Demoras en la reglamentación de la Ley de Bosques

La ley de bosques, sancionada a fines de 2007, significó el principio del fin de un acelerado proceso de destrucción de nuestros bosques nativos por el que, según datos oficiales, la Argentina perdió en diez años más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos.
Entre otros puntos, la Ley estableció una moratoria a la entrega de nuevos permisos de desmontes, hasta tanto cada provincia realizara un ordenamiento territorial; un proceso que implica, en los hechos, establecer a través de un mapa qué áreas boscosas serán conservadas, en cuáles se permitirán actividades de aprovechamiento forestal y cuáles podrán ser sometidas a procesos de transformación del suelo, como los desmontes.

Además, la Ley determinó la creación de un fondo anual constituido por el tres por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja para incentivar las actividades productivas forestales sustentables.

Así, mientras las provincias avanzaron durante 2008 en la elaboración de sus ordenamientos territoriales, la Nación ha venido dilatando, de manera inexplicable, la reglamentación de la ley y los fondos de apoyo al sector forestal no fueron incluidos en el presupuesto 2009.

Un proyecto de reglamentación estuvo listo en junio pasado luego de recibir el visto bueno del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), un organismo consultivo integrado por las secretarías ambientales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en diciembre pasado, el Gobierno Nacional dispuso reabrir, sin lógica aparente, una discusión que parecía cerrada y pretende ahora volver a debatir, a través del COFEMA, la reglamentación de la Ley.

En este contexto, las señales son cada vez más preocupantes e indican que quienes no han podido dar una discusión pública en la que fundamentar la necesidad de seguir devastando nuestros últimos bosques nativos, intentan ahora, a través de una nueva reglamentación, vaciar de contenido la ley, morigerar los controles oficiales y convertir a los ordenamientos territoriales en una nueva licencia para matar extendida a favor de las topadoras.

Ante esta situación, Greenpeace y un gran número de organizaciones ambientales reclaman una urgente reglamentación que no altere el espíritu original y la asignación de los fondos previstos, como paso necesario para que las provincias completen sus ordenamientos territoriales, a través de procesos participativos transparentes y públicos que incluyan la voz de los pueblos originarios, las comunidades campesinas, las organizaciones ambientalistas, las instituciones técnicas y académicas, y los sectores productivos.

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