Denuncia del Sitraj: ¿un gesto de insolidaridad?

En el Gobierno creen que se trata de una medida exagerada dado el escenario económico del país y el mundo. "La deuda flotante obliga a contener el gasto público en la provincia", se dijo desde el Ministerio de Hacienda, pero al parecer el gremio que representa al Poder del Estado mejor pago de los tres no entiende de estas situaciones.
Mientras muchas áreas sufrirán retracciones en sus presupuestos y se está viendo cómo reformular las obras públicas para no desestabilizar el trabajo de miles de correntinos, los judiciales reclaman el adicional de 500 pesos por única vez que la Administración Pública no pudo tener porque se volteó el PAF.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia explicaron este jueves los alcances que tendría en las arcas locales el movimiento de recursos económicos ante una restricción de gastos previstos para el presente ejercicio, se debe a una solicitud hecha por el Poder Judicial para abonar a sus empleados un adicional de 500 pesos por única vez.

Desde luego, no es ninguna novedad que el resto de la Administración Pública tampoco tuvo este plus al voltearse la posibilidad de tratar el PAF por parte de la oposición, cuando terminaba el año pasado.

Tras una determinación basada en las facultades que le compete al ser un poder independiente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia, a fines de 2008 dictaminó una plusvalía salarial de $500 pesos para todos sus agentes.

La medida debió hacerse efectiva en el último mes del año pasado pero no pudo cristalizarse ante los avatares ocurridos por la caída del Programa de Asistencia Financiera (PAF) que no obtuvo homologación legislativa, lo que provocó a Corrientes la pérdida de 232 millones de pesos que "sí hubiesen estado libres de disponibilidad para hacer frente a extras en los haberes de los empleados públicos", señaló una fuente técnica del Ministerio de Hacienda.

Así las cosas, siendo que el Poder Ejecutivo tampoco pudo dar a sus agentes un plus de fin de año, mucho menor en monto que el dictaminado por el judicial, el STJ el pasado 9 de enero envió una nota a la cartera económica de la Provincia solicitando el envió de las partidas necesarias cuyo destino será el abono de los 500 pesos a sus empleados.

En ese sentido los equipos económicos del Ministerio aclararon esta mañana a la Dirección de Información Pública que "en ningún momento se pone de manifiesto la negación de la autonomía del Poder Judicial, pero la realidad financiera indica que para este año se debe contener el gasto".

La explicación se basa en la deuda flotante que le quedó a Corrientes tras no lograr la recepción de recursos justamente para atender ese pasivo de 2008.

El quid de la cuestión radica en que si Corrientes hubiese tenido los 232 millones de pesos pertenecientes a rembolsos del PAF, se podría haber atendido los extras salariales anunciados en su momento por el Ejecutivo y Judicial respectivamente, que fue en definitiva lo que todos esperaban pero fue boicoteado por el bloque opositor.

Hasta el propio ministro Sergio Tressenes y la subsecretaria de la cartera, Griselda Romero Delfino, aclararon a comienzos de este año que las áreas oficiales en algunos casos sentirían retracciones en sus presupuestos. Hecho que se origina en no poder haber hecho frente a la deuda flotante 2008.

Por su parte desde la Tesorería General de la provincia informaron que los fondos libres de disponibilidad suman un total de $79.351.999, ante la deuda flotante 2008 de $141.908.318, 49 que con el pago de la plusvalía al Poder Judicial sumaría un millón de pesos más.

El Sitraj judicializa reclamo salarial

No se desconoce que de los tres poderes del Estado, los empleadora que mejor cobran son los del Judicial. Es un hecho incontrastable que más de una vez fue puesto en el tapete del debate, pero el gremialismo rehuyó la cuestión.

Ahora, el Sitraj hizo directamente una denuncia contra el Ejecutivo para que libere esos fondos, como si se tratase de una retención caprichosa, cuando se sabe el perjuicio que ocasionó a las arcas estatales la no homologación del Programa de Asistencia Financiera (PAF), que impidió el ingreso de 232 millones de pesos que estaban presupuestados, es decir que fueron contados como ingresos en la proyección del ejercicio 2008, pero que a la postre terminaron siendo un bache.

Es de suponer que la dirigencia del Sitraj y la cabeza del Poder Judicial están al tanto de la situación que atraviesan las provincias, habida cuenta de las retenciones en las transferencias nacionales, por lo que resulta llamativo que justo en el momento en que el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Farizano, está al frente del órgano, se radique la denuncia.

Como si se quisiera, más que esperar una respuesta favorable al reclamo, causar un golpe de efecto en el momento en que está en discusión el verdadero motivo de la negativa opositora a avalar el PAF que primeramente habían aprobado en el presupuesto. Y es más, cuando existe la posibilidad cierta de que en febrero se vuelva a intentar abordar este tema y, con un consenso generalizado, se puedan recuperar esos fondos. Si esto se diera, la "urgencia" del Sitraj quedaría como lo que parece ser: un apriete. Porque la responsabilidad dirigencial ante la crisis también la tienen los gremios en este particular momento.

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