DENUNCIA PENAL POR MANIPULACIÓN DE DATOS DE POBREZA

DENUNCIA PENAL POR MANIPULACIÓN DE DATOS DE POBREZA

El gobernador Gerardo Morales confirmó que en la órbita de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos se detectaron delitos en el procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, lo que ocasionó un serio perjuicio a la medición de la pobreza en Jujuy. Por este motivo, el Estado formuló la correspondiente denuncia en el fuero Penal y se procedió a separar a siete personas involucradas en esta flagrante vulneración a la ley.

 

 

En conferencia de prensa, de la que también participaron la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Ana Juárez Orieta; y los ministros de Hacienda, Carlos Sadir; y de Seguridad, Ekel Meyer; el mandatario precisó que a partir de verificaciones de la DIPEC, se detectó la falsificación de información. “Se cometió un delito”, sentenció y detalló que uno de los responsables es un coordinador de la Encuesta Permanente de Hogares que, a su vez, es delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En consecuencia, se adoptó la decisión de apartar a siete personas que se desempeñaban en la línea de procedimiento de la Encuesta Permanente de Hogares y se radicó la correspondiente demanda penal.

También se detectó otras áreas que incurrieron en la falsificación y tergiversación de datos, en una clara violación a las disposiciones legales vigentes. “ATE no puede defender esta situación”, consideró y aseguró que las personas apartadas “no serán reincorporadas hasta tanto se complete la investigación judicial”.

“La situación es muy grave y no la dejaremos pasar”, indicó Morales y pidió a la Justicia que “vaya a fondo” con la investigación.

Por otra parte, anticipó que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) está en conocimiento de estas irregularidades, por lo tanto para el lunes se prevé una inspección de dicho organismo.

Al analizar las consecuencias de la manipulación de datos, dijo que es una situación sumamente grave, puesto que debilita el rumbo de las políticas públicas. “No puede haber imprecisión alguna en los datos de pobreza, esta información tiene que ser absolutamente genuina”, aseveró.

A su turno, Juárez Orieta hizo saber que “el equipo completo apartado era familiar” y luego detalló que los delitos cometidos son: Adulteración de Documento Público, Falsificación de Documento Público, Violación de Sellos Oficiales, Violación de Secreto Estadístico, Asociación Ilícita, Vulneración de Bases Centrales que atenta contra el Estado y la Seguridad Nacional.

“Los sistemas de control fallaron, producto de la asociación de quienes tenían bajo su responsabilidad el ingreso, la supervisión, la consistencia y la codificación de datos”, subrayó.

La muestra en Jujuy abarca 880 hogares que se proyecta sobre 320 mil hogares y en primera instancia el Estado provincial denunció “toda un área completamente falsificada”, reveló la funcionaria.

Comentá la nota