El descontrol administrativo dentro del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en los últimos años dejó a cientos de afiliados sin servicios necesarios para superar o sobrellevar alguna enfermedad discapacitante. De hecho, las denuncias de auditores y beneficiarios ante la Justicia describen un engranaje aceitado entre empresas prestadoras de servicios y la falta de controles.

"Me están puenteando a mi empresa. Acá está la hija de la paciente Delia Rodríguez que ustedes derivaron a la empresa Salud Adom, de Chacabuco. Eso es lo que me está diciendo. Está acá", se quejó por teléfono con un delegado de la obra social la médica que acababa de recibir a Graciela Bargues. Su madre, Delia, de 88 años, se había fracturado la pelvis y necesitaba "armar la carpeta" para solicitarle al IOMA el servicio de internación domiciliaria.

Graciela aún recuerda la excusa de la médica para negarse a escribir el resumen clínico de su madre, que consta en su denuncia judicial en La Plata. "En la Clínica Güemes, la doctora A. R. me dijo que no iba a trabajar para que otra empresa ganara dinero. Que tenía una empresa de internación domiciliaria. La fui a ver cuando otra médica de [la localidad de] Jáuregui me pidió 300 pesos para hacer la historia clínica de mi madre -continúa-. En la oficina de Luján de IOMA me dijeron que me comunicara con Salud Adom porque me iban a facilitar todo. Ahí me sugirieron contactar a una médica que se encarga de los papeles."

Y aunque Delia nunca consiguió recibir los servicios que necesitaba para recuperarse, su hija batalló hasta dar por azar con una copia de la autorización del IOMA de la prestación por tres meses y 21.600 pesos. Eso incluía controles médicos, una enfermera ocho horas por día y sesiones de kinesiología. "La angustia que pasé no me la saca nadie. La silla de ruedas, el andador y la chata los conseguimos con la ayuda de amigos cuando mi mamá tenía todo cubierto", recuerda Graciela.

Su caso es apenas uno de cientos conocidos hasta ahora en las investigaciones que impulsa un grupo de auditores de la obra social desde el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma). Ya hay dos denuncias judicializadas en la UFI N° 8 de La Plata. Una es la de Delia y otra, de unos 70 afiliados que no recibieron los servicios abonados a alguna de las más de 75 prestadoras de los módulos de internación domiciliaria. Otras 350 denuncias aguardan en una escribanía.

Los módulos de internación domiciliaria se dividen en categorías, de acuerdo con el grado de discapacidad y gravedad del paciente. Incluyen desde la atención médica y de enfermería hasta los insumos y los traslados que el paciente pudiera necesitar. El IOMA informó a la Justicia que otorgó 9174 prestaciones domiciliarias. Esto equivale a un gasto de unos 229 millones de pesos por mes que hay que investigar.

En las denuncias de los auditores Claudia Terrasa y Raúl Seillant, que preside el Supttioma y la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), también aparecen internaciones domiciliarias otorgadas a pacientes que ya murieron. "La gran masa de afiliados con un módulo asignado recibe un 10% de la atención que el IOMA está pagando o, directamente, no la reciben, aunque en los registros están cargados por unos 25.000 pesos -precisan los auditores a LA NACION-. En servicios como la internación y la nutrición domiciliarias, el módulo lo arma la empresa (prestadora) sin que el afiliado sepa de qué se trata el beneficio otorgado. Si se queja, le responde que es lo único que reconoció el IOMA o que hay problemas con los pagos. Es un engaño a cientos de afiliados y sus familiares."

Sobre la prestación que debía recibir Delia, Salud Adom dijo a LA NACION: "Cuando el IOMA la autorizó, lo que tardó como dos meses, fuimos a brindarla y la paciente, muy enojada, refería ya estar recuperada y no necesitar la internación domiciliaria, por lo que se negó rotundamente a recibirla. Como empresa, cumplimos en intentar dar el servicio el mismo día que nos dieron la autorización. Ante la negativa de la paciente, devolvimos el acta al IOMA y no facturamos el servicio". La hija de Delia asegura que la prestación no sólo se autorizó, sino que también se renovó.

Ojos que no ven

Otra irregularidad detectada es la repetición de los nombres de los médicos de las empresas que "arman" los módulos. Además, los afiliados se enteran de la autorización de una prestación por las empresas. O, como Delia, nunca lo hacen.

