Denuncian que el gobierno municipal “quiere provocar una guerra de pobres contra pobres".

Mientras continúa la toma de un complejo habitacional por parte de medio centenar de familias en reclamo de viviendas dignas; este jueves culminó sin acuerdo la instancia de mediación penal entre la defensa de los ocupantes y los representantes de la Municipalidad , el Instituto Provincial de la Vivienda y la empresa constructora, por lo cual el conflicto deberá dirimirse en la Justicia. En diálogo con 0223.com.ar, el Dr. Juan Pablo Gelemur, letrado patrocinante de los damnificados, aseguró este jueves que, a través de una presentación, la Comuna “consintió la medida cautelar y no hizo un quebramiento ninguno respecto ni del amparo ni de la ocupación”.
“Lo que se soslaya aquí es que están esperando que estalle una guerra de pobres contra pobres; o la están queriendo provocar, lo que sería mucho peor dada la función que ocupan”, disparó.

El conflicto se suscitó el pasado jueves 15, cuando alrededor de medio centenar de familias tomaron de manera pacífica un complejo habitacional a medio construir, ubicado en la calle 49 entre Friuli y Pehuajó del barrio General Pueyrredón, alegando que ellos son los beneficiarios de las mismas.

"El Municipio nos prometió en marzo del año pasado que íbamos a tener nuestra vivienda digna; en noviembre nos aseguraron que iban a terminar las casas, pero no lo hicieron y es una vergüenza", criticaban los manifestantes, al tiempo que la secretaria de Desarrollo Social de la Comuna , María del Carmen Viñas, aclaraba que “las viviendas tomadas corresponden al “Plan Dignidad”, destinado a la relocalización de los habitantes de la Villa de Paso”.

En tanto, el viernes, el Dr. Juan Tapia del Juzgado de Garantías Nº 4, dictaminó que debe garantizárseles comida y agua a los ocupantes del complejo habitacional, luego de que el Dr. Juan Pablo Gelemur, en representación de los manifestantes, interpusiera un recurso de amparo junto a una medida cautelar para asegurar la provisión de elementos de primera necesidad mientras se extienda la ocupación.

Finalmente, durante la madrugada de este jueves culminó sin acuerdo de mediación penal de la que participaron autoridades del Ministerio de Obras bonaerense, integrantes del Instituto Provincial de la Vivienda , Javier Pérez y Miguel Bartolucci; el secretario de Legal y Técnica municipal, Dr. Martín Colombo, además de representantes de la empresa constructora de las viviendas. Asimismo, asistieron tres miembros de las familias ocupadoras, junto con el abogado que los patrocina, Juan Pablo Gelemur.

En diálogo con 0223.com.ar, el Dr. Gelemur dijo que “concluida esa instancia, el expediente pasó a la Fiscalía de la Dra. Graciela Trill”.

En lo que refiere a los pasos judiciales procedimentales a seguir, el letrado señaló que “ahora se deberá dirimir en la Justicia este conflicto”.

“Hoy por hoy el estado ha planteado la elevación de esta situación como una usurpación, por lo cual han creado una Instrucción penal Preparatoria (IPP), a través de la que se investigará ese delito”, reflejó.

En contrapartida, la defensa de los ocupantes planteó “tres estrategias judiciales distintas y que a su vez se interrelacionan”, según explicó Gelemur a este vespertino digital.

“Por un lado, ya está presentado el amparo del 15 de enero, con la espera hasta el 2 de febrero para el sorteo y su posterior resolución –mientras hay una medida cautelar a nuestro favor-, y por el otro, ya tenemos una disputa directa en relación con el tema de la usurpación, por lo que para un eventual desalojo ya presentamos un hábeas corpus preventivo ante el Juez de Garantías Tapia para que se cumplan las normativas internacionales y que forman parte de indisoluble de la Constitución Nacional y que en caso de desalojos colectivos y forzosos deben cumplirse”, relató.

Esas normativas a la que el abogada hizo referencia son Tratados de Derechos Humanos y Económicos, Civiles y Culturales que establece que “en caso de desalojo en una situación masiva, se tienen que dar una serie de recaudos, como la presencia del Juez de Garantías y de Asistentes Sociales, relevamientos previos y, fundamentalmente, que el desalojo sea con rumbo a otras viviendas”.

“A su vez –agregó-, y ya atacando de forma directa la imputación por usurpación, hemos presentado este jueves en la Fiscalía de la Dra. Trill un escrito solicitando el archivo de las actuaciones por un criterio que puede adoptar la Fiscalía y que eventualmente puede acatar el Juez de Garantías dado el planteo que hacemos de un estado de necesidad por parte de quienes desarrollan la ocupación. Si bien la actividad estaría dentro del Código Penal, encontraría justificación en su estado de necesidad, y ello borraría el carácter ilícito del accionar en las viviendas de 49 entre Friuli y Pehuajó”.

En tanto, Gelemur aseguró que hasta el momento “no hay avances en cuanto a un desalojo y estamos en calma porque no se avizora que esto pueda llegar a tener un resultado represivo”.

Por otra parte, y en relación con la posibilidad de que se genere un foco de violencia o enfrentamientos entre vecinos de las casas del complejo y sus ocupantes –riesgo que del que, desde un principio, el oficialismo responsabilizó al Juez Tapia- el Dr. Gelemur subrayó que este jueves tuvo acceso a una reciente presentación de la Municipalidad cuando fuera notificada de la medida cautelar que se dio en el marco del amparo, “y en la consintió la medida cautelar y no hizo un quebramiento ninguno respecto ni del amparo ni de la ocupación”.

“Lo que se soslaya muy claro en esa presentación es que se está esperando que estalle una guerra de pobres contra pobres; o la están queriendo provocar, lo que sería mucho peor dada la función que ocupan”, disparó.

En ese sentido, el letrado consideró que “lo más importante es que quienes tendrían que ir a generar esa violencia, que son vecinos de otra parte de la ciudad y que viven iguales padecimientos o más, porque de generación en generación han sido maltratados en la Villa de Paso; están dando una lección de vida, ya que no son arriados como ciertos dirigentes pretenden y que buscan que sean llevados a una confrontación con sus pares”.

“Ellos (por los habitantes del asentamiento de Paso) tienen en claro que acá el problema es de quienes detentan el poder y no de los perjudicados de esta situación”, finalizó.

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