DENUNCIA CONTRA EL EX JUEZ FEDERICO YOUNG Recicla represores como funcionarios

El titular de la Agencia de Control Comunal porteña nombró a un militar retirado que estuvo preso por delitos de lesa humanidad.
El titular de la Agencia de Control Comunal porteña y ex juez de la dictadura, Federico Young, contrató a un militar retirado que estuvo detenido por delitos de lesa humanidad. Se trata del teniente coronel Enrique Jordana Testoni, ex director de la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en la que funcionó un centro clandestino de detención bajo la órbita Leopoldo Fortunato Galtieri. Al armar su equipo de inspectores, el funcionario macrista y amigo de Cecilia Pando convocó a un total de catorce ex miembros del Ejército y de la Gendarmería “ya que el único requisito es la falta de antecedentes policiales y eso lo cumplen todos”. Los organismos de derechos humanos analizan si el resto de los contratados tienen vinculación con denuncias durante los años de terrorismo de Estado.

Aunque tenía previsto defender el millonario presupuesto 2009 para su organismo, el 18 de noviembre pasado Young terminó buscando explicaciones para una contratación que generó la reacción de algunos legisladores. Ese día se supo que entre los contratados de la Agencia había oficiales retirados de avanzada edad que durante la última dictadura rozaban los 40 años.

Revolviendo en legajos y expedientes por violación a los derechos humanos, el legislador del Frente para la Victoria Juan Cabandié comprobó que al menos uno de esos nombres estaba relacionado con el secuestro, la tortura y la desaparición.

Además de flamante trabajador del gobierno porteño, Enrique Jordana Testoni es el nombre que lleva la carátula del expediente que investiga la violación a los derechos humanos cometidos en el centro clandestino rosarino conocido como Fábrica Militar y que era visitado por el propio Galtieri, entonces a cargo del Segundo Cuerpo de Ejército. Las denuncias ante la Conadep detallan que en el lugar había una cocina, una habitación de tortura y una vieja caballeriza adonde eran alojados los detenidos, vendados y hacinados.

Cuando en 2003 se abrió la causa, Jordana Testoni estaba en la lista de los denunciados. A tal punto que el 18 de mayo de 2004 el juez federal Omar Digerónimo ordenó su indagatoria y detención. El militar, que está a punto de cumplir 75 años, estuvo preso en su domicilio dos meses, hasta que el magistrado le dictó falta de mérito argumentado que “ningún detenido en el lugar lo vio dentro del centro clandestino”, ubicado en los fondos de la unidad que Testoni dirigía.

“Es ridículo que exijan que un represor haya sido visto cuando por la forma clandestina propia de la detención eso es prácticamente imposible”, indicó Ana Oberlin, abogada querellante en la causa que lleva como carátula el nombre del ahora controlador porteño. Para Cabandié, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y nació en la ESMA durante el cautiverio de su mamá, “el macrismo está buscando crear en la ciudad una suerte de búnker para represores. Young sigue reclutando amigos ex militares con un pasado oscuro. Este tipo de acciones van a contramano de la democracia y el respeto de las instituciones”.

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