Se demora la transcripción y aún no rige el Digesto Jurídico

La Legislatura aprobó hace un mes la consolidación de las 700 normas provinciales. El oficialista Cúneo Vergés reconoció que durante el control de los textos surgieron errores que deben ser subsanados.
El martes 13 de octubre se terminó de sancionar el Digesto Jurídico de Tucumán, con la aprobación de las 700 leyes que quedaron vigentes en la provincia luego de la consolidación normativa. Un mes después, todavía no se envió al Poder Ejecutivo ninguna de las disposiciones ratificadas. La demora se justifica en que en la Legislatura se sigue controlando una por una las leyes para que no haya discordancias entre lo propuesto por la comisión especial del Digesto, que presidió el oficialista José Alberto Cúneo Vergés y lo dictaminado por las comisiones permanentes ordinarias de la Cámara (analizaron las normas por cada tema), y lo efectivamente aprobado en el recinto. Como algunos de los dictámenes no eran coincidentes, el trabajo de supervisión debe ser detallado para no cometer errores.

"Todavía no hemos comunicado el Digesto porque hay que revisar línea por línea para que no se vaya a obviar ni una coma. No hemos detectado problemas importantes o significativos, sino que puede haber cosas propias de la transcripción como cuestiones de tipeo, mayúsculas mal colocadas, reiteraciones y otros defectos no tan importantes. No hay algún problema en especial, sino que estamos siendo muy cuidadosos en respetar los dictámenes aprobados que no coincidían con nuestras sugerencias", explicó Cúneo Vergés.

El justicialista consideró que durante esta semana comenzarán a remitir al PE las normas para que se las promulgue y publique, o para que las vete (consideró que esta última opción no se concretará con ninguna ley). La comunicación será en paquetes y no norma por norma: el primer grupo está compuesto por unas 100 disposiciones, cuyos papeles tienen un alto de 10 centímetros. Cada hoja debe ser firmada por el secretario parlamentario, Juan Antonio Ruiz Olivares, y por el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Si bien el titular de la comisión especial aclaró que aún no saben cuántas leyes quedaron vigentes, trascendió que serían exactamente 700. La determinación dependerá de que concluya la tarea de ajustar los cambios y las supresiones propuestas con lo resuelto en el recinto. "Se están cumpliendo los plazos previstos. Luego de la promulgación y publicación en el Boletín Oficial, empezaremos a trabajar con la imprenta para la edición (una será protocolar, en tapa dura y de lujo, y otra será para la distribución masiva de los libros) y el volcado en la web de la información, en las páginas oficiales", agregó el legislador.

Disidencias

Más allá de la explicación por la demora, subsiste el malestar entre los miembros encargados del Digesto por el rechazo de algunas comisiones a sus propuestas de modificación, adecuación y consolidación de las leyes (textos dispersos que tratan sobre un mismo asunto). Como primó el criterio de cada cuerpo antes que el de la comisión especial, hubo muchas sugerencias que no fueron tenidas en cuenta.

En particular, buena parte del fastidio fue con Obras y Servicios Públicos, cuyo presidente, el peronista José Teri, resistió numerosos cambios. Por ello, sobrevivieron errores que se intentaban suprimir, como el uso de palabras inexistentes (subsiste "transportivas" en el artículo 6 de la Ley 3.126, pese a que no figura en el diccionario); la remisión a normas nacionales que ya han sido suprimidas, derogadas o modificadas; montos dinerarios o conceptos desactualizados (como en la ley de pensiones policiales) y el mantenimiento de normas cuya supresión no fue aceptada.

Buena parte de estas incoherencias se producen porque se aprobó la llamada consolidación textual de las normas, que obliga a transcribir en la ley original los artículos que la modificaron posteriormente, pero sin ninguna adecuación ni corrección linguística.

Armar el rompecabezas implica tiempo y paciencia. Con este último control, vuelven a la luz deficiencias y vacíos legales, que obligarán a la Cámara a sancionar una nueva ley modificatoria de lo vigente.

Detalles de lo aprobado

La licitacion pública sigue siendo la regla.- El principio general de la licitación pública para las contrataciones del Estado, con sus distintas formas de concreción, fue ratificado en el Digesto Jurídico. Sólo hay siete excepciones a la licitación y siempre debe ser fundada su aplicación: cuando el monto no supere los $ 80.000; cuando sea determinante la capacidad artística, técnica o científica de un ejecutor; por razones de seguridad y secreto; por motivos de urgencia o en casos imprevistos; cuando haya fracasado la licitación llamada; en casos de que sean trabajos indispensables y en la compra de inmuebles en remate.

Para evitar juicios.- Hace un mes, la Legislatura mantuvo la vigencia de la Ley 6.445, de marzo de 1993, mediante la cual se aprobó la privatización de la ex Dipos y se creó el Ente Regulador del Servicio de Agua Potable y Cloacas. La ratificación de esta disposición y de las subsiguientes sobre el mismo tema (con la consolidación en un único texto de siete reformas posteriores), es para evitar que puedan impulsarse causas judiciales o que se utilice un cambio en la condición legal en la disputa existente con Aguas del Aconquija ante el Ciadi.

Vigente.- La norma original de nacimiento del Siprosa estuvo a punto de desaparecer en diciembre del año pasado, atravesada por las múltiples reformas sancionadas a su articulado. En el Digesto volvió a tomar aire, remozada, actualizada y con la consolidación en el texto madre de las 15 leyes y de los tres decretos del PE que la modificaron en sus casi 25 años de vida.

Criterio restrictivo.- Las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, y de Medio Ambiente fueron dos que aplicaron un criterio restrictivo a las modificaciones remitidas por la comisión del Digesto Jurídico. Sus posiciones se inclinaron por no validar distintos cambios o consolidaciones y mantener las leyes viejas, aunque actualizando la nomenclatura y denominación de los organismos públicos intervinientes.

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