La Justicia federal de Córdoba investiga una denuncia realizada hace una semana por el legislador provincial Ricardo Fonseca (Frente Cívico), que involucra al gobernador José Manuel de la Sota y a su antecesor, Juan Schiaretti, en una presunta millonaria maniobra delictiva. A través de esta se habría estafado a los estados provincial y nacional.

Según la presentación judicial, que incluye una compleja explicación de maniobras supuestamente realizadas con créditos incobrables y en mora, la maniobra podría haber perjudicado a la Provincia en una cifra extraordinaria, cercana a 2.400 millones de pesos.

Créditos difíciles

En esas acciones –siempre según la denuncia del legislador opositor–, habrían participado altos funcionarios del Gobierno cordobés y empresarios vinculados a la cobranza de créditos e impuestos provinciales que habrían actuado como testaferros de funcionarios y de otros empresarios.

La denuncia incluye la explicación de una complicada ingeniería financiera que comenzó a instrumentarse en las primeras gobernaciones de De la Sota (1999-2007), pasando por la gestión de Juan Schiaretti (2007- 2011) y llegando hasta la actual administración delasotista, bajo la responsabilidad de un mismo grupo de funcionarios y gerentes de empresas.

Las instituciones involucradas en la maniobra son el Banco de Córdoba y la sociedad Córdoba Bursátil SA (integrada por el Banco de Córdoba y la Provincia). 

Ambas transfirieron hace 15 años al fideicomiso financiero del Banco de Córdoba las deudas incobrables del Banco de Córdoba y del Banco Social, heredadas del gobierno de Eduardo Angeloz. 

Luego pactaron la emisión de títulos de deuda por 295 millones de pesos, que habría sido el monto al que ascendían los créditos por recuperar.

Fonseca dice que el monto real era cercano a los 810 millones de pesos y que luego se incorporaron otros créditos morosos que no correspondían.

Todos habrían caído en manos de las empresas gestoras de cobros que, pese a tener diferentes denominaciones, responderían todas a Horacio Miró, extitular de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.

Gestores

La denuncia afirma que el Banco de Córdoba debió pagar millonarios honorarios a abogados, que en realidad debían ser pagados por los gestores de cobros. 

Señala que el banco quedó expuesto a juicios millonarios, que Córdoba Bursátil viene falseando sus actas de asambleas y que la Provincia terminó usando fondos de la coparticipación federal para pagar bonos de deuda. 

Todo esto, dice Fonseca, con el consentimiento de los gobernadores, el ministro de Finanzas Ángel Elettore y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. 

Según la presentación del legislador, representado por el abogado Fabián Moscovich, la maniobra incluiría la comisión de una docena de delitos, entre los cuales estarían los de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Las empresas mencionadas en la denuncia del legislador juecistas son Kolektor (encargada del cobro de deudas de Rentas y de la Policía Caminera), Tecsa, Cobrex Argentina, Sairt, SP Consultores, Servicios y Consultorías SA, Relevamientos Catastrales SA, LG & Asociados-Abogados Longo y Gutiérrez, SSC Consultoría y Sistemas SA, Control y Gestión SA, SAC Sistemas Administraciones y Consultorías SA, Sistemas y Gestiones Integrales SA, Traca Sociedad de Bolsa SA.

El fiscal federal interviniente es Enrique Senestrari, ante quien el legislador Fonseca también presentó las gestiones que viene realizando hace meses a nivel legislativo, administrativo y judicial para que Elettore, el fiscal Córdoba y Córdoba Bursátil le den información sobre estos temas que, asegura, deberían ser de orden público.