La denuncia que kolmó la paciencia

Boudou fue imputado de “malversación, desobediencia e incumplimiento de deberes del funcionario”. Fue la presentación que disparó la decisión de limitar el poder de la FIA.
Boudou. El titular de la ANSES fue denunciado por el fiscal de investigaciones administrativas por el manejo discrecional de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La gota de agua: apenas dos semanas antes de que el procurador general de la Nación limitara el poder de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el fiscal Manuel Garrido había denunciado al funcionario del momento, Amado Boudou, el director de la ANSES que se convirtió en estrella del kirchnerismo con la estatización del sistema previsional. Garrido lo acusó de malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público. Después de cinco años de soportar las denuncias del fiscal, el vaso de la paciencia K rebasó. Ahora, si un juez de primera instancia desestima la denuncia, la FIA no podrá apelar y la investigación sobre Boudou se ahogará en el olvido.

La historia que terminó con la resolución de Esteban Righi que restringió el poder de la FIA para investigar hechos de corrupción comenzó con una cifra: 1.336.257.806 pesos. Se trata de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía enviarle a Córdoba para financiar la Caja de Jubilaciones provincial y que nunca depositó. O lo que es peor: se trata de una deuda del Estado nacional con ese distrito que la ANSES ocultó deliberadamente, según detectó la auditoría de la Defensoría del Pueblo de la Nación que dio origen a la denuncia de Garrido.

El caso. En abril de este año, el defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, inició un expediente para establecer el estado de las transferencias de la ANSES a la Caja de Jubilaciones cordobesa. Mondino solicitó la información, pero Boudou se la negó. En Córdoba afirmaban que les debían al menos 500 millones de pesos.

El 5 agosto, Mondino envió a un grupo de funcionarios al edificio de la ANSES para obtener la documentación. Nuevamente, Boudou denegó la información. La misma escena se repitió al día siguiente con un agregado: el director ejecutivo de la ANSES aseguró que la Nación no tenía ninguna deuda con Córdoba, a diferencia de lo que sostenía el gobernador Juan Carlos Schiaretti, por esos días enemigo declarado de la Casa Rosada.

El defensor del Pueblo pidió intervención judicial. El juez federal Norberto Oyarbide habló por Mondino y le ordenó a la ANSES abrir sus libros. En septiembre, y ya con los papeles en la mano, el equipo de la Defensoría del Pueblo llegó a una conclusión: entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2008, la Nación había acumulado una deuda de 2.013 millones de pesos con la provincia. Mondino, entonces, le recomendó a la ANSES que normalizara las transferencias utilizando los recursos que para ese fin estaban asignados en el Presupuesto 2008.

Boudou dijo que “ni”: pasó de hablar de la deuda inexistente a admitir que en realidad le debían a Córdoba 676.994.474 pesos. Pero faltaban 1.336.257.806 pesos que, habiendo sido asignados en el Presupuesto para ese fin, nunca llegaron a su destino. Las transferencias a la Caja de Jubilaciones estaban suspendidas desde septiembre de 2007 y, según la Defensoría del Pueblo, esa decisión “no respondía a fundamento alguno y era arbitraria”.

La reticencia de Boudou a brindar información de carácter público, su negativa a girar los fondos y la arbitrariedad para dictar medidas administrativas, motivaron la denuncia que Mondino presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El defensor del Pueblo pidió que se indagara al funcionario K por cuatro delitos: “Desobediencia por la férrea y reiterada negativa de la ANSES en responder”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no solicitar la remisión del dinero presupuestado; “malversaciones de caudales públicos”, por destinar el dinero reclamado a una finalidad no prevista en la ley, y violación de la Ley de Ética de Pública, por incumplir con su obligación de “mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información”.

El fiscal de Investigaciones Administrativas hizo suya la auditoría de Mondino y le dio curso a la denuncia. “Existirían elementos de conocimiento suficientes para suponer la posible comisión prima facie de delitos de acción pública”, afirmó Garrido. El expediente se abrió en el fuero Criminal y Correccional Federal el 22 de octubre, un día antes de que la Presidenta anunciara el fin de las AFJP. Hoy, Amado Boudou está cerca de heredar los más de 85 mil millones de pesos de ahorros que administra el sistema de capitalización. La denuncia no se lo impedirá. La reciente decisión del procurador general, Esteban Righi, de limitar las funciones de la FIA, restringió las posibilidades de Garrido para impulsar la causa. Ésa fue la última de las 46 denuncias penales contra funcionarios kirchneristas que presentó la FIA desde 2004 y que esta semana fueron condenadas al archivo.

El fiscal pidió la intervención del Congreso

El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, reclamó la intervención del Congreso de la Nación para evitar el recorte de atribuciones ante investigaciones sobre corrupción que le fijó la semana última el procurador general, Esteban Righi. Garrido afirmó que “es el Congreso el que tiene que evaluar si ésta es la forma adecuada de investigar y perseguir la corrupción”. El fiscal también opinó que la decisión de Righi “favorece a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal. Esto refuerza lo que la gente ve cotidianamente, es decir, que los ricos y los poderosos no responden jamás”.

El investigador que intervino en casos como el de las supuestas coimas de Skanska y la manipulación de datos por el INDEC dijo ayer a radio América que “las convenciones internacionales imponen a la Argentina tener órganos especializados, como la FIA, y dicen que esos órganos deben tener las competencias suficientes”.

Sobre las consecuencias que tendrá en la práctica la restricción que le impuso el jefe de fiscales Righi, Garrido analizó que “la FIA no va a poder intervenir en el 99% de los casos, en los que hasta ahora una gran parte de la jurisprudencia admitía que interviniera”. Garrido precisó que su fiscalía “no va a poder intervenir en los casos de corrupción que se inicien por denuncias que no sean propias de la FIA”. “Basta con que alguien sepa que la fiscalía lo está investigando. Entonces, para sacar del medio la posibilidad de que luego se lo acuse, va y se autodenuncia”, concluyó.

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