Cuando el prestador se comunica, las denuncias describen dos escenarios. En uno, la empresa ofrece un cheque o depósito para cubrir los honorarios de los profesionales hasta que el IOMA haga los pagos. "Hay cheques de hasta 4000 pesos que las empresas les entregaron a los familiares", dice Seillant con las copias en la mano.

En otros casos, luego de brindar el servicio por unos meses, la empresa le informa a la familia que debe abonar una diferencia, que le reintegrarán, porque es insuficiente lo que la obra social paga. "Lo que les depositan nunca es lo que los familiares abonaron", precisa Terrasa, coordinadora de Auditoría Médica de IOMA Región II Pehuajó. "Si a una empresa le parece insuficiente lo que la obra social le paga tiene que decírselo al organismo con el que firmó el convenio, no al afiliado."

Con la decisión del directorio de la obra social provincial en 2010 de tercerizar las auditorías de terreno, desde Apioma aseguran que los beneficiarios dejaron de recibir esas visitas para evaluar si reúnen las características clínicas para otorgar el servicio solicitado. "En el IOMA hacen caso omiso de cualquier rechazo de un auditor", asegura Seillant.

Otro caso irregular es el de Fortunato P. Un aviso fúnebre en un diario de 9 de Julio, donde vivía, permitió corroborar que el beneficiario había muerto el 31 de marzo de 2012. "La internación domiciliaria asignada no sólo seguía su curso, sino que, además, la esposa dijo que nunca fueron ni fonoaudiólogos ni psicólogos ni otros profesionales", contaron a LA NACION. Tenía dos trámites a su nombre: uno por la prestación (N° 2-588-2108-11) y otro por la renovación.

Angélica Cabrera, auditora médica de planta del IOMA, controló en 2012 si 10 afiliados recibían los servicios de internación domiciliaria. Aún conserva la documentación que se salvó de la inundación de La Plata. "En la historia clínica de Ilaria I. figuraba que tenía obesidad mórbida con artrosis en ambas rodillas, edema en los miembros inferiores y que usaba bastón para caminar -lee-. El médico solicitaba asistencia domiciliaria para ayudarla con la medicación, la higiene y controlar los signos vitales. También pidió una visita médica mensual. Cuando fui a su casa, me abrió la puerta y era una mujer de 1,60 que pesaba 57 kilos."

Cabrera también recuerda a un médico de Ensenada que repetía los modelos de historia clínica con distintos nombres para pedir servicios domiciliarios. "En algunos casos, el domicilio era inexistente o nunca habían solicitado la prestación", recuerda. En otro, el domicilio de una beneficiaria correspondía a un garage. También la castigaron por su trabajo en el Departamento Técnico y Científico de Medicamentos: se le ocurrió rechazar la cobertura al 100% de cremas anticelulíticas y drogas oncológicas de alto costo sin estudios de eficacia y seguridad.

"En los registros habían muchas irregularidades", dice sobre lo que ya declaró varias veces ante la Justicia. Y podría seguir hablando horas sobre las prestaciones facturadas, pero no brindadas, y sobreprecios que también se extiende a medicamentos (hay pacientes oncológicos que murieron y que siguen recibiendo el tratamiento) y prótesis.

Piden revisar la gestión anterior

"Estamos poniéndonos al tanto de todas las causas judiciales y a total disposición de la Justicia para colaborar con la información que necesite", dijo a LA NACION Sergio Cassinotti, que preside el IOMA desde el mes pasado. Reemplaza a Antonio La Scaleia, que desde 2010 dirigió la obra social con más de dos millones de afiliados y un presupuesto anual superior a los $14.000 millones.

Ayer, Cassinotti se reunió con la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma). Hablaron de las causas, que está revisando el nuevo equipo de asuntos jurídicos de la institución. "Queremos una gestión lo más transparente posible", dijo.

"Calculamos que en 16 meses se fueron por lo menos 2800 millones de pesos en sobreprecios, asociaciones ilícitas y estafas, como consta en nuestras denuncias", precisó el titular de Apioma, Raúl Seillant. Por eso, la entidad le solicitó a la Legislatura bonaerense una auditoría externa de corte "para saber en qué estado está la obra social".