Los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana denunciaron penalmente este martes al presidente Mauricio Macri, al secretario de Energía Javier Iguacel y a otros funcionarios del área por la decisión del gobierno de vender las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán a precios sensiblemente inferiores a los que requirió su construcción.

 

La venta de estas dos centrales ya había sido objetada por parte del radicalismo a la antigua Enarsa (hoy Ieasa) y al ex ministro Juan José Aranguren por no estar de acuerdo con su privatización junto con la de la transportadora Transener. Producto de estos enfrentamientos y de la necesidad de evaluar el precio, que al mes de junio todavía no contaban con la tasación de la Agencia de Bienes del Estado (ABE), la licitación se había visto postergada. Y aun así, en otras dos ocasiones fue imposible avanzar en su licitación tal y como estaba planeada para los meses de septiembre y posteriormente octubre.

La UCR calificó de ideológica e irracional la venta de Transener

 

Sin embargo, al momento de la salida de los pliegos a la venta por 20 mil dólares y 10 mil dólares más IVA respectivamente, se estimaba que el valor de mercado de las compañías era de 400 millones de dólares por Ensenada  Barragán y 200 millones de dólares por Brigadier López. Aunque estos precios no incorporaban ni una valuación del flujo futuro de ingresos ni el impacto de las nuevas tasas de interés.

 

Fuentes del sector confiaron a LPO que el Gobierno les había asegurado que en diciembre la licitación de estas dos centrales estaría concluida. Sin embargo, la cautelar que pidieron los cuatro diputados haría imposible avanzar en la venta de estos activos de Ieasa, la ex Enarsa.

 

Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.

 

En este sentido, la denuncia apunta a los funcionarios de la actual Secretaría de Energía, al mismo presidente, a integrantes de la ex Enarsa y al mismo presidente por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho pasivo, tráfico de influencias, cohecho activo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

Es que, para estos legisladores, las características de las irregularidades acontecidas durante el proceso de venta indican que el objetivo final es entregarles el negocio de las centrales a amigos del presidente Macri. El llamado original limitaba los oferentes a operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero posteriormente -denuncian Tailhade, Soria, Vallejos y Grana- Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGS Luis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que este año compró la histórica constructora del mejor amigo del presidente, Nicolás Caputo).

 

La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.

 

En el sector, sin embargo, se debaten por otras cuestiones respecto de la licitación y es que, en este momento, las centrales termoeléctricas enfrentan contratos para la adquisición del gas algunas al precio de importación de Bolivia y otras al precio de Vaca Muerta, actualmente más barato, incluso cuando el combustible provenga del mismo gasoducto.

 

 

 

En este sentido, advierten que convenientemente han sido las empresas vinculadas a Nicolás Caputo y a Marcelo Mindlin las que hoy operan con los precios más bajos y hay un esquema de precios que favorecen a los empresarios con más vínculos con Cambiemos.