Al igual que aquellos comerciantes que utilizan “publicidad engañosa” para exaltar cualidades de un producto que no las tiene, el Ministerio de Energía de la administración macrista “maquilló” los números y datos de la reciente adjudicación de generación eléctricapara mostrarse más “eficiente y cuidadoso” de los recursos públicos que el gobierno de Cristina Kirchner.

Tal como solían hacer con frecuencia los encargados del “relato K”, los funcionarios del área de Energía usaron la artimaña de comparar cosas que no son equivalentes para promocionar un supuesto uso más eficiente -y acaso menos corrupto-de  los recursos públicos.

Al dar a conocer los resultados de la licitación efectuada para ampliar la oferta de generación eléctrica con nuevas centrales térmicas de pequeño y mediano porte, el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren resaltó con bombos y platillos que “el precio promedio unitario de las usinas fue de 21.833 U$S/MW-mes, un 32% inferior a los 32.000 U$S/MW-mes” que había arrojado la contratación de la anterior administración.

El Gobierno comparó los precios que pagó el kirchnerismo en la contratación de las polémicas usinas móviles, con la licitación de usinas fijas.

 

Según varios analistas del sector consultados por LPO y que pidieron permanecer anónimos, este “logro económico” que se atribuyó el gobierno no es tal porque la comparación de los precios está hecha con usinas que no tienen las mismas características técnicas, ni plazos de contratación de servicios similares.

 

El precio de 32.000 US$/MW-mes que los actuales funcionarios tomaron como referencia anterior para cotejar el valor promedio de la reciente licitación corresponde a los equipos generadores móviles que el kirchnerismo había contratado bajo el programa denominado UGEEM (Usinas de Generación de Energía Eléctrica Móviles).

 

Estos generadores son los que se utilizaron para atender situaciones de emergencia y cubrir con urgencia casos críticos de falta suministro eléctrico como los registrados el año pasado en Recoleta y Barrio Norte y en los últimos períodos estivales. En total, Enarsa llegó a tener contratados unos 357 equipos móviles alimentados con gasoil y biodiesel que aportaban una potencia disponible de 358 MW.

Se trató de una muy polémica licitación controlada directamente por Axel Kicillof y La Cámpora, que LPO denunció en varias investigaciones periodísticas. El caso fue tan opaco, que temeroso de denuncias, el ex ministro de Economía dejó el cargo sin pagar los contratos.

Como sea, lo que licitó en las últimas semanas el gobierno son centrales fijas similares a las que Enarsa venía contratando desde 2010 en el marco del programa de “Generación de Energía Eléctrica Distribuida”, más conocido en el ambiente como “Energía Delivery”.

 

Los valores de las “usinas delivery” que vienen de la gestión K y que se deberían haber tomado como referencia para una objetiva comparación con los precios de la reciente licitación oscilan entre los 24.000 y 26.000 US$/MW-mes, bastante menos que los 32.000 US$/MW-mes que utilizaron los funcionarios para exhibir una “marcada baja de los costos operativos del sistema”.

 

Además, los que conocen a fondo los contratos señalan que hay otro dato que desdibuja la comparación oficial y tiene que ver con el plazo de contratación.

 

Mientras los contratos de las usinas delivery K se hicieron inicialmente por tres años, los nuevos convenios tienen una vigencia de 10 años.

 

Para incrementar la oferta eléctrica en el corto plazo, el gobierno diseñó un esquema muy particular que consiste en el alquiler de pequeñas y medianas usinas hasta 2027 y 2028 y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas mensualmente.

 

La licitación llevada adelante por la CAMMESA apuntó a reforzar el suministro en las zonas más críticas del país y a “satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el próximo verano 2017, el invierno del 2017 y la temporada estival de 2018”.

 

En total, el gobierno terminó aceptando unas 20 ofertas por 1.917 MW que implicarán un desembolso para el Estado del orden de los 1.530 millones de dólares.

La gran excluida de la licitación lanzada por el gobierno para incrementar la oferta eléctrica fue Central Puerto, que generadora controlada por SADES que tiene entre sus socios a Nicky Capto, el mejor amigo de Macri.

 

Según el cronograma oficial, antes de febrero de 2017 se incorporarán al sistema 455 MW. Otros 327 MW ingresarán en julio del próximo año. Y en el verano de 2018, se sumará el último bloque de 1.134 MW.

 

Entre las empresas que salieron adjudicadas se encuentran Pampa Energía –del dueño de Edenor y reciente comprador de los activos locales de Petrobras, Marcelo Mindlin--, la petrolera YPF, Genneia, el grupo Albanesi y los proveedores de equipos Sullair, Aggreko, APR Energy y Secco.

 

La gran excluida fue Central Puerto, la generadora controlada por SADESA que tiene entre sus principales dueños a Nicolás Caputo, el íntimo amigo y socio del presidente Mauricio Macri.

 

Había presentado una propuesta para montar un ciclo combinado de 1.600 MW en la localidad bonaerense de Zárate. Los funcionarios encargados de evaluar las ofertas fundamentaron la exclusión en que no se encuadraba plenamente en los parámetros de la licitación y en el hecho de que la entrada en servicio prevista para 2019 excedía los 18 meses fijados como plazo máximo para el ingreso de la nueva generación al sistema eléctrico.