Una ONG denuncia que las cámaras de seguridad violan la Constitución.

En Bahía Blanca se colocarán en los próximos meses. Las ubican en lugares públicos altos y registran el movimiento de millares de vecinos. La ONG Aire Libre cuestiona su efectividad y denuncia que es una violación constitucional. no disuaden, no previenen y sirven muy poco como elemento de prueba para una investigación.
"Los vecinos se quejaban de que los perros rompían las bolsas de basura. Desde que pusimos las cámaras de seguridad, en esa cuadra ya nadie rompe las bolsas. Una de dos: o los que desparramaban la basura no eran los perros o los perros se enteraron de que los estamos filmando".

Con esta anécdota, el licenciado Juan Rivademar, funcionario experto en informática de La Plata, da una pincelada sobre "cómo puede cambiar la vida" en un barrio donde se instala una de las cámaras de vigilancia que integran el programa Monitoreo Público Urbano.

El Gobierno nacional anunció hace tres meses que destinará a varias municipalidades el dinero para adquirir e instalar cámaras de seguridad. Los dispositivos de las cámaras están conectados a una central que recibe y graba la señal las 24 horas.

¿Quién vigila a los vigiladores?

Para Beatriz Busaniche, de la ONG Aire Libre, "el programa de instalación de cámaras de seguridad es una violación al hábeas data, a la ley de protección de las personas. En Estados Unidos y Europa, movimientos civiles marchan periódicamente para reclamar que no se registre a nadie en la vía pública.

La vigilancia callejera es muy peligrosa. ¿Quién vigila a los vigiladores? ¿Cómo se sabe si los registros de nuestras imágenes no son utilizadas con fines delictuales? A mí me asusta, porque en muchos de los crímenes más organizados siempre hay participación de agentes de las fuerzas de seguridad".

Otra arista, menciona el diario Hoy, que levanta polvareda es el costo de las cámaras. El valor unitario varía desde los 600 a 4.000 dólares.

"Para Aire Libre no hay que utilizarlas aunque sean gratuitas, pero en verdad, no hay datos estadísticos que convaliden su efectividad: no disuaden, no previenen y sirven muy poco como elemento de prueba para una investigación", opina Busaniche.

Y va por más: "Ese dinero habría que invertirlo en programas de inclusión social, para que los jóvenes marginados y víctimas de la droga puedan salir de ese círculo vicioso".

Desde el Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana, sostienen que "la clave es no publicitar cuántas cámaras hay en cada barrio y, por supuesto, mucho menos dónde están ubicadas. Y al respecto Busaniche sostiene que "las cámaras deben estar señalizadas, eso es una regulación legal.

Por lo tanto, si el marco legal establece que debe indicarse dónde están colocadas, la fundamentación de la disuasión parece no tener sentido".

Respecto a la sensación de seguridad de que el vecino sabe que está la cámara y se siente más seguro, para Beatriz Busaniche, es inconcebible. "Nuestra imagen es personalísima. Así revertimos la carga de la prueba: somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cuando nos graban, nos están diciendo ‘te filmamos por las dudas’. Nos tratan como si fuéramos todos delincuentes".

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