Los organismos de Derechos Humanos de la provincia denunciaron que el gobierno de José Manuel de la Sota “abandonó” a los tres Sitios de la Memoria de Córdoba, lo que se trasluce en una “asfixia presupuestaria” que impide llevar a cabo programas y objetivos.

María del Carmen Torres, de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, explicó a LA MAÑANA que la ejecución presupuestaria para el sector “viene bajando cada año”. En lo que va del año, los sitios recibieron apenas el 22,8% de los $ 3,5 millones adjudicados en el Presupuesto 2014. “Nos transfirieron 800 mil pesos antes del 24 de marzo, y luego tres partidas de 160 mil pesos, y ya estamos en setiembre”, señaló la dirigente. Al ritmo de las actuales transferencias, este año se ejecutará menos que en 2013, cuando se transfirió el 50% de los fondos previstos.

Córdoba tiene tres sitios de la Memoria que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Graciela Chayep: los ex centros de detención ilegal y torturas La Perla y Campo de la Ribera, y el Archivo de la Memoria de la ex D2. En este último también funciona el Museo de la Memoria. Todos tienen actividad abierta a la comunidad, talleres y visitas guiadas. Según Torres, la escasez de recursos no permite avanzar con las tareas previstas, y los sitios deben buscar financiamiento en otras áreas del Estado provincial, en dependencias de la Nación e incluso en concursos internacionales.

Todos estos temas se ventilarán en una conferencia de prensa que darán hoy a las 11 los organismos de Derechos Humanos en la Biblioteca del Archivo de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66).

Críticas y ¿represalias?

No existe una buena relación entre los organismos de derechos humanos cordobeses, estrechamente vinculados a los sitios de la Memoria, y el Gobierno provincial. Desde estas organizaciones vienen criticando fuertemente la política de seguridad que implementa el delasotismo, fundamentalmente en lo que hace a la violencia policial e institucional. Torres destacó las críticas lanzadas por los organismos a la práctica de los “corralitos” donde la Policía de Córdoba exhibe a los jóvenes de barrios pobres que detiene tras violentas razzias. También hubo fuertes comunicados por los casos de “gatillo fácil” en Córdoba y por distintas acciones policiales o políticas reñidas con la política de derechos humanos. En ese sentido, dijo que la asfixia financiera responde a una cuestión “política” sobre dónde se ponen los recursos del Estado y con qué fines.

La tirantez viene de lejos. El 24 de marzo de 2004, en el aniversario número 30 de golpe de Estado de 1976, De la Sota dijo irónicamente que “las madres (de los desaparecidos) deberían haber cuidado mejor a sus hijos”. Ese mismo día, el entonces presidente Néstor Kirchner descolgó los cuadros del dictador Jorge Videla de las paredes del Colegio Militar, en Buenos Aires.

“Nuestra posición sobre la política de seguridad del delasotismo es un elemento de tensión”, admitió Torres, quien también deslizó que hay posiciones distintas respecto a la cuestión de la memoria por los crímenes de la última dictadura militar. De hecho, el gobernador no asistió a ningún juicio por violaciones a derechos humanos que se realizaron en la Justicia Federal local.

Personal

Otro tema que complica la actividad en los sitios de la Memoria es la falta de personal. Los únicos trabajadores con estabilidad son los titulares de los espacios: Emiliano Fessia, de La Perla; Ludmila Da Silva Catela, del Archivo Provincial; y Mario Paredes, de Campo de la Ribera. “El resto son todos contratados, y cuando alguno se va, no es reemplazado”, señaló la vocera que habló con este diario, quien afirmó que se han perdido nueve cargos en los últimos tiempos.

Los sitios de la Memoria fueron creados en el marco de la Ley de la Memoria, que también fundó la Comisión Provincial de la Memoria (Ley 9286), en marzo de 2006, durante la anterior gestión de De la Sota. La iniciativa fue del entonces vicegobernador Juan Schiaretti. Torres destacó que cuando Schiaretti fue gobernador de Córdoba, los sitios no tuvieron problemas presupuestarios ni de personal. “Pero si hay una ley, que incluso se sancionó mientras De la Sota era gobernador, tiene que ser respetada”, dijo.