Una denuncia penal puede terminar en juicio político contra Juan Elizondo

Es porque el municipio actúa como agente de retención de los impuestos Ingresos Brutos y Lote Hogar y demora el traspaso de fondos a la Dirección General de Rentas. El Tribunal de Cuentas ya se expidió. Si Elizondo es condenado penalmente, se le pediría la destitución por juicio político.
El concejal caucetero Hugo Bueno presentó una de-nuncia penal contra el in-tendente Juan Elizondo, por un presunto incumplimiento de su obligación co-mo agente de retención y haber demorado el pago a la Dirección General de Rentas.

El Tribunal de Cuentas, puesto al tanto de la situación, confirmó la existencia de la irregularidad y, además, dijo que ya le había advertido al intendente so-bre el tema.

“No cumple con las obligaciones del municipio como agente de retención, ya que, si bien efectúa las retenciones correspondientes a In-gresos Brutos y Lote Hogar de los pagos a terceros (los cuales deberían ser tributados a la DGR), omite tales depósitos, en franca violación a sus deberes como funcionario pú­blico, configurando presuntamente los delitos de malversación de fondos públicos”, dice la denuncia de Bueno, que se basa en los artículos 260 y 264 del Código Penal.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, sostiene que se está violando el Código Tributa-rio, ley 3908. Esa norma es-tablece que las retenciones deberán ser ingresadas el día 10 del mes inmediato posterior. El artículo 51 dice que “incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles a multas..., sin perjuicio de la responsabilidad penal”.

Para rematar el informe, el Tribunal de Cuentas afirma que “es indudable que el municipio de Caucete está infringiendo la ley provincial 3908 y disposiciones reglamentarias”.

La denuncia fue presentada a fines de noviembre pasado, pero dada a publicidad re-cientemente. Si la investigación fiscal avanza y se termina comprobando la responsabilidad de Elizon­do en esas irregularidades, además de la multa y la sanción penal correspondiente se pediría un juicio político contra el funcionario por las mismas causales.

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