Denuncian desvío de dinero destinados a los productores

Por medio de la alteración de planillas y robo de facturas, se habrían quedado con fondos destinados a plantadores de caña de azúcar. Apuntan a técnicos del IFAI y de APTM

Posadas. Productores tabacaleros y el diputado provincial Héctor Bárbaro denunciaron que inspectores del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai) y de la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones (APTM) desviaron fondos que tenían como objetivo subsidiar la plantación de caña de azúcar entre los tabacaleros de San Javier. Esta no es la primera denuncia de presunta corrupción que involucra al IFAI en movimientos turbios en la zona de la cuenca azucarera de la provincia (Ver apartado).

Por su parte, el titular de APTM desvinculó alguna responsabilidad de los miembros sobre el hecho.

La Nación destinó 1,5 millones de pesos para los productores tabacaleros misioneros, con el fin de incentivar la plantación de caña de azúcar, pero sólo parte de ese dinero llegó al bolsillo de algunos productores.

Según denuncian los productores y el diputado Bárbaro, un grupo de empleados del IFAI y de la APTM se habrían quedado con parte de esos fondos que correspondían a los productores. El mecanismo empleado por los denunciados, según los damnificados, fue la alteración de las planillas de pago para quedarse con la diferencia de lo que se oficializa y lo que realmente recibe el productor.

Jeremías Porto, productor tabacalero de San Javier, fue damnificado por esta maniobra y denunció judicialmente los mecanismos empleados. Por su parte, el diputado Bárbaro también realizó una denuncia pública y desvinculó de este caso al Gobierno de la provincia y apuntó directamente contra los inspectores de las entidades.

“El Gobierno piensa que están plantando caña para 500 hectáreas, que es para lo que se enviaron los fondos, pero solo hay 100 hectáreas. El Gobierno no tiene nada que ver en esto, acá el problema son los inspectores que se están quedando con la plata”, manifestó.

Según denunció el legislador, los productores reciben una parte del dinero de la caña de azúcar plantada, pero en las planillas oficiales figuran montos muy superiores y muchas veces aparecen como descuentos tareas de mantenimiento y siembra que nunca se realizaron.

La denuncia judicial

Jeremías Porto, productor tabacalero, radicó el 2 de diciembre pasado una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción 5 de Leandro N. Alem donde deja constancia que cobró un subsidio de 2.200 pesos por plantar 1,5 hectáreas de caña de azúcar, pero que tiempo después se enteró que en su carpeta del subsidio figuraba que había plantado 11,5 hectáreas y que había recibido 11 mil pesos como subsidio.

“Me dio -refiriéndose a un instructor de la cooperativa azucarera- 2.200 pesos en efectivo y me hizo firmar un recibo y yo soy analfabeto y no se qué firmé”, reza la denuncia del productor a la que El Territorio pudo acceder. Y agrega: “en el mes de octubre de 2008 se presentó en mi casa un contador de la fábrica y me preguntó cuántas hectáreas había plantado de caña, si eran 11 hectáreas que había plantado y yo le dije que no, que todavía no había plantado nada”.

“Me dijo -refiriéndose al contador- que eran once mil pesos que me habían dado y que yo había plantado 11,5 hectáreas, que figuraba en la carpeta. Recién ahí yo me enteré”, continúa la denuncia.

El productor también manifiesta que los involucrados, a quienes denuncia con nombre y apellido ante la Fiscalía, estaban muy molestos porque él había comentado con otros productores la situación.

“Me dijo -refiriéndose a un ingeniero del Ifai- que no era para comentar a nadie ni que venga la Presidente, no era para darle explicaciones y también que quería arreglar ahí”, manifiestó el productor., En otro pasaje de la denuncia expresó: “estaban enojados porque esa plata era para ellos y no querían que nadie se entere pero el que iba a tener que pagar soy yo y no tengo de donde sacar porque no tengo 11 hectáreas ” sembradas.

Finalmente Porto manifestó tener temor que le descuenten del tabaco la diferencia que no podrá entregar de caña y sostiene que son varios los colonos en la misma situación.

Según el diputado Bárbaro, son varios los mecanismos empleados por los funcionarios de estas entidades, para apropiarse de una parte de los fondos que corresponden a los productores.

El más directo de los mecanismos que el legislador tuvo conocimiento es la coima, a través del cual los inspectores arreglan con los productores la entrega de una determinada suma como subsidio a cambio de un porcentaje, del monto total.

Pero hay mecanismos aún más graves. “Se llevan los factureros de los colonos para facturar la caña, le roban hojas originales y luego le devuelven el facturero, con esos originales facturan servicios de carpida o siembra que nunca realizaron y le hacen los descuentos para quedarse con una parte del subsidio”, afirmó el legislador.

Bárbaro responsabiliza directamente a los inspectores del IFAI y de APTM de estar involucrados en estas maniobras. “Alguien tiene que tomar medidas sobre esto, se están aprovechando de los pequeños productores. Los responsables deben renunciar a sus puestos o ir presos, algo hay que hacer”, afirmó.

Ayer, este medio buscó comunicarse con autoridades del IFAI, pero los intentos fueron fallidos.

Por su parte, Ari Klusener, presidente de APTM, manifestó “no tenemos nada que ver con eso y si lo denunció tendrá que demostrarlo, no creo que alguien nuestro tenga algo que ver con ese hecho”.

El dato

$1.500.000

es lo que llegó, desde el Gobierno nacional a la Provincia para subsidiar la plantación de 500 hectáreas de caña de azúcar. Los productores recibieron sólo una pequeña parte de ese monto.

Sobreprecios para exportar azúcar

A mediados del año pasado, se radicó una denuncia por el supuesto cobro de “sobreprecios” por parte del Instituto de Fomento Agrícola e Industrial (Ifai), para facilitar la exportación de azúcar orgánica proveniente del ingenio azucarero de San Javier. La investigación se inició con una presentación de un empresa de Bélgica y el monto que habría solicitado rondaría los 18.000 euros por cada embarque. La empresa contó que había pagado en varias oportunidades pero presentó su reclamo cuando un funcionario del Ifai pidió que desde ese día en más depositaran el dinero en una cuenta bancaria fuera de la Argentina, supuestamente para agilizar el trámite. La causa se inició con una investigación de oficio que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación a partir de un planteo de la empresa TFG Global Limited con base en Londres. Con la documentación recopilada y ante la eventual presencia de algún tipo de delito, remitió el expediente a un Juzgado Federal de Buenos Aires. La Justicia federal terminó inhibiéndose y trasladó el expediente al Juzgado de Instrucción Número 2 de Posadas, a cargo del juez José Luis Rey, con el expediente Nº 84. Según la denuncia el pago de sobreprecios había comenzado en agosto de 2007.

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