Denuncian más hechos irregulares en el Ipesa

Quieren que el Ejecutivo informe sobre otras graves denuncias por supuestas "redes de contacto" en el Instituto. La directora de Políticas de Género del municipio santarroseño se presentó en la F.I.A.

Una grave denuncia que fue trasladada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas primero, y a la Justicia después, relacionada con la actitud de personas vinculadas con el Ipesa que podrían estar "estableciendo verdaderas redes de contactos vía celular y/o personal" ofreciendo "chicas en su mayoría menores".

La situación habría sido descripta el pasado 10 de junio de este año a la directora de Políticas de Género de la municipalidad de Santa Rosa, Mónica Molina, a través "de un escrito anónimo" en el que incluso se menciona el nombre de una persona "sindicado como uno de los principales impulsores y perpetradores de los ilícitos descriptos".

La novedad que da cuenta de sucesos incluso anteriores a los revelados por LA ARENA hace algunos días, sobre irregularidades en el Instituto Provincial de Socialización y Educación de Adolescentes, fue dada a conocer ayer a este diario por el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam), quien presentó un proyecto de resolución por el que se dirige al Poder Ejecutivo solicitando que "a través del organismo que corresponda" informe sobre el particular.

El legislador se reunió con la funcionaria municipal esta misma semana, y Molina lo impuso de la recepción "de un escrito anónimo. Queremos que el Poder Ejecutivo, responsable máximo del Ipesa, nos haga llegar una explicación completa y detallada de los ilícitos e irregularidades cometidos en ese instituto de menores", amplió.

La denuncia.

La directora de Políticas de Género trasladó el escrito que recibió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y el titular de este organismo, Juan Carlos Carola, lo presentó ante el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de Florencia Maza. La magistrada dispuso el archivo de las actuaciones, pero esa resolución fue apelada por el fiscal Mauricio Piombi y ahora pasó al Tribunal de Impugnación para ser revisada.

Por lo que trascendió en fuentes tribunalicias, en la denuncia figuraría el nombre de un operador del Ipesa y ninguno otro más. A partir de ese dato, la jueza instruyó a la Brigada de Investigaciones para que buscara más pruebas, pero esa búsqueda no dio resultados favorables y por eso archivó las actuaciones.

Concretamente la nota recibida por Molina dice textualmente que quienes la elaboraron lo hacían en carácter de grupo constituido por padres, hermanos, parientes y amigos en general que luchamos contra la prostitución de menores que se vinculan con la labor que usted (la funcionaria) realiza, y que se relaciona con el proyecto presentado y aprobada por la concejal (Alicia) Iribarren, acerca de la prohibición de whiskerías y cabarets de la ciudad".

Dicen sentirse consternados "por ver como empleados con labores en el Gobierno provincial, hacen de esto algo menor para jactarse con amigos sobre el manejo de chicas, usadas en asados" y que engañadas "y con la expectativa de trabajar en eventos, son invitadas sólo para dar placer a los participantes".

En una redacción algo confusa la nota continúa diciendo que "así también lo realiza en el grupo de varones, compañeros de trabajos, donde para que funcione el ofrecimiento se pone en duda la condición sexual del hombre (...)", y "hacen uso de la oferta femenina, llevándolas a habitaciones que arrienda al efecto". Agrega que "lo relevante de esto, y que precisamente lo agrava", sería la condición de empleado del Ipesa de quien alienta esa práctica, dado que se desempeñaría en un programa de egresos, por lo que conocería "en detalle la situación socio ambiental y económica de quienes pasan por allí". Y sostiene el escrito que también "su concubina" (la de la persona a quien se pretende acusar) "es también empleada de ese organismo" (...), "estableciendo verdaderas redes de contactos vía celular y/o personal, difícil por cierto de probar, en el ofrecimiento de estas chicas en su mayoría menores".

Un nombre.

Dice Berhongaray que el escrito entregado a la funcionaria municipal "menciona el nombre de una persona de sexo masculino, que resulta sindicado como uno de los principales impulsores y perpetradores de los ilícitos descriptos". Agrega que "por carecer de pruebas efectivas sobre lo sucedido" debe reservar el nombre de esa persona.

El legislador le dijo a este diario que Molina "promovió la pertinente denuncia ante el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, acompañando copia íntegra del documento. Es decir, en la denuncia radicada figura el nombre y demás datos de la persona implicada".

Berhongaray señaló que la solicitud de informes al Ejecutivo complementa el pedido del Frepam por el que se invita a la ministra Cristina Regazzoli y al subsecretario de Políticas Sociales Pedro Freidenberger, para que informen sobre los presuntos maltratos físicos y abusos sexuales denunciados en el Ipesa. El legislador informó finalmente que copia del escrito le fue entregada también al Director de Acción Social de la Provincia, Marcelo Díaz, quien se habría manifestado "preocupado" por la situación, aunque desconoce si realizó alguna acción efectiva.

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