Denuncian a la Presidenta por favorecer a su inquilino

Lo hizo Bullrich en la Oficina Anticorrupción
¿Es ético que un funcionario firme un decreto que terminará reportando un beneficio monetario para un empresario que, además, es su inquilino?

Para la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica-Capital) no lo es, y así describe la situación que involucra a la presidenta Cristina Kirchner y el empresario Juan Carlos Relats, titular de la empresa rutas del Litoral y, además, el inquilino que explota el hotel Los Sauces en El Calafate, perteneciente al matrimonio Kirchner.

Bullrich anticipó que mañana presentará una denuncia en la Oficina Anticorrupción (OA) para que investiguen si la Presidenta incumplió la ley de ética pública cuando firmó el decreto 902/2008, en el que acepta la renuncia de la empresa Rutas del Litoral a percibir la tasa interna de retorno (TIR).

Como LA NACION publicó la última semana, se trata de un ajuste tarifario que le permitió a la empresa embolsar 32 millones de pesos.

En su denuncia, Bullrich cuestiona que Cristina Kirchner "beneficie con el dictado del decreto 902 a empresas con las que incrementa su patrimonio presidencial" y lo calificó de "incompatibilidad manifiesta". También señala que Relats, presidente de Rutas del Litoral, es quien alquila la hostería Los Sauces, propiedad del matrimonio Kirchner.

Lo que dice la ley

Según la diputada, el tema por dilucidar es si la Presidenta podía firmar o no ese decreto, ya que el inciso i) del artículo 2° de la ley de ética pública (ley 25.188) impone a todo funcionario "abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación prevista en la ley procesal civil".

De infringir esta norma, el acto firmado es nulo de nulidad absoluta, y entre esas causales de excusación figuran ser "acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes" y "haber recibido beneficio de importancia de alguna de las partes".

"Debería haberse excusado de firmar el decreto que involucra a una empresa con la que tiene intereses concretos", dijo Bullrich a LA NACION. Por eso, la diputada pidió que se declarara la nulidad del decreto en cuestión, se restituyera al Estado el dinero otorgado a Relats y se investigara si la Presidenta violó la ley de ética pública.

Como antecedente, Bullrich recordó que en octubre de 2002 ella misma reclamó la nulidad de un acto administrativo que había firmado la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, en beneficio de los sindicatos. La acusó de ser "juez y parte" por estar casada con el gremialista Luis Barrionuevo. La OA le dio la razón y anuló la resolución 708/02.

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