El director ejecutivo de la Acumar, Julio Torti, un hombre que responde directamente al secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, quedó en el ojo de la tormenta por comentarios de apoyo a represores de la última dictadura militar que habría lanzado en las redes sociales.

Torti es ingeniero químico e ingresó a principios de año al organismo encargado de la limpieza del Riachuelo en representación de Aysa, que está bajo la órbita de Chain. Antes de desembarcar en la función pública, Torti fue Gerente General de Environmental Resources Management (ERM), una firma de consultoría ambiental.

 

Según denunció Prensa Obrera, el medio de difusión del Partido Obrero, tiempo atrás Torti escribió en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: “¿Y a los terroristas genocidas que mataron inocentes? ¿Para cuándo les llegará la justicia?”. Tras la difusión de la nota, el mensaje fue borrado de la cuenta.

 

No fue el único mensaje de Torti reivindicando la teoría de los dos demonios. El funcionario también difundió varios posteos del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), un grupo que reclama la libertad de los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

 

De acuerdo a la publicación, el director de Acumar es hijo de Julio Antonio Torti, un ex vicealmirante de la Armada fallecido hace algunos meses. Torti padre había sido acusado por 25 secuestros y 23 torturas mientras se desempeñó como comandante de Operaciones Navales en la ESMA. En 2005 la Justicia declaró inconstitucional el indulto con el que se lo había beneficiado. El ex militar era uno de los enjuiciados en la Megacausa Esma III, que está pronta a llegar a la etapa de las condenas.

 

La información sale a la luz luego de las polémicas generadas por distintos funcionarios -incluido el propio Mauricio Macri- respecto al número de desaparecidos y las críticas que recibió el gobierno por recibir a grupos que defienden a ex represores y por el supuesto crecimiento de las prisiones domiciliarias de condenados por delitos de lesa humanidad, que el Gobierno dejará de apelar.