La presentación se realizó el 28 de marzo, pero "desde hace 7 meses que lo venimos investigando", dijo el denunciante en diálogo con NOVA y explicó que todo empezó "a partir de las inquietudes de algunos vecinos que veían con preocupación los manejos con la obra pública".

En el escrito presentado ante el Juzgado Federal de Dolores, Jardón asegura que la empresa hormigonera Rotax, la principal contratista del estado municipal, es la estructura a través de la cual el jefe comunal y el titular del Concejo Deliberante montaron un circuito de transferencia de recursos del Estado.

"Las voces que se escuchan a diario que Rotax es propiedad de Juan Pablo de Jesús, utilizando a Calderón como socio o testaferro, no pueden ser contrariadas por este denunciante ante la abrumadora cantidad de indicios", dice la presentación, que también asegura que Calderón es amigo de la infancia de De Jesús, por lo que sería una especia de Lázaro Báez local.

El mecanismo empleado sería la triangulación entre el Estado, la empresa y la dirigencia política para obtener un beneficio producto de sobreprecios en las contrataciones de obra pública, por lo que vale recordar que, entre otras, Rotax tiene actualmente las obras de construcción del Hospital de calle 41 y ruta 11, el polideportivo de Santa Teresita, la remodelación de los hospitales de San Clemente y Mar de Ajó, y el hormigón del centro cultural de Mar de Ajó.

Pero además, la empresa de Calderón tiene a su cargo, según la denuncia, 9 de cada 10 obras privadas del partido que se realizarían "a pérdida" y a través de un sistema de captación de clientes de la que participan funcionarios municipales. Según relata Jardón, cada vez que un vecino llega a Obras Particulares para autorizar el plano, el encargado de tomarle el trámite lo consulta sobre qué empresa le va a hacer el hormigón, para inmediatamente sugerirle "tráigame un presupuesto, que una empresa amiga lo mejora".

De esta manera la empresa se garantiza el volumen suficiente de negocios privados para el "lavado" del dinero proveniente del sobreprecio en los contratos con el Estado y además "la colocación de los dineros sucios, hace necesaria la compra de bienes, la empresa descripta compró bienes muebles, por dineros que no puede justificar en su origen..." detalla la presentación judicial.

En el anexo documental que también entregó a la justicia, el edil radical incluyó declaraciones juradas e informes patrimoniales de la familia Daubagna, en las que se demuestra un patrimonio de más de un U$S 1.200.000 que el presidente del Concejo no podría justificar.

Por eso Jardón se mostró confiado en el avance de la causa y afirmó que en la calle recibe la solidaridad de los vecinos que lo saludan diciendo “qué bueno que te animaste a denunciar lo que nadie se animaba”.