Una denuncia alteró la calma en el Concejo

Según Avignone, el gerente de la empresa que explotará Overa Pozo está involucrado en una causa por violación de derechos humanos. La tranquilidad en la que se desenvolvía el debate se quebró con el planteo del concejal. Sin embargo, se aprobó la concesión.
Durante la mañana, la sesión del Concejo Deliberante de la capital había transcurrido sin sobresaltos y en un clima distendido. Sin embargo, por la tarde, al reiniciarse las deliberaciones se produjo un hecho que dejó perplejos a varios concejales dentro del recinto. A las 15, cuando comenzó el debate sobre la gestión de los residuos, el concejal José Luis Avignone (UCR) advirtió que el empresario Mario Delfor Criado "está imputado" en una causa de la Justicia Federal por violación a los derechos humanos a fines de la década del 70.

Con una copia del expediente en la mano, Avignone sostuvo a que Criado, gerente de la firma Servicios y Construcciones La Banda, estaría imputado por la fiscalía federal N° 1, en el marco de la causa "Carloni de Campopiano, Adelaida Celina".

El edil explicó que la Justicia se expidió en base a un descargo ofrecido por Osvaldo "El Chaqueño" Pérez, que estuvo detenido en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, desde el 4 de mayo de 1976 hasta mayo de 1977. "El señor Criado tiene una imputación por violación a los derechos humanos. Puede quedar detenido. Entonces, hasta tanto se dilucide esto, actuemos con prudencia y volvamos este tema a comisión", afirmó.

Los dichos del concejal radical tomaron por sorpresa a varios. "Algunos ya lo sabían -dijo-; otros, no. Tampoco quiero sacar réditos políticos con esto, pero sería deshonesto de mi parte esperar a que se sancione la ordenanza y que se promulgue para recién decirlo", resaltó.

En ese momento, el recinto estaba casi vacío. Apenas ocho empleados presenciaban el debate de la sesión. El presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano (PJ), tomó la palabra desde su banca. "Tenía conocimiento. Avignone me hizo llegar esas copias hace una semana, pero ya estaban firmados todos los contratos", dijo en referencia a la cesión en favor de la empresa que dirige Criado (Servicios y Construcciones La Banda para la explotación del predio de Overa Pozo, en Monte Redondo).

"La persona que hace la imputación no lo define como genocida", agregó Cano sin poder ocultar su nerviosismo por una repentina tos. Luego habló el concejal Claudio Viña (FR). "Más allá de la gravedad del caso, a nosotros no nos importa si es 'Blancanieves' o lo que sea. Aquí hay un contrato que firmó el intendente, Domingo Amaya, y que está nulo, que es inválido", dijo.

Por su parte, el oficialista, José Franco (titular de la comisión de Hacienda), remarcó que el caso planteado por Avignone está en otro ámbito (en la Justicia Federal). "Los dichos del concejal no hacen al tema que se está tratando", insistió.

Javier Morof, por su parte, argumentó que no había razón jurídica para frenar el tema. "Ya dirá la Justicia si este hombre es culpable o no. Si a Delfor lo meten preso mañana, la empresa Servicios y Construcciones La Banda seguirá como figura jurídica", precisó.

Nuevo sistema

El opositor José Costanzo (Partido Autónomo), también giró el debate hacia la gestión de los residuos sólidos. "Aquí no hay un plan. No lo conocemos. Consiguieron un apto ambiental, pero nadie sabe cómo será el sistema de disposición final de los residuos", aseveró.

Raúl Pellegrini (Concertación Plural), admitió su desconcierto sobre el caso. "Ahora nos planteamos qué debemos hacer. Después de la represión, todos queremos venganza, pero si salimos a perseguir a los que nos persiguieron somos tan caníbales como ellos. Es una persona (por Criado) que nunca tuvo mi simpatía, pero prefiero defender la institucionalidad", resaltó.

De inmediato, Avignone pidió otra vez la palabra. "No me anima ningún espíritu de venganza, ni de canibalismo. Sólo advertí algo que puede tener derivaciones en el futuro", aclaró.

Durante esos 40 minutos de debate, el concejal oficialista, Esteban Dumit (vinculado al diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse), que habitualmente embandera la defensa de los derechos humanos; esta vez, prefirió no hablar.

Por último, Hugo Cabral (PJ), se limitó a remarcar que sí hay un plan de gestión de los residuos. Al final, se aprobó el aval al contrato con la firma de Criado por 14 votos contra tres. Christian Rodríguez (PJ) no estuvo al momento de la votación.

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