Denuncian la existencia de una "excesiva" presión tributaria sobre el sector salud

El sistema sanitario argentino soporta una "fortísima presión tributaria" que distorsiona sus costos y termina conspirando contra la atención de los pacientes, por lo que prestadores y financiadores del sector reclamaron cambios en la estructura impositiva para concretar un mejor aprovechamiento de los escasos recurso con que cuenta el sistema.
El tema fue debatido este jueves en el marco del XII Congreso Argentino de Salud organizado por ACAMI en Ushuaia, durante un panel dedicado al "Impacto de los costos laborales e impuestos en los precios de la atención médica".

Los reclamos fueron formuladas por el titular de las clínicas y sanatorios nucleadas en ADECRA, Francisco Díaz; el titular de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (ADEMP), Pablo Giordano; el director de la Universidad Austral, Enrique Pérez Gras; y el secretario de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad – Buenos Aires, Héctor Daer.

En el sector existe preocupación porque, a la falta de financiamiento, se suma una presión tributaria que afecta la ya de por sí baja rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, y complica los servicios que brindan los hospitales de comunidad, las obras sociales y otros centros clave en la atención de la salud.

Además, Giordano alertó sobre el impacto de la inflación en los costos del sistema sanitario y explicó que el aumento en los insumos distorsiona el esquema de prestaciones, y resaltó que en el total de la cuota de una empresa de medicina prepaga, los impuestos representan el 27 por ciento del costo.

Por su parte, Enrique Pérez Gras, de la Universidad Austral, consideró que los costos en el sector salud están muy influenciados por los recursos humanos, que representan en promedio aproximadamente el 65%.

La combinación en cadena de impuestos al trabajo sumado al IVA, potencia los efectos de la carga impositiva, llevando la tasa efectiva al 51%, es decir, 51 pesos de impuestos por cada 100 pesos que el trabajador recibe como remuneración total.

Pérez Gras reclamó reducir los impuestos exorbitantes sobre el trabajo que "son un fuerte desincentivo para la creación de empleos en nuestra actividad, que combina trabajo con equipos y tecnología capital intensiva" e indicó que según datos del Banco Mundial, para terminar una relación laboral, en Chile tiene un costo de 52 semanas de salario, en Uruguay 31 y en la Argentina 95, dijo Pérez Gras.

Es decir, un despido en la Argentina cuesta el doble que en Chile y tres veces más que en el Uruguay.

En cuanto a la inequidad fiscal, puso como ejemplo que un habitante de bajos ingresos que consume todo su salario abonará el 21% en concepto de IVA, mientras que otro de altos ingresos que consume sólo una parte de ellos, pagará una tasa final menor calculada sobre su capacidad contributiva.

Por su parte, el titular de ADECRA, Francisco Díaz, consideró que el "alto costo no salarial (cargas sociales) de la contratación en relación de dependencia, indujo a las instituciones a apelar a la relación contractual del pago por honorarios" que en muchos servicios centrales están siendo entendidas como relaciones de dependencia encubierta.

Explicó, asimismo, que el pago de Contribuciones Patronales representa para el sector prestador el 8% sobre una masa salarial total de $ 600 millones mensuales, de los cuales el 16% ($96 millones mensuales) corresponde a contribuciones a la ANSeS.

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