A cinco meses de haber sido ascendido de fiscal a juez de control del Fuero Penal y Económico Anticorrupción, Gustavo Hidalgo será denunciado hoy por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Con un escrito de 51 páginas, los legisladores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Juan Pablo Quinteros (Cambiemos) prevén realizar la denuncia a las 8.30 en la mesa de entrada del edificio de Tribunales II.

En la presentación en la que se detallan de manera pormenorizada las “omisiones dolosas” que se le achacan al por entonces fiscal, se concluye que “la manipulación en la admisión de pruebas, como también así la subjetividad en la valoración de las pruebas aportadas por los legisladores dejan en claro que el fiscal actuó para el favorecimiento personal de funcionarios públicos, ayudándolos a eludir sus investigaciones”.

En concreto, se objetan las ­pesquisas que llevó adelante ­Hidalgo y que concluyeron con el archivo de tres causas de resonancia en las que estuvieron implicados empresarios y políticos vinculados con las gestiones de Unión por Córdoba.

Una por una

La primera causa alude a Kolek­tor, la empresa privada que tiene la concesión del cobro de parte de los impuestos provinciales.

En 2014, tras la difusión de una serie de videos en los que se observaba al extitular de la firma Hermann Karsten ofreciéndole dinero de la pauta oficial al conductor de TV y hoy concejal Tomás Méndez a cambio de criticar a la oposición política, seis legisladores no oficialistas denunciaron la maniobra ante Hidalgo.

En los videos subidos a 
YouTube, Karsten habla en nombre del empresario y exfuncionario delasotista Horacio Miró cuando ofrece dinero “para sellar un pacto mafioso, para neutralizar a la oposición política”, sostiene la denuncia.

Los legisladores aseguran que Hidalgo, quien ordenó allanamientos a Kolektor y tomó declaración a testigos, archivó la denuncia centrándose en los videos editados y no en la versión en bruto subida más tarde por Méndez “donde se muestra claramente el ofrecimiento del dinero”.

“Tenía Hidalgo filmado todo: tiempo, lugar, circunstancias, acuerdos mafiosos expuestos, autores materiales e ideológicos. ¿Qué más necesitaba?”, se preguntan en el escrito en el que detallan una tras otra las “falencias en la investigación”.

La segunda causa en cuestión, también archivada, refiere al capítulo cordobés del megaescándalo de corrupción brasileño conocido como Lava Jato.

En el año 2008, el gobierno provincial adjudicó la construcción de los gasoductos troncales a las empresas argentinas Britos SA –propiedad de Miró– y Electroingeniería, y a las brasileñas OAS y Andrade Gutiérrez.

Precisamente, esas obras ­aparecen tres veces mencionadas en un listado que entregó el intermediario Alberto Youssef a la Justicia brasileña en la que se ­detallan los montos de coimas asignados a cada trabajo. Las obras en Córdoba aparecen con 28 millones de dólares, aunque sin establecer si el soborno se pagó y a quién o a quiénes.

Tras ser detenido, Youssef acordó con las autoridades colaborar en la investigación a cambio de atenuar su pena. En 12 oportunidades los legisladores cordobeses le solicitaron a Hidalgo el envío de un exhorto a Brasil para ­conocer pormenores de lo que había expuesto Youssef, pero nunca lo hizo.

Para desestimar la causa, Hidalgo habló de una “denuncia genérica” y concluyó como importante el hecho de que la obra no se concretó. Esa situación, razonó, “autorizaría a presumir y descartar la supuesta dádiva para hacer algo que no se hizo”.

Por último, el ahora juez optó también por concluir que nada había pasado respecto de la ejecución del Camino del Cuadrado, donde la constructora Britos SA tuvo una actuación polémica.

En esa causa se denunciaron cambios arbitrarios de la traza, múltiples incumplimientos a los pliegos de obra, frondosos costos en la ejecución y en las sucesivas reparaciones.

“Hidalgo entorpece la investigación penal preparatoria beneficiando a funcionarios públicos”, se lee en la denuncia. Y se agrega que esto explica que el exfiscal “haya omitido y disimulado evidencia fundamental para la causa”. Además, se lo cuestiona por no haber llamado a declarar al empresario Horacio Miró.