Denuncian que una fundación se queda con plata de cooperativas

Ergon administra los fondos de 6 cooperativas que trabajan para el Estado. Dos mujeres que dirigían una de ellas revelaron que les hacían firmar cheques en blanco y que la fundación no le pagó a la Afip ni a la obra social. Además, cobraban apenas 780 pesos. Su abogado habla de una asociación ilícita
La Fundación Ergon opera en un minúsculo departamento de General Paz al 1302. Allí, en ese monoambiente se administran los recursos de seis cooperativas que nuclean a 106 personas humildes que trabajan para el Municipio. Ni en el gobierno de Juan Jure saben cómo esa fundación llegó a monopolizar desde hace tres años el manejo de los fondos que suman más de 127 mil pesos por mes.

Ahora, dos mujeres que presidían una de las seis cooperativas -Informática Riocuartense Limitada- denunciaron que les hacían firmar cheques en blanco para, en teoría, pagar los aportes a la obra social y el monotributo en la Afip. Sin embargo, cuando Paola Castagnino y Mercedes Rosales fueron a confirmar si los depósitos se habían realizado, se encontraron con que la administradora, precisamente la Fundación Ergon, había acumulado incumplimientos. La obra social estaba cortada y la Afip registraba deudas abultadas.

La denuncia llegó al Concejo y, por eso, dos bloques opositores -la Coalición Cívica y el Frente de la Gente- presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo conteste si en el pago de los subsidios a las cooperativas de trabajo interviene alguna otra persona jurídica privada. “El proyecto es para aclarar la situación conocida por los firmantes, en la que el monto recibido por el grupo de integrantes de la cooperativa no coincidiría con el subsidio acordado por la administración”, señalan en el proyecto Eduardo Scoppa y Enrique Novo.

Los concejales tienen información de que el Estado aporta 1.300 pesos por cada cooperativista que le presta servicios pero a sus bolsillos llegan sólo 780 pesos. Es decir, pierden en el camino casi la mitad de sus ingresos.

Las 106 personas que reciben el subsidio municipal eran beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Para evitar que siguieran cobrando los 150 pesos de miseria que contemplaba ese programa nacional, el Municipio puso en marcha las cooperativas de trabajo que ahora contrata para tareas administrativas y de limpieza.

Cuando detectaron las irregularidades, Castagnino y Rosales se hicieron asesorar jurídicamente. Ahora, el abogado Paulo Rodríguez asegura que, como mínimo, existe una asociación ilícita para quedarse con dinero de las cooperativas. Pone como ejemplo a Informática Riocuartense Limitada, que cobra del Municipio 41 mil pesos por mes pero que, en realidad, gastaría no más de 26 mil pesos entre sueldos, impuestos y gastos. Del resto, dice Rodríguez, no se conoce su destino. Y le apunta a Ergon.

“A estas dos personas les hacían firmar documentación en blanco. Entonces, comenzaron a dudar porque, en teoría, eran cheques en blanco que después se usarían para pagar el monotributo y la obra social. Pero se encontraron con la que obra social estaba impaga y cortada y con que eran deudores en el monotributo. Empezaron a investigar y descubrieron que ni siquiera se podía determinar exactamente cuánta gente formaba Informática Riocuartense. Serían 33 pero no se conocen entre sí, no saben dónde prestan funciones. Tampoco nadie vio los balances”, dijo el abogado.

Y agregó que hubo una reunión con Guillermo Aón (secretario de Desarrollo Social). Al parecer, la Municipalidad fue la única que recibió los balances. “Nos dijeron que ellos percibieron que los gastos estaban inflados pero que no podían hacer nada”, detalló Rodríguez.

El 23 de junio pasado, Castagnino y Rosales, presidenta y la secretaria de Informática Riocuartense, intimaron por carta documento a la Fundación Ergon para que presentara una rendición de los balances de 2007 y 2008 -que ellas no habían visto nunca-, de los estados bancarios y de las deudas y acreencias. Intentaron dejar de lado la administración de la Fundación pero, como respuesta, fueron separadas de sus cargos.

Lo curioso es que, para echarlas, se convocó a una asamblea, que lleva el Nº1. Es decir, fue la primera vez que hubo una asamblea en más de dos años y medio de funcionamiento.

Rodríguez, el abogado de las dos mujeres, señala que hoy no se sabe quién dirige Ergon. El último presidente fue Martín Gallero pero se habría apartado. “Nadie conoce de dónde salió esa fundación, ni cómo apareció organizando todo para el Municipio en 2006. Las cooperativas están en un estado total de desorganización y no tienen ni síndicos. En teoría, cuando se agruparon, tenían la facultad de elegir si aceptaban o no a Ergon pero, de hecho no fue así”, dijo el abogado.

En los pasillos del Concejo señalan que la Fundación Ergon tiene relación con Humberto Benedetto, secretario de Programación Comunitaria. “No es así. Me llamaron para editar Quinto Poder, un periódico de la Fundación. Mi trabajo se limitó a eso y después, cuando asumí en el gabinete, ya no tuve tiempo”, dijo Benedetto.

Osvaldo Córdoba, subsecretario de Gobierno, dijo que conocía la denuncia pero que el Municipio no tiene relación con Ergon sino con las cooperativas.

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