Denuncian pacto de la Corte con Jaque

Gremios estatales afirmaron que protestarán el fallo en contra del máximo tribunal sobre la antigüedad.
Trabajadores estatales nucleados en Sitea rechazaron el fallo de la Suprema Corte de la provincia que declaró constitucional el congelamiento de la antigüedad, lo que inhabilita a miles de empleados estatales a percibir las diferencias salariales adeudadas. Asimismo, denunciaron un pacto entre el Poder Judicial y el Gobierno.

En una ruidosa asamblea realizada en la Dirección de Rentas, donde también estuvieron representantes del SUTE y de Ampros, el titular de Sitea, Víctor Dagfal, denunció que los miembros de la Corte mendocina dictan sentencias en connivencia con el Gobierno y anunció que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya existe un fallo favorable a los estatales.bonos. En la asamblea, los dirigentes sindicales repartieron fotocopias de los bonos de sueldo de Carlos Böhm y Aída Rosa Kemelmajer, ministros de la Suprema Corte mendocina. En el caso de Böhm, su salario de bolsillo en agosto fue de 26.294 pesos, 10.920 de los cuales corresponden al ítem antigüedad. Por su parte, la ministra Kemelmajer percibió 23.247 pesos, incluidos 8.190 pesos por el mismo rubro. Según Dagfal, "este fallo se produce justamente después de que a los jueces les dieron el 82% móvil, lo que significa que cobran casi como los jueces federales, y les pagaron la vieja deuda que ellos habían reclamado en un juicio perdido en la Corte nacional. Se la pagaron contante y sonante. Pareciera que ellos son los únicos que tienen derechos".

un largo conflicto. En 1999, 15.000 de 24.000 empleados estatales afectados hicieron el reclamo administrativo porque les habían congelado la antigüedad. En el 2003 fueron más allá y presentaron una acción judicial administrativa. Todos los juicios contenciosos-administrativos se tramitan directamente ante la Suprema Corte provincial.

La Sala 1 de la Corte se pronunció a favor en los casos denominados Drot de Gourville, Basile y Araya. La Sala 2 dictó también sentencia a favor en los casos Acuña de Sponda y Hembert. Sin embargo, en la Sala 1 hubo un fallo en contra en el caso Sozzi, donde fue rechazado el reclamo de unos 2.000 docentes.

Ante estos fallos contradictorios, la actual Corte convocó a un plenario para interpretar el alcance de las normas presupuestarias que congelaron la antigüedad. En ese encuentro, el tribunal en pleno determinó que esas normas son constitucionales. Ello no inhabilita, según los letrados que asesoran a los estatales, que sean reconocidos los derechos que tienen los trabajadores de cobrar las diferencias salariales adeudadas, "porque, si no, se vulneraría el principio de igualdad, por todos los que ya cobraron antes", aseguró el abogado José Atilio Lucero. Como ejemplo, el letrado mencionó el decreto 1.514/99, a través del cual el fiscal de Estado, el asesor de Gobierno, el tesorero de la provincia, el contador general de la provincia y los miembros del Tribunal de Cuentas percibieron estas diferencias por antigüedad, al igual que todos los magistrados del Poder Judicial, quienes lograron cobrar a través de un recurso de amparo conocido como caso Farruggia. "Queda plasmada, en consecuencia, la desigualdad existente en el tratamiento y reconocimiento de los derechos reclamados", afirmó el patrocinante legal de los estatales.

Lucero recordó, además, que en febrero de este año, la Suprema Corte provincial, en el caso Araya, falló a favor del Gobierno por el recurso extraordinario que este interpuso en su momento, argumento que la Corte Suprema de la Nación rechazó, con lo que quedó firme el derecho a recibir las diferencias salariales del período 1996-2003 reclamadas por 25 agentes de la administración pública central.

"Este es un fallo parcial, sólo habla de la constitucionalidad de las leyes de presupuesto, pero prepara el camino futuro para denegar el derecho a los trabajadores. Vamos a esperar a que la Corte local se termine de expedir en lo que falta, que es la cuestión de fondo, que seguro nos fallará en contra, y después acudiremos a la Corte nacional", afirmó, resignado, Dagfal.

Y continuó: "Ya hay un fallo, en el caso Araya, en el que la Corte nacional nos dio la razón pero la Provincia todavía no le pagó a 25 trabajadores, violando la orden expresada en ese fallo. Tenemos confianza en que a nivel nacional se revierta la situación. El monto total que el Gobierno retiene a los trabajadores es de unos 240 millones de pesos, según lo admitió el ministro de Hacienda".denuncian acuerdo corte suprema-gobierno. Los dirigentes de Sitea hicieron una grave denuncia sobre la relación entre el fallo de la Corte y las necesidades del Gobierno. "Hay un acuerdo total entre el Gobierno y la Corte. Lo dijo el presidente de esta cuando asumió, que iba a ser la ‘Corte de Jaque' como lo fue de (Julio) Cobos. No conocen la división de poderes. Es clarito que se preparan los fallos a la medida del Gobierno. En general, los miembros de la Corte trabajan para los más ricos, como siempre", señalaron.indiferencia. A la asamblea no concurrió la mayoría de los estatales afectados. Dagfal se lamentó por ello. "Hay 18.000 trabajadores que hicieron el reclamo judicial, queremos ver cuántos de ellos vienen a las convocatorias. Si no se movilizan, nosotros no vamos a ir solos, seguiremos la vía judicial, pero eso tiene la limitación de la política, que es la presión que podamos hacer", concluyó.

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