado las constancias de efectiva recepción cursada a los posibles oferentes, vía correos electrónicos".

"Es decir no se respetó en la invitación ni el plazo de anticipación a la apertura de las propuestas, ni la cantidad de invitaciones, ni los proveedores del rubro."

En lo que respecta al contenido de la oferta, según la normativa que se aplicó, el oferente debía adjuntar a la propuesta "cédula fiscal y constancia de regularización fiscal expedida por la Dirección Provincial de Rentas, como también acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado". La normativa establecía claramente que se debían rechazar las ofertas "formuladas por firmas no habilitadas por el Registro de Proveedores de la Provincia" y se establecía como requisito que "las ofertas estuvieran firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante autorizado".

En el caso analizado el único oferente que se presenta al llamado a licitación Bemir Seguridad Monitoreada –que es la firma que realiza el servicio de seguridad en el ISJ- "no cumplió con los requisitos del pliego, su inscripción en el Registro de Proveedores (causal de rechazado del propio pliego). Tampoco se adjuntó el recibo de pago del pliego." Destacaron los legisladores que además "la firma de la oferta no pertenece al oferente y el representante, tampoco adjuntó autorización".

Por otra parte se observa que el oferente presentó "constancia de trámite en el Registro de Proveedores del Estado, no constancia de inscripción como lo requiere el pliego. "Entendemos que estos, algunos de los motivos, por los cuales la oferta debió haber sido rechazada" afirmaron los legisladores.

En síntesis, el único oferente presentado no cumplía con los requisitos exigidos en el pliego, además la documentación que presenta, como cédula fiscal de la DPR, constancia de regularización fiscal y constancia de trámite en el Registro de Proveedores del Estado, están a nombre de una persona que no es el propietario, según se desprende de la documentación estudiada por los diputados.

Asimismo, señalaron que las "facturas presentadas corresponden a un responsable monotributista", una categoría fiscal que no le hubiera permitido participar del proceso, porque el monto en juego era superior a la facturación autorizada para un monotributista. Por otra parte, el pliego no solicitó la inscripción en la AFIP, requisito normal y habitual en toda contratación. Ante consultas realizadas a la AFIP, se constató que el monotributista que se presenta como oferente, fue dado de baja de oficio en octubre de 2007, por falta de pago y luego se inscribió en marzo de 2008, cuando el proceso licitatorio comenzó en diciembre de 2007 y terminó en febrero de 2008".

Los legisladores observaron que "la comisión de preadjudicación tenía potestad para aconsejar el fracaso de la licitación por falta de conveniencia o incumplimiento de los requisitos formales exigidos, amén del vacío en el pliego de la necesidad de establecer las garantías, que como se sabe la ley lo cubre perfectamente".

Ante las dudas surgidas del análisis realizado de los expedientes que se tramitaron en el marco de esta compra, los legisladores radicales decidieron entrevistarse con integrantes del Tribunal de Cuentas, a los efectos de dilucidar aspectos que se presentan controversiales. En tal sentido, anticiparon Rizzotti y Oehler que con posterioridad a esta reunión, analizarán la posibilidad de presentarse ante la justicia.

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