Una denuncia con muy poco sustento

Una denuncia con muy poco sustento

La sala I de la Cámara Federal ratificó un fallo de Casanello. Entendió que no hubo delito en los aportes partidarios realizados por los ex trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro. La denuncia la había presentado un fiscal cercano al PRO.

 

Inexistencia de delito”. Esa fue la conclusión a la que llegó la sala I de la Cámara Federal ante la denuncia de un fiscal de Mar del Plata armada en base a una nota del diario Clarín. El tribunal de segunda instancia ratificó así la decisión del juez Sebastian Casanello, quien había considerado que no había nada irregular en el aporte partidario que realizaban los trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro, la fuerza que conduce Martín Sabbatella. “Aportamos porque queremos, aportamos porque tenemos un compromiso con la fuerza política en la militamos y aportamos porque creemos en los partidos políticos y en la política”, aseguró tras conocerse el fallo el ex director de Asuntos Legales de la Afsca, Sergio Zurano, integrante de la mesa nacional de NE.

La causa judicial se inició a raíz de una nota de 2013 de Alejandro Alfie, titulada “Denuncian que Sabbatella hace caja en la AFSCA para su partido político”. A partir de esa publicación en el diario propiedad de Héctor Magnetto, donde no se identificó a ninguno de los presuntos “denunciantes”, el fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia en la Justicia local, que se declaró incompetente y giró el expediente al fuero federal porteño. Por sorteo, la investigación recayó en Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que hoy investiga el caso Báez. En junio de 2014, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), había declarado su cercanía con el impulsor de la denuncia contra Sabbatella: “Me interesaría muchísimo que Juan Manuel Pettigiani sea el candidato a intendente de Macri en el 2015 en Mar del Plata”, dijo el entonces armador político del macrismo.

A pedido de Marijuán se tomaron medidas de prueba para determinar si había algún incumplimiento a la ley de financiamiento de los partidos políticos y si los trabajadores del Afsca habían sido obligados a aportar el 8 por ciento de su sueldo a la agrupación. Se citó al azar al 10 por ciento de los empleados que realizaban los aportes, quienes ratificaron en declaración testimonial que habían consentido voluntariamente el descuento en sus recibos de sueldo. Los abogados defensores de Nuevo Encuentro remitieron a la justicia la Carta Orgánica de la agrupación donde se establecen este tipo de aportes, igual que en muchos partidos políticos, incluído el GEN, el ARI e incluso el PRO. De hecho, la Carta Orgánica del partido que lidera Macri dice en su artículo 38 que su patrimonio se compondrá, entre otras cosas, por “el aporte del 10 por ciento de las remuneraciones de quienes ocupen cargos rentados en el orden municipal, provincial o nacional, sean electivos o designaciones hechas a propuesta de las autoridades del partido”. El ex director de la Afsca por la oposición, Gerardo Millman, entonces integrante del GEN y devenido funcionario macrista, también realizaba un aporte en su recibo de sueldo, a pedido de Margarita Stolbizer.

Ante la apelación del fallo de Casanello, la Cámara entendió que era necesario tomar más medidas de prueba antes de descartar la denuncia. Se adjuntó entonces una nota ante escribano público de todos los empleados de la Afsca que aportaban a Nuevo Encuentro, en donde manifestaron: “No hay coacción alguna hacia nosotros porque estamos convencidos de la trascendencia de los partidos políticos para el sistema democrático de este país y, por consiguiente, de la necesidad de contribuir a su funcionamiento transparente.”

Además, al desestimar la denuncia, la Cámara remarcó que solo 135 empleados sobre 457 que tenía el Afsca realizaron los aportes. Según el voto del camarista Jorge Ballesteros esto ayudó a “fortalecer lo sostenido por los propios agentes en cuanto a la libertad que han tenido para elegir contribuir patrimonialmente al partido al que adherían”. Eduardo Freiler coincidió con el voto de Ballesteros, mientras que el tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, consideró que pese al escrito ante escribano debió haberse citado a declarar como testigos a todos los empleados.

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