El regreso a la actividad judicial luego de un mes de feria, deparó en su primera jornada una denuncia penal contra toda la cúpula del gobierno de Mauricio Macri por el dictado de decretos de necesidad y urgencia que modificaron –de hecho– leyes aprobadas por el Congreso. El abogado y constitucionalista Eduardo Barcesat hizo la presentación en la que acusó al Presidente y a los principales ministros del gobierno de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. El expediente recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo con intervención del fiscal Guillermo Marijuan. La denuncia hizo especial énfasis en el decreto que estableció la emergencia en seguridad pública que, para el especialista, introdujo la posibilidad del derribo de aeronaves por fuera del control judicial  lo que convalidaría la pena de muerte, algo vedado en la legislación penal.

Hasta ahora, los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo habían sido cuestionados desde fines de año en el fuero contencioso administrativo, donde a través de diversas causas –detalladas por Tiempo en su edición del domingo- habían sido tachados de inconstitucionales. La denuncia de Barcesat es la primera en poner el foco en que su dictado podría implicar consecuencias penales para Macri y sus principales ministros. La presentación pide que se investigue al Presidente, a la vicepresidenta, Gabriela Michetti; al jefe del Gabinete, Marcos Peña; y a los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; de Interior, Rogelio Frigerio; y de Seguridad, Patricia Bullrich. Sobre todos ellos, firmantes de los decretos, se pide que sean citados a indagatoria por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. También propuso iniciar un proceso de juicio político en el Parlamento y anunció que ampliaría la denuncia a otros decretos.

Barcesat –quien fuera integrante de la lista de conjueces propuesta por el kirchnerismo para la Cámara de Casación- sostuvo que el Poder Ejecutivo ejerció "un mecanismo autoritario" con los DNU que buscaron "una política de hechos consumados para cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación". El abogado afirmó que "nada impedía o inhabilitaba al Ejecutivo Nacional a convocar al Congreso a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley". Puntualmente, el constitucionalista subrayó que en su dictado existe una “clara violación del texto constitucional y de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, por cuanto el Ejecutivo no puede “en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y para el caso de modificaciones en materia penal, existe un inciso específico en el artículo 19 de la Constitución que limita las facultades presidenciales para modificar esos aspectos. “Basta con leer los supuestos penales a los que se aplican las disposiciones de la emergencia (NdeR: en seguridad pública decretada el 19 de enero). Para comprender la dimensión de la transgresión y quiebre de la prohibición constitucional", afirmó.

A lo largo de seis carillas, el denunciante hizo foco en el DNU 228/2016 que estableció la emergencia en seguridad por un año, liberando contrataciones directas entre otros aspectos polémicos, y afirmó que de su enunciado sobre las reglas de protección aeroespacial, que habilita el derribo de aviones “hostiles”, se “introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario". Por esto es que Barcesat afirmó que los denunciados deben ser procesados por estos delitos, luego de que presten declaración indagatoria. Lijo deberá ahora correr vista al fiscal para determinar si se impulsa la acción penal. «