Denuncian severas irregularidades en la Defensoría del Pueblo

La Presidenta de la Comisión de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, diputada Alicia Gutiérrez, dialogó con Sin Mordaza respecto del funcionamiento del organismo y de las diversas situaciones observadas durante el mandato del ex Ombudsman provincial, Carlos Bermúdez.
La diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social-SI, Alicia Gutiérrez, dialogó con Sin Mordaza respecto del funcionamiento y de la forma de llevar adelante las distintas tareas y funciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe durante el mandato del ahora ex Ombudsman Carlos Bermúdez.

En ese sentido, la legisladora expresó que "quienes integrábamos la Comisión e integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, en distintas oportunidades, realizamos Pedidos de Informes y diversos seguimientos en torno al funcionamiento de la citada dependencia, porque esa era nuestra tarea".

"La Defensoría del Pueblo cumple un papel muy importante como organismo de control dentro del territorio provincial. Pero, desde hace un tiempo, el organismo abandonó dicho papel, encomendado por la ley de creación de la mismo, donde queda fielmente plasmado que dentro de sus obligaciones debe defender a los ciudadanos y ciudadanas de las situaciones de abuso por parte de la administración provincial en sus distintos niveles", agregó la referente de SI.

En consonancia, la entrevistada exclamó que una vez descarriladas esas obligaciones se pasó al cumplimiento de otras tareas que nada tenían que ver con la antigua función de velar por la tranquilidad y las necesidades de los santafesinos. "Un ejemplo de ello es la creación de una rama de cuidado del patrimonio provincial a la zona norte y otra a la zona sur de Santa Fe. En tal contexto, hicimos seguimientos de los fondos que se otorgaron a la repartición, no sólo del tesoro provincial sino, además, de instituciones extranjeras: el Fondo Venezolano para Ombudsman, aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, dentro del ámbito nacional, aportes del Ministerio de Bienestar Social. En relación con ello, lo que sucedía es que esos fondos, ese dinero eran administrados por una fundación que en su momento había presidido Carlos Bermúdez y que luego pasó a presidir una persona de planta de la Defensoría, el señor Sabino, es decir que 'estaba en ambos lados del mostrador': en la fundación, con proyección y sede en Rosario y en la Defensoría del Pueblo, con sede en la capital provincial".

Consultada respecto de la veracidad sobre la proveeduría de fondos de Venezuela, los cuales posteriormente fueron manejados por la citada fundación, la legisladora por el Frente Progresista afirmó que "esto es un convenio que se había firmado, que inclusive nosotros señalamos en su momento el hecho de que, como todo convenio, debía ser ratificado, aquel de carácter provincial en la Legislatura santafesina y aquellos con procedencia externa por la Cámara de Diputados de la Nación, con lo cual -ante tal ausencia- estamos asistiendo a hechos que no son correctos".

Posteriormente, Gutiérrez aclaró que "cuando comienza a trabajar la Defensoría del Pueblo, su estructura, al principio, contaba con 100 empleados. La ciudad de Córdoba, en comparación, tiene una Defensoría con un presupuesto de un millón y medio de pesos y 25 empleados de planta. Nuestra Defensoría tiene un presupuesto para el año entrante de 29 millones de pesos y 225 empleados de planta, más todos los contratados que pudieran existir".

"Una de las cosas que señalamos es que, como la Defensoría adhirió a la ley de retiros voluntarios, no podía nombrar nuevo personal, y sin embargo lo siguió haciendo, cubriendo las vacantes, a tal punto que cuando asumió el contador Bermúdez había 180 personas, y actualmente existen 225".

En otro orden, esta semana, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado Antonio Bonfatti, dijo que había una sobreestructura dentro del organismo y que era poco práctica, conjuntamente con la superposición de funciones.

Al respecto, la legisladora dijo que se observa una estructura importante, con una gran cantidad de direcciones, algunas quizás necesarias, pero la mayor parte del personal con las categorías más altas, que son las 22, 23 y 24 de la administración pública. "Esto sin duda nos llamó mucho la atención, porque este año, en distintas resoluciones, pasaron a dichas categorías una gran cantidad de personal después de un concurso interno". Así, la entrevistada afirmó que inclusive en la Comisión de la cual forma parte recibieron una denuncia de una persona que sentía que había sido mal calificado en ese concurso interno del cual no estaba muy claro cómo fueron ascendiendo las personas y por contrario, absolutamente comprensible por qué motivo lo hicieron aquellas personas que estaban de acuerdo con el proyecto de Bermúdez para el desempeño dentro del organismo".

Finalmente, y respecto de a quién o a qué rendía cuentas el ex mandatario provincial en relación a balances, Alicia Gutiérrez dijo que "indudablemente se rinde cuentas al Tribunal de Cuentas de la provincia. Además, se debe acompañar de un informe detallado de todos los movimientos a la Legislatura debe acompañar respecto de las tareas cumplimentadas y un balance de las mismas, cosa que no se hizo durante estos cuatro años".

"Posteriormente se lo pedimos por nota -prosiguió- y así se nos acercó lo que figura en el presupuesto provincial y la ejecución de los mismos. Pero, de todas maneras, no debía esperar a que desde la Comisión se le pidiera. Es una obligación que quien es designado como Defensor del Pueblo tiene que hacer. Yo creo que cuando se habla desde el justicialismo respecto de la función que deben cumplir los organismos de contralor o control, yo les recuerdo a todos los ciudadanos que estos están hoy en manos de la oposición, en manos del justicialismo. El Tribunal de Cuentas fue ampliamente conformado por el periodo de distintos gobiernos peronistas y completado por el gobierno de Jorge Obeid. Y en este caso, la Defensoría del Pueblo también. Habrá que pensar ahora de qué manera se va a conformar la nueva propuesta que pueda hacer el Ejecutivo con respecto a quien va ser el nuevo Ombudsman".

"Desde la Comisión de la Defensoría, junto con las diputadas Inés Bertero, Estela Méndez y Espei presentamos pedidos de informes que nunca fueron respondidos por Bermúdez, e inclusive muchas veces hemos hecho llegar cartas firmadas por los diputados y diputadas solicitándole al mandatario determinada información, cosa que nunca tuvimos respuesta", finalizó la diputada por el partido Solidaridad e Igualdad.

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