La justicia de Nevadacomenzó a debatir ayer la posibilidad de difundir los datos que contiene sobre la llamada "ruta del dinero K", que permanece protegida bajo un paraguas de confidencialidad. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las partes, resolvió postergar una definición.

La única medida efectiva que adoptó fue permitir que el periodista Jorge Lanata, en aras del "interés público", tenga participación en el debate y en la decisión de dar a conocer la información que permanece protegida bajo un paraguas de confidencialidad.

El esquema por el que se tomará esa decisión no está del todo claro. Pero difícilmente ocurra antes del próximo 16 de enero, fecha que se fijó para la presentación de nuevos argumentos por escrito.

Fue el dato más notorio en una audiencia que había levantado enorme expectativa y que el juez Cam Ferenbach se encargó de recortar desde el comienzo. "No estamos hoy aquí para considerar los méritos de la causa ni tampoco para tomar decisiones", arrancó.

La frase fue una sorpresa para quienes hasta minutos antes de empezar esperaban una jornada decisiva sobre el futuro de esa documentación que todavía nadie ha visto, pero que los buitres afirman que incluye documentos que prueban, entre otras cosas, "transferencias de dinero" entre Panamá, Nevada y Seychelles. Están convencidos, además, de que ésa es la punta de un iceberg en el que, suponen, participaron dos empresarios allegados al poder kirchnerista: Lázaro Báez y Cristóbal López.

Por eso, intentan investigar a dos firmas de Nevada. Una de ellas, Val de Loire, a la que asocian con López. La otra es el estudio MF Nevada, que realizó el registro en Nevada de 123 firmas que atribuyen a Báez como parte de un supuesto esquema para ocultar y lavar dinero.

Sobre la hora de inicio, ambas empresas hicieron presentaciones de último momento para pedir que la audiencia transcurriera a puertas cerradas. "No queremos que esto se convierta en un circo" para periodistas, argumentó Kent Woods, el abogado de MF Nevada y de Patricia Amunategui, su única empleada y posible testigo clave del proceso.

Jayson Wiley, en nombre de Val de Loire, incorporó un argumento más político: si se permite que los periodistas sigan sacando conclusiones de todo esto, "se hará un daño a los Kirchner y a todos los que se opongan" a esa intención, dijo.

"Entiendo que eso no es algo que importe a esta Corte. Pero también se le hará daño a esta empresa, que es totalmente inocente, y eso sí es materia de este tribunal", añadió.

Los ánimos se habían recalentado más de lo que ya estaban porque, sobre la hora, NML Capital -el fondo del financista Paul Singer- quiso proyectar en la sala una presentación en Power Point. La sola idea puso de cabeza a las empresas, que la rechazaron en bloque y, de paso, pidieron que toda la discusión fuera cerrada.

Pero, lejos de los ánimos de disputa, el juez invitó a las partes a que deliberaran entre ellos y sobre las demandas cruzadas que existen para que se publique o no información.

La novedad es que, pese a la resistencia de las empresas, Lanata fue aceptado como parte para participar de la discusión y presentar argumentos.

El Centro para el Periodismo de Investigación de las Américas (CIJA, por su sigla en inglés), que lo acompañó en la presentación, quedó fuera de la mesa. "La presencia de los dos sería redundante y, por tanto, no es necesaria", explicó el juez.

La abogada de Lanata, Theres M. Haar, estaba más que satisfecha. El juez mostró simpatía hacia la presencia del periodismo. "Estoy más tranquilo así", dijo.

Una de las cosas que están en juego es la declaración de la testigo Amunategui. El fondo de Paul Singer logró que aportara datos -e incluso le compensó económicamente el "esfuerzo y las horas" que eso representaba- a cambio de asegurarle que lo que dijera quedaría "bajo orden de protección".

Esa información, que ocupa cerca de 60 carillas, podría tener datos definitorios sobre lo que se investiga. El abogado de Amunategui intentó hasta último momento que el aporte de su defendida quede en secreto.

"La señora Amunategui declaró convencida de que su testimonio quedaría protegido. Si esa información se libera, se hará un daño muy grande para que otros testigos confíen en la justicia" de este país, dijo. El CIJA y Lanata contrarrestaron en aras del "interés público". El juez, ayer, lejos de cerrarle la puerta, se mostró dispuesto a escuchar.

Quienes, hasta ahora, no han abierto la boca en todo esto han sido los abogados de la Argentina.

LA SENDA DE UN PROCESO COMPLEJO

La audiencia de ayer marcó el inicio de un largo trámite judicial

Qué se investiga

A partir la audiencia de ayer, la justicia de Nevada busca determinar si hubo transferencias ilegales de fondos que podrían haber beneficiado a los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. La investigación es impulsada por los fondos buitre, que buscan una manera de presionar al Gobierno para llegar a un acuerdo por la deuda

Las empresas bajo la lupa

Una de ellas es Val de Loire, a la que asocian con Cristóbal López. La otra es el estudio MF Nevada, que realizó el registro en ese estado norteamericano de 123 firmas que le atribuyen a Lázaro Báez

Qué pasó ayer

El juez Cam Ferenbach habilitó el inicio de la discusión sobre si se debía o no dar a difusión la información que aportó Carmen Amunategui, encargada de registrar en Nevada las firmas investigadas. Sin embargo, postergó la definición ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre las partes

La aceptación de Lanata

Quien sí se vio favorecido en sus planteos con la audiencia de ayer fue el periodista Jorge Lanata, quien logró ser autorizado como una de las partes que debatirán la difusión o no de la información contenida en la justicia de los Estados Unidos.