Demora judicial benefició a Juez con prescripción

La Justicia dictó la prescripción en un juicio en su contra por "defraudación calificada reiterada". El senador electo desplegó ayer toda su verborragia pese a que se trata de un discretísimo empate.

Luis Juez declaró ayer que fue reparado su buen nombre y honor al extinguirse una causa penal en su contra iniciada en 2002, pero en realidad lo que sucedió es que la Justicia dictó la prescripción en un juicio en su contra por "defraudación calificada reiterada".

Se trata de la demanda iniciada en 2002 por Walter Saieg, ex funcionario delasotista, al igual que Juez, que lo había denunciado en 2002 por ser vocal de Vialidad Provincial cobrando el adicional de "dedicación exclusiva", pese a ejercer su profesión de abogado.

La instrucción de la causa fue iniciada por el fiscal Gustavo Arocena, hoy jubilado, pero después el expediente fue deambulando por varios despachos judiciales, con estacionamientos prolongados en la Cámara de Acusación.

Por esta mora en elevar la causa a juicio -déficit judicial y méritos de la defensa que ejerció Carlos Hairabedian apelando a su variado arsenal de argucias legales- la investigación terminó prescribiendo al superar el plazo de seis años, el máximo de la pena que le pudiere haber correspondido.

La prescripción fue dictada ayer por el juez de Control del Juzgado 2, Gustavo Reinaldi.

Los hechos denunciados por Saieg ocurrieron durante el primer mandato de José Manuel de la Sota y la denuncia propiamente dicha es de 2002, cuando el fiscal Anticorrupción del gobernador se iba de la gestión con fuertes críticas y preparando la construcción del Partido Nuevo, que un año después lo depositaría en la Municipalidad de Córdoba.

En sus declaraciones de ayer a los medios, el senador electo desplegó toda su verborragia para presentar el fallo como un triunfo, pese a que se trata de un discretísimo empate, porque lo que hubiera sido un juicio oral y público para determinar fehacientemente su inocencia, nunca llegó. Por supuesto, los medios que lo requirieron dejaron pasar por alto que fue un simple sobreseimiento, que en términos políticos no despejan las dudas.

Más bien todo lo contrario. Al menos si se lee el dictamen de sobreseimiento del juez Reinaldi. En ese fallo queda en evidencia que siendo Juez vocal del Directorio de Vialidad Provincial percibió el adicional de $ 1.500 por dedicación exclusiva, declaración jurada mediante, pese a haber ejercido el noble y lucrativo ministerio de la defensa en por lo menos cinco casos, con clientes inculpados de "robos calificados reiterados" (tres juicios), "homicidio simple" (dos juicios).

Uno de estos patrocinios, inclusive, fue cuando ya ejercía el cargo de fiscal Anticorrupción de la Provincia, también bajo juramento con dedicación exclusiva y cobro de ese adicional, en ese caso de $ 2.000 (causa caratulada como "Cevallos Ariel Fernando y otros, robo reiterado calificado").

Al margen de la inoperancia de la Justicia, la conclusión del caso sirve adicionalmente para demostrar la inoperancia de las declaraciones juradas para prevenir o sancionar casos de corrupción en la función pública: ni aun con palmaria demostración de falsedad, la sanción no llega.

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