Denuncian al adjunto de ATE Hurlingham-Ituzaingó

El secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la seccional Hurlingham-Ituzaingó, Hugo Gómez, denunció públicamente a sus compañeros de la conducción del gremio por fraguar documentos.
Esta maniobra les habría permitido incluir en la lista de la elección interna pasada a personas que por ley lo tenían prohibido.

Con documentos que refrendan su anterior acusación y una denuncia penal en la mano, el funcionario gremial visitó la redacción de El diario y relató los pormenores de la situación que está atravesando junto a otros afiliados.

–¿Cómo comenzó la investigación?

–Ante una denuncia recibida por parte de compañeros de ATE, uno de ellos vocal y otro afiliado. Me presentan una nota el 17 de agosto de 2008, el firmante es Omar Vila y Marcelo Vicio. Ellos me piden que se investigue la presunta falsificación de documento público porque el secretario general adjunto del gremio, no tendría la antigüedad necesaria para presentarse a ese cargo dentro del gremio.

–¿Cuál era el supuesto documento falsificado?

–Ellos detectaron que estaban fraguados los recibos de sueldo del secretario general adjunto, Roberto Giussani, que es el que fragua los documentos públicos para poder ser candidato en la elección. Los afiliados aseguraban que este muchacho había entrado a trabajar al mismo tiempo que otro, y que no tenía la antigüedad que decía en el recibo. A otro compañero también le ofrecieron participar de una falsificación pero dijo que no, él también se presenta como testigo en la causa.

–¿Usted qué hizo ante la denuncia?

-Yo me tomé el tiempo de recorrer las distintas dependencias de la Provincia de Buenos Aires, presenté una nota y conseguí la fotocopia de los originales del recibo de sueldo de Roberto Giussani, en donde constatamos la falta de antigüedad para poder participar en las elecciones internas.

–¿Después qué hizo?

-Luego de eso, le doy la razón a los afiliados y les digo que tenían que hacer la denuncia correspondiente en la Justicia, y estos compañeros la hicieron. Se hizo la denuncia penal y la denuncia administrativa. La penal ya está en la UFI N° 3 del doctor Ferrari y en el Juzgado de Garantías N° 3 de Robles. Esto se presentó, aproximadamente, el 14 de marzo. Pero hubo otros hechos dudosos, porque empezó a renunciar parte de la comisión del gremio.

–¿Quiénes renunciaron?

–El 18 julio, el secretario de finanzas de la seccional Hurlingham-Ituzaingó, Daniel Díaz, presentó su renuncia en donde, entre otras cosas, dice: «Lo que más me llevó a tomar esta decisión fue que revisando unos papeles de gastos del mes de enero encuentro algo parecido a mi firma, o sea que me falsificaron la firma». Esto lo acompaña con la fotocopia de un recibo de gastos a rendir, número 0126, donde él mismo señala que hay una firma falsificada. Esta va a ser otra causa penal.

–¿Renunció alguien más?

–Luego renunció el vocal titular. Presentó una carta que dice que ante las denuncias debe renunciar por su buen nombre y honor. Es decir, los componentes de la lista Verde renunciaron casi todos. Hay otro compañero que envió una carta de dos carillas preguntando cuál fue la causa del alejamiento de las personas que se fueron, y dice que él tampoco está de acuerdo con esto. La mayoría de los vocales renunció, los revisores de cuentas también. Queda solamente el secretario general, Antonio Borja; Guiussiani; Lucía Misul; Reina; Ester Mendoza, que es secretaria de organización; Marcela Correa,

Marisa Gómez, y yo, que conservo el cargo pero estoy de comisión. El resto se fueron todos.

-¿Cómo encaró la investigación?

-Yo pedí ayuda a varios compañeros, entre ellos a los de la lista opositora que es la multicolor, como para poder llevar a cabo la investigación en conjunto y mostrar lo que estaba pasando, pero hicieron oídos sordos a todo este reclamo. La única persona de esta lista que nos acompañó fue Susana Isla.

-¿Además de la denuncia penal realizaron alguna otra gestión?

-Se presentó una denuncia en el Consejo Escolar de Hurlingham, donde trabaja esta persona. La nota fue recibida el 20 de Marzo y la presidenta del cuerpo tiene cinco días para elevarlo a la Provincia para que tome cartas en el asunto. Esto no se hace en función de perjudicar a determinada persona, es para resguardar los intereses del afiliado de ATE y de la organización sindical.

También se puede decir, como alguna vez dijeron, que los que estábamos detrás de esto es porque necesitábamos plata, pero sinceramente, si fuese eso, no estaría haciendo esto, porque para tapar esto, muchas veces te ofrecen cosas, como me han ofrecido.

Comentá la nota