Denuncian que con el aumento del boleto se busca más recaudación

A una semana de la aplicación del aumento en el boleto del transporte público urbano, acordado entre el Gobierno y las empresas de Transporte, algunos sectores de la oposición señalaron que el incremento fue estipulado de manera aleatoria ya que aún no está acordado el precio por kilómetro que se abonará a las prestadoras del servicio.
Además, sospechan que esta medida esconde una estrategia para lograr mayor recaudación en un año marcado por las elecciones legislativas.

Aunque todavía no empieza a regir el incremento para micros de media y larga distancias, el aumento del boleto urbano ya generó malestar entre los usuarios, que no perciben mejoras en la frecuencia del servicio ni en el estado de las unidades.

Según el senador del Consenso Federal (ConFe) Mario Salomone, “el incremento se realizó de manera desprolija y no queda en claro en base a qué estudios se definió que el aumento sería de $0,30 para los micros urbanos”.

Desde el Gobierno argumentaron que los fondos obtenidos a partir de la nueva tarifa se destinarán al fondo compensador de contingencias de Transporte. De esta manera, el Estado provincial no deberá incrementar el subsidio al transporte, frente a los recortes en el envío de fondos de la Nación.

Sin embargo, el legislador declaró a Ciudadano que este fondo tiene para este año $68,5 millones –una cifra superior en $6 millones que la de 2008–, de los cuales el Estado destina $36 millones al subsidio del transporte urbano. “Con el nuevo boleto, las doce líneas urbanas que transportan 15 millones de pasajeros por mes dejarían una ganancia anual de $50 millones para el Estado, quien se queda con la recaudación, ya que a las empresas se les paga por kilómetro recorrido”, sostuvo Salomone.

Por otra parte, desde la Comisión de Obras Públicas del Senado sostienen que el decreto 1.328 firmado por el Gobierno y que deroga el 992, permitió que se modificaran los criterios de la ecuación polinómica que establece los subsidios para el Transporte, así como el tiempo de revisión de los mismos, que ahora se establece en un año. “Esto ya generó una demanda de las empresas, que consideran que esta modificación es inconstitucional. Esperamos que esto no termine en dinero que tenga que pagar el Estado”, finalizó el senador.

En cuanto a esto, el director de Vías y Medios de Transporte, Andrés Da Rold, afirmó que no se debe opinar tan ligeramente sobre estos asuntos. “Como dice el refrán: A palabras necias, oídos sordos”, sentenció el funcionario, a la vez que afirmó que cuando los inviten desde la Legislatura acudirán a dar sus argumentos.

